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"La corrupción es inherente al ser humano", dice con cinismo, desde Miami, un contratista que parece llenar todas las credenciales para autoincluirse en tan numeroso grupo. Los hechos le darían la razón, en principio, si nos atenemos a las lamentables noticias del día a día, en lo que se refiere a la contratación administrativa en nuestro país. Ya hasta los encargados de fiscalizar la gestión pública -como se ha visto tristemente en Bogotá- son los encartados en bochornosos casos de delitos contra el patrimonio estatal.
Preguntada por este diario, la Contralora General de la República, con evidente pesadumbre, e incluso impotencia, confirmó que la corrupción en Colombia "es un fenómeno generalizado". "Ya no es la excepción", agregó, al hacer un repaso de la inabarcable actividad que compete a los organismos de control.
Colombia es uno de los países con mayor número de normas legales en materia de anticorrupción, y con presencia de numerosas entidades de control: procuradurías, fiscalías, contralorías, personerías, a más de las oficinas de control interno de cada una de las entidades del Estado, que no han podido contener el creciente desfalco al fisco, ni imponer parámetros de conducta sobre las que debe fundarse un servicio público decente.
La multiplicidad de leyes anticorrupción y de códigos disciplinarios no parecen disuadir a ningún funcionario venal, mientras que sí maniatan a los que buscan ejercer una labor competente y eficaz. Y las normas de contratación administrativa, como señala la Contralora, son caldo de cultivo de corruptelas varias, pues sus marañas procedimentales y sus imposibles concordancias con una actividad eficiente de la administración, llevan a que muchos contratistas idóneos técnica y éticamente, se marginen de los procesos de licitaciones públicas.
La corrupción ya no es encubierta, subterránea, sino desafiante, prácticamente a la vista de quienes no quieran taparse los ojos. Los "carruseles de contratación" son una manifestación más, y particularmente odiosa, de lo que ya parece una maña generalizada y sin ninguna región del país por manchar. En el caso de Antioquia, hay que esperar a que los organismos de control hagan su labor, ojalá a la mayor brevedad posible, y determinen si efectivamente existen los tales carruseles.
Pero mientras tanto, ya va siendo hora de que el Gobernador del Departamento haga una manifestación lo suficientemente contundente como para despejar tantas dudas e interrogantes que van surgiendo cada día con mayor insistencia. La ciudadanía demanda explicaciones y una claridad sin fisuras por parte del máximo responsable político y administrativo de Antioquia.
Nadie puede señalar sin pruebas, los rumores no son base de ninguna condena, el simple chisme no debe tener relevancia penal, pero cuando la sociedad comienza a sentirse asqueada por la sensación de corrupción, es tarea indelegable e inaplazable del liderazgo político poner las cosas en su sitio, informar bien, dejar la pasividad que puede tornarse en complacencia, y no escaparse por la vía fácil de atacar a quienes denuncian.
Nuestra concepción del ser humano nos impide acoger como cierto el temerario juicio del contratista que desde Miami intenta meternos a todos en su infectado saco. Creemos que aún quedan muchos justos, muchos honestos y muchos probos en nuestro país, aunque también muchos de los que deberían dar ejemplo de rectitud y dignidad, a veces nos hagan ir perdiendo la esperanza.