Este diario sostuvo que la penalización del consumo mínimo de drogas ilícitas no resuelve el problema de la producción, el tráfico y la adicción, dado que podría ser más efectiva una campaña educativa para crear una conciencia de rechazo, autocontrol y de salud pública. Sin embargo, hoy reconsideramos nuestra posición inicial ante la evidente realidad colombiana que demuestra un preocupante incremento del uso de estupefacientes, no obstante los esfuerzos preventivos realizados.
Sería miope e irresponsable que el país continuara apoyando la tesis del libre desarrollo de la personalidad, como un argumento para no procurar una reforma legal que prohíba el consumo de la dosis personal. La libertad es la facultad de hacer lo que debe hacerse y no lo que el individuo desee, ejecutando hechos que conduzcan a su degradación personal y social. Libertad no puede confundirse con libertinaje.
Recordemos que Colombia empezó cultivando marihuana en las zonas cercanas a Santa Marta, en lo que se llamó la bonanza marimbera. Corrían los años 70. Luego fue procesador de la hoja de coca que provenía especialmente de Perú y Bolivia, y exportaba ilegalmente cocaína. Posteriormente nuestro país se convirtió, ya no sólo en procesador y exportador de cocaína sino en cultivador de la hoja de coca. Fue entonces cuando se borraron las fronteras entre narcotraficantes, paramilitares y guerrillas. Ahora, para desgracia nuestra, Colombia es también consumidor en escala significativa de coca y otros estupefacientes.
El problema actual de salud pública es de tal magnitud que no debe ser desconocido por los legisladores, jueces y altos tribunales, quienes también pueden cambiar de criterio, máxime cuando los hechos les están demostrando que lo decidido ha producido el efecto contrario. La despenalización de la dosis mínima, en lugar de controlar el consumo ha extendido el uso de las sustancias ilícitas.
Lo anterior no son simples apreciaciones teóricas ni prejuicios de cuchos o de quienes siéndolo quieren mostrarse de avanzada sin medir las consecuencias. Son crudas y preocupantes verdades. Según el Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia, el equivalente a 1,8 millones de colombianos entre los 12 y 65 años ha consumido una droga ilícita alguna vez en su vida, y 540 mil personas lo hicieron durante el último mes del estudio, realizado en 2008, por el Gobierno Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la Embajada de Estados Unidos y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA.
Además, la actividad ilegal de los llamados jíbaros se da con total descaro cerca de las escuelas, colegios y universidades. La razón es que bajo el amparo de la venta, hasta ahora legal de la dosis personal, no son delincuentes. Con razón, el Presidente Álvaro Uribe ha dicho que la dosis mínima se ha convertido, en la práctica, en un cupo de venta libre de marihuana, cocaína y otras sustancias.
Es un contrasentido pedirle al resto del mundo que frene el consumo cuando en Colombia lo autorizamos, así sea en dosis mínima. Hoy consideramos un deber y una responsabilidad ser contundentes en el rechazo al consumo interno y en el apoyo a su penalización. Guardamos la esperanza de que por fin el mundo entero entienda que las drogas ilícitas son un problema global y no sólo de los colombianos.
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