Con el comienzo formal de la campaña del representante a la Cámara, Miguel Gómez, para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se reabrió el debate sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, que a pesar de tener más de 20 años, no han producido los efectos esperados.
La Constitución de 1991 contempla varios mecanismos que puede usar el ciudadano para controlar a sus gobernantes, incluyendo claro, el poder destituirlo del cargo para el que fue elegido, "por insatisfacción generalizada de la ciudadanía o por incumplimiento de programa de gobierno", como indicó el director de Gestión Electoral de la Registraduría, Jaime Hernando Suárez.
Precisamente "la insatisfacción", fue el argumento que argumentó Gómez para radicar ayer ante la Registraduría un memorial en el que pide al ente electoral, "admitir y tramitar lo ateniente a la autorización para la recolección de firmas que conduzcan a la revocatoria".
Lo que sigue para el representante Gómez es recoger cerca de 240.000 firmas en máximo seis meses para que la Registraduría realice una votación preguntándoles a los ciudadanos si Petro debe o no continuar en el cargo.
La historia ha mostrado que las revocatorias no prosperan en el país, o al menos no lo han hecho desde que se crearon en 1991. Según la Registraduría, de 37 convocatorias que han llegado a las urnas, desde 1996 hasta el año 2010, ninguna ha progresado.
Para el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, esto se debe a dos factores. Por un lado ha faltado publicidad a este tipo de mecanismos y por otro, "hay demasiados requisitos para que se llegue no solo a la revocatoria de mandato sino también a un plebiscito o un referendo".
Otra de las particularidades de la revocatoria es que solo aplica para alcaldes y gobernadores. ¿Por qué?, porque "así lo quisieron los constituyentes, no hay ninguna razón para restringirlo a solo esos dos cargos, se debería poder revocar todo funcionario elegido", agregó Hernández.
Algo similar está buscando el senador Camilo Romero, al recoger firmas para convocar a un referendo que modifique la Constitución y permita la posibilidad de revocatoria a congresistas, pues ellos y otros cargos, como presidente, concejales y diputados, están blindados contra este mecanismo.
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