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En las zonas rurales del país es en donde se presenta el mayor atraso en materia de infraestructura física y social. Las brechas de desarrollo entre los sectores urbanos y rurales, aunque se han venido cerrando progresivamente, aún se mantienen en niveles altos en algunos indicadores.
Según la encuesta de calidad de vida, en 2010 las diferencias de acceso de los hogares del campo y la ciudad eran relativamente altas en servicios de gas natural, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono fijo. En materia de energía eléctrica, teléfono celular y salud, las diferencias son relativamente pequeñas. Respecto a la educación, las diferencias todavía se mantienen y ellas son mayores a medida que el nivel de formación aumenta.
Igualmente, la pobreza en Colombia es significativamente mayor en el campo que en las ciudades.
De esta forma, si en pos de alcanzar la prosperidad para todos los colombianos, como lo pretende el actual Gobierno, se busca mejorar las condiciones de vida y superar la situación de pobreza de sus habitantes, los esfuerzos de las políticas y los recursos públicos deberían dirigirse, prioritariamente, hacia el sector rural.
En consecuencia, el cierre de las brechas en las condiciones de vida, la generación masiva de empleo y la dinamización económica de las zonas rurales deberían ser el objetivo de las políticas gubernamentales.
Pero, según un reciente artículo de Antonio Hernández Gamarra, en el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso y por medio del cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, antes que favorecerse a las zonas rurales con el reparto y la asignación regional de los recursos de las regalías, se presenta un claro sesgo antirrural.
Según Hernández Gamarra, la magnitud de los recursos provenientes de las regalías que se espera recibir durante lo que resta de la presente década equivaldrá a un poco más del 1 por ciento del PIB total y representarán cerca del 40 por ciento de los recursos que los departamentos y los municipios actualmente dedican a la salud y la educación.
Con la modificación constitucional del Sistema General de Regalías se crearon varios fondos, entre los cuales se distribuirán los recursos provenientes de las mismas. Así, por ejemplo, a ciencia y tecnología se debe dirigir el 9,4 por ciento del valor total de las regalías, para el Fondo de Compensación Regional (FCR) el 22,6 por ciento y para el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) el 15 por ciento. Con el FCR se busca reducir las marcadas diferencias regionales y con el FDR se pretende apoyar el desarrollo de las entidades territoriales más pobres del país.
Según el objetivo de los dos últimos fondos, y dada la situación de las zonas rurales del país, la prioridad en la asignación de los recursos de las regalías debería estar en dichas zonas. Pero, según Hernández Gamarra, las fórmulas que se proponen para la asignación de los recursos de los Fondos FCR y FDR privilegian los altos niveles de población, la mayor densidad poblacional y los altos niveles de condiciones de vida. Las zonas rurales se caracterizan, precisamente, por lo contrario, esto es, por su bajo nivel de población, baja densidad poblacional y bajos niveles de condiciones de vida (NBI). De allí nace el sesgo antirrural de la propuesta gubernamental.
De esta forma, por ejemplo, Bogotá, al aplicar por recursos del FDR, saldría favorecida respecto a un departamento altamente agrícola y con un alto porcentaje de población rural, como Caquetá. La relación inversa que hay entre densidad poblacional y NBI explican este hecho.
Por lo tanto, si el Gobierno quiere ser consecuente con sus objetivos, deberá corregir las fórmulas de asignación de los recursos de las regalías.