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En medio del conflicto y la violencia, la reconciliación se abre paso. Lo sabe el empresario caqueteño que tras sufrir un secuestro y quedar arruinado le tendió la mano a un exguerrillero. O la empresa multinacional que respondió a la destrucción de una planta de producción con centros que promueven convivencia y desarrollo regional.
Por eso la convocatoria para visibilizar experiencias de reconciliación, que hagan contrapeso a la destrucción y reconstruyan las vidas de las víctimas y sus comunidades, encontró respuesta en el Primer encuentro regional de Reconciliación Colombia.
Esta iniciativa de la sociedad civil para unir esfuerzos que permiten la reconciliación nacional reunió ayer en Medellín a líderes sociales, representantes de víctimas, sacerdotes, empresarios y otros actores sociales de Antioquia, Chocó, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.
Lo que parece imposible en un país desangrado por un conflicto de cinco décadas, que acaba de superar la cifra de seis millones de víctimas que reclaman reparación, ya está pasando en todas las regiones.
Esa es la lección de vida que comparte Cesar Augusto Montealegre, un próspero finquero que en 1999 fue secuestrado por el tercer frente de las Farc. En cautiverio los guerrilleros lo maltrataron y hasta lo obligaron a cavar una fosa que "sería mi tumba si no les daba 7 mil millones de pesos... me acusaban de ser aliado de los paramilitares". A pesar de la crueldad, César cuenta que los guerrilleros no eran indolentes, "pero decían que tenían que obedecer órdenes".
El secuestro duró ocho meses y lo perdió todo, pero empezó de nuevo y en 2005 ya tenía una finca donde criaba cerdos. Hasta allí llegó un exguerrillero que escondió su procedencia. Uno año después confesó que era cabecilla del frente que secuestró a César.
"Me asusté mucho... pensé en echarlo de la finca, pero había trabajado tanto y demostrado que podía darle esa oportunidad que lo dejé y ahora es el administrador y un socio con el que he progresado", recuerda el finquero.
Al pedir que no se estigmatice a los desmovilizados que buscan reintegrarse César insiste en que "nuestra sociedad necesita reconciliarse, que todos aportemos porque la paz que queremos comienza por nuestra casa".
Su historia, como la de la compañía Nestlé o la de antiguos cocaleros de Putumayo que decidieron cambiar a sembrados de caucho y pimienta para que sus hijos no heredaran el estigma de ilegales, evidencian que el proyecto de Reconciliación Colombia no comienza de cero (ver experiencias).
Tras el primero de cuatro encuentros regionales previstos, el consenso es que mediante alianzas entre la empresa privada, las organizaciones sociales y el Estado, el país puede mitigar los impactos del conflicto y ayudar al desarrollo de regiones condenadas a la pobreza, el atraso y la marginación.
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, desde su experiencia como víctima del conflicto y ahora como gobernante manifestó que tiene convicción de que el proceso de reconciliación que impulsa este proyecto "no debe depender de los resultados de la negociación entre las Farc y el Gobierno en La Habana" y que tiene que "trascender a todos los sectores sociales".
El aporte empresarial
Uno de los debates principales fue el papel de la empresa privada en ese reto de la búsqueda de la pacificación en el país.
La conclusión de dirigentes empresariales como David Bojanini, presidente del Grupo Sura, es que la empresa privada debe comprometerse más allá de su simple responsabilidad social.
En su convicción de que "la paz no se firma, sino que se construye", Bojanini defiende la idea de que la generación de riqueza debe ir de la mano de promover el desarrollo social".
Con él coincidieron asistentes al encuentro como Manuel Palacios, representante de víctimas del conflicto, quien advirtió que "las empresas no pueden continuar acumulando riquezas como ha pasado en Colombia, mientras abundan las necesidades y la pobreza a su alrededor y a pocas cuadras de sus plantas".
Para Luis Fernando Rico, presidente de Isagen, las empresas también pueden ayudar a facilitar la construcción de la infraestructura (vías, escuelas, hospitales) que requieren muchas regiones, en especial las más apartadas y conflictivas.
Por su parte, Manuel Andrés, presidente de la compañía multinacional Nestlé, destacó el aporte de la empresa privada que "facilita espacios y conocimiento para capacitar a las personas y promover la convivencia en esa regiones que han sido afectadas por el conflicto y la violencia".
Como ejemplo, recordó que en 2007 una planta procesadora de leche en El Doncello (Caquetá) fue destruida en un atentado de la guerrilla en retaliación por el no pago de extorsiones.
"La gente en esa zona vive de la leche y entonces vimos la necesidad de acercarnos a la comunidad y ayudar a evitar más violencia y por eso se crearon los Centros de Reconciliación y Paz en Caquetá y en Bugalagrande, que han beneficiados a 7 mil personas", explicó Andrés.
Al hablar de regiones como Caquetá, el presidente de Nestlé reconoce que la desigualdad es uno de los factores que debe resolver el país para superar condiciones que facilitan los conflictos sociales.
Regiones empoderadas
Líderes sociales y defensores de derechos humanos hicieron un llamado al sector empresarial para que no marginen de su actividad económica a las comunidades donde se asientan.
"Han llegado al Chocó y no contratan a las personas de la zona, y eso genera violencia e inequidad", dice Yolanda Perea, directora de la Fundación el Puerto de mi Tierra, que trabaja en Riosucio, Chocó.
Otra de las conclusiones fue la necesidad de que las regiones tengan voz y voto en las decisiones que comprometen su futuro y la solución de sus necesidades y conflictos, incluyendo el armado.
Así lo planeó Aristarco Mosquera, representante de consejos comunitarios de Chocó (Asocasam). "Nosotros no entendemos la reconciliación sólo desde el conflicto armado. Es un proceso que viene desde hace más de 160 años, cuando a los afrodescendientes nos dijeron que éramos libres", dijo. "Sin embargo, aún seguimos marginados y en la miseria".
Según otros líderes regionales y representantes de la iglesia, como Luis Carlos Hinojosa, de la Diócesis de Quibdó, también es necesario que el Estado se reconcilie con las comunidades por el abandono para que las poblaciones recuperen la confianza en el Estado y no sean presas fáciles de los grupos armados ilegales.