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Parecen haberse comenzado a derramar las ansias represadas de paz negociada de diversas personas de la sociedad colombiana.
También soy partidario de una conclusión negociada de este crónico e inútil conflicto armado, pero eso no nos puede llevar a perder ni la perspectiva ni el realismo.
Este tema debe ligarse a la problemática de seguridad, de una parte; y de otra, a la viabilidad política.
El Estado tiene en estos momentos dos frentes prioritarios en lo relacionado con la seguridad, el derivado de la acción de las llamadas bacrim -son una mezcla de crimen organizado, actividades ligadas al narcotráfico y neo paramilitarismo- y la acción de las guerrillas.
En relación con el combate a las bacrim, no ha habido una estrategia precisa de parte del Estado, esto, asociado a las ambivalencias de su caracterización. Si no se define su naturaleza es difícil que se precise la estrategia adecuada para enfrentarlas.
Es verdad que son expresiones de crimen organizado y están articuladas a las actividades del narcotráfico -también lo estuvieron los grupos paramilitares en el pasado-, pero igualmente hay que destacar que estas bacrim se han afincado en zonas de anterior arraigo de los grupos paramilitares y cuentan con entronques sociales -no sólo de élites regionales- similares a los que tenían los paramilitares.
Probablemente la diferencia es que acuden más a mecanismos de presión e intimidación basados, de una parte, en la historia de terror de los grupos paramilitares, y a la capacidad de amenaza con pequeños grupos, pero también tienen apoyos sociales regionales que no se pueden desconocer y que tienen que ver con raíces sociales, culturales y económicas.
Por consiguiente, la estrategia de enfrentarlas no se agota en lo policial-militar, sino que debe haber acción del Estado en su conjunto -justicia, educación, salud, opciones productivas- y un muy fuerte trabajo cultural que los muestre como enemigos de la sociedad y el Estado y se abandone esa especie de convivencia del pasado de que como eran, en teoría por lo menos, grupos contrainsurgentes, entonces debían tratarse con cierta benevolencia.
En relación con los grupos guerrilleros está más clara su caracterización como actores del conflicto armado y que su actividad, en ocasiones acudiendo a claros métodos terroristas, es un factor relevante de inseguridad en varias regiones del país. La estrategia fundamental para combatirlos ha sido el ataque a 'objetivos de alto valor estratégico', que son básicamente sus jefes más destacados, combinando inteligencia y bombardeos de precisión y desplazarlos de las zonas en las cuales han pretendido hacer presencia por ausencia o debilidad del Estado. En la reunión del Consejo de Seguridad de esta semana en Florencia se acordó una "nueva estrategia que consiste en la redistribución de tropas en las zonas de alta presencia subversiva, el incremento de operaciones tácticas con grupos de soldados más pequeños, que facilitan la movilidad? y establecer nuevos blancos de cabecillas específicos?" Sigue faltando una capacidad de ganar y fortalecer el apoyo de las poblaciones locales, sin lo cual no se logra realmente aislar a estas organizaciones y para ello se requiere una relación distinta con la población de las regiones en conflicto y una acción integral del Estado con conducción civil mucho más allá de lo militar.
Para tratar de resolver esta problemática de seguridad asociada al conflicto armado es que se plantea la posibilidad, si las condiciones lo indicaran, de buscar una salida política que permitiera encontrar caminos de cierre político de la confrontación armada, pero como lo precisó el presidente Santos, "el Gobierno no tiene en este momento ningún indicio o manifestación que nos pueda a nosotros convencer de la buena voluntad de la contraparte en materia de llegar a un acuerdo de paz". Se necesitan hechos más que cartas para que haya viabilidad política.