Lo que tanto preocupaba al gobierno y al presidente Álvaro Uribe, está a punto de materializarse: el decreto madre que establece el estado de excepción, mediante Emergencia Social, podría ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Así se desprende de la ponencia radicada ayer por el magistrado Jorge Iván Palacio, cuyo texto plantea que existen "problemas de carácter estructural insalvables" en la declaratoria de Emergencia Social, a través del decreto 4975 del pasado 23 de diciembre.
Por eso, en cuanto se dio a conocer ayer el sentido de esta ponencia, el primer mandatario se apresuró a responder que "de manera diligente y respetuosa, el Gobierno hará llegar a ese alto tribunal todos los argumentos que condujeron a la declaratoria de esta figura".
Ante un auditorio de estudiantes universitarios en Bogotá, el Presidente Uribe afirmó que "no puedo ocultar nuestra profunda preocupación por el tema".
Según informó Colprensa , las violaciones al Artículo 215 de la Constitución Nacional hacen parte de los argumentos del magistrado Palacio. Las razones, consignadas en cerca de 390 páginas, le dan la razón a los contradictores de la propuesta gubernamental y fueron puestas a disposición de sus ocho compañeros del alto tribunal.
Con margen de maniobra
En la ponencia, sin embargo, se plantean alternativas que buscan resolver los problemas estructurales que fundamentaron la declaratoria de Emergencia por parte del Gobierno.
En uno de sus apartes, se abre la posibilidad de que el Congreso de la República adelante la reforma al sistema de seguridad social en salud. El criterio del magistrado ponente se suma a las opiniones de expertos consignadas en el expediente, según las cuales inyectarle dinero al sistema, tal como se encuentra en la actualidad, sería depositar recursos en un saco roto.
Pese a esto son varias las voces en la Corte que reclaman avalar parte de los decretos que con posterioridad al 4975 fueron expedidos, pues los juristas afirman que sí ayudan en algunos temas.
Esta intención, sin embargo, tiene en contra el hecho que una caída del decreto madre (el 4975), traerá como consecuencia obligada la caída de las demás normas.
Las discrepancias apuntan a que de dejar pasar dichas propuestas se afectaría el bolsillo de sectores sociales ya golpeados por la situación económica.
La última palabra la tiene la sala plena de la Corte Constitucional. No se descarta que se presenten cambios a la ponencia del magistrado Palacio y tampoco se pude sostener que la Emergencia Social ya esté sepultada, en tanto no se conozca las posturas de todos los magistrados .
De producirse una decisión negativa, los magistrados acogerían la petición que hizo el pasado 2 de marzo el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien les pidió que declaren inexequible el Decreto 4975.
Para el jefe del Ministerio Público, la crisis no es producto de hechos que sobrevengan de manera repentina e imprevista, además que el Gobierno puede utilizar vías ordinarias para proponer y construir las soluciones que el sistema de salud necesite.
Argumentos del Presidente
Entre tanto, el Presidente de la República insiste en que la Emergencia Social es "un tema de la salud de los colombianos, un tema que debe ponerse por encima de cualquier debate político. Por eso el Gobierno habla sobre él con todo el respeto y en todos los escenarios".
Uribe reiteró que el estado de excepción fue el mecanismo idóneo y oportuno para resolver la profunda desfinanciación del sistema de salud. "Se buscó proveer de nuevas fuentes de recursos al sistema, así como de mecanismos de agilidad que produzcan ahorros financieros para poder atender las necesidades en salud del pueblo colombiano", enfatizó.
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