El año pasado, el Grupo EPM se sometió, voluntariamente, a la evaluación de Transparencia por Colombia, entidad que hace un exhaustivo análisis de las prácticas y mecanismos de transparencia en el manejo de los procesos de la organización.
El puntaje obtenido fue de 95 sobre 100. Un resultado calificado por la entidad independiente como “sobresaliente” para una empresa de servicios públicos domiciliarios.
Este año, para el estudio RepTrack Pulse Colombia 2012, elaborado por Reputation Institute y Goodwill Comunicaciones, EPM es la empresa con mejor reputación del país entre las dedicadas a los servicios públicos.
Estos estudios ratifican lo que Antioquia y el país entero saben: que EPM tiene un buen nombre y reputación impecable, ganados tras décadas de excelencia en sus servicios.
Esta reputación se extiende a sus procesos de contratación que, a pesar de regirse por el derecho privado según la Ley 142 de 1994, han incorporado todo el nivel de exigencia propio de la contratación pública. Sometida, también, a todos los controles de las entidades oficiales.
Todo esto es bueno recordarlo ante versiones que vienen siendo propagadas, que intentan cuestionar a EPM.
Calumniad, calumniad, que algo queda, pareciera que es lo que quiere aplicarse hoy al caso de EPM en el proceso de licitación para las obras de Hidroituango. Y para ello, hay desde artillería jurídica, con tutelas de por medio, hasta denuncias amañadas y manipulación de información, con una “sospechosa” estrategia mediática desde Bogotá, activada contra EPM después de que se dieran a conocer los nombres de los proponentes escogidos para la licitación del megaproyecto.
Es cierto que las firmas participantes pueden acudir a los recursos que la ley les concede cuando no estén conformes con las decisiones adoptadas. De hecho, la Unión Temporal Aoco (conformada por Acciona, El Cóndor y Obras Subterráneas) ha ejercido tales acciones legales.
Lo que no cuadra es que habiendo tenido conocimiento de antemano de todas las condiciones contractuales, y habiendo manifestado su conformidad, luego las impugnen judicialmente, situación que ha dado lugar a poner en entredicho la transparencia del proceso.
También llama la atención que Acciona, del grupo Aoco, es la misma firma española que participó y se ganó la licitación abierta por EPM para la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello, cuyos pliegos de condiciones fueron idénticos a los exigidos para Hidroituango, según manifiesta EPM. ¿Por qué en ese momento fueron “transparentes”, y ahora no?
EPM puede acreditar en este caso que no ha modificado los pliegos de condiciones, mucho menos para favorecer a uno de los consorcios proponentes, como se ha filtrado maliciosamente a través de algunos medios de comunicación.
Es evidente que hay un interés en enrarecer el proceso, buscando incluso eco en el exterior. Y EPM deberá saber que si la presión por la vía judicial no prospera, arreciarán la presión política y, si es menester, pedirán intervención “regia”, como ya se ha visto en otros casos (recuérdense Metro de Medellín y Commsa).
Es entendible que los directivos de EPM no quieran entrar al trapo de los envites mediáticos, y prefieran reservar todos sus argumentos para la audiencia de adjudicación, a finales de mes. Pero el ruido negativo de esta estrategia, que sin duda hay montada, puede hacer más daño a la empresa.
Por eso, es hora de que la dirigencia antioqueña -la política, la empresarial, la cívica, la gremial- se haga oír en defensa de sus Empresas Públicas. La idoneidad, capacidad gerencial, transparencia y respetabilidad de EPM no resultarán menoscabadas con esta licitación. Estos valores son el resultado de más de 50 años de trabajo bien hecho. No sabemos si algunos de los que quieren hoy cuestionar a EPM pueden decir lo mismo.
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