Quizás la noticia quedó opacada por el homicidio del gobernador del Caquetá. Me temo que, sin embargo, no es ese el único motivo del silencio absurdo en que ha estado envuelto el abominable asesinato de Manuel Moya, de Graciano Blandón y de su hijo.
¿Los nombres no dicen nada? Eran fundadores de los Consejos Mayores de Curbaradó y de Jiguamiandó, dos poblaciones negras de la cuenca del río Atrato. Fueron torturados y asesinados el 17 de diciembre por las Farc.
¿Los motivos? Dos, al menos. Habían resaltado vínculos entre el grupo terrorista y la ONG Comisión de Justicia y Paz y acusado penalmente a su director. Y venían luchando para que a sus comunidades no les arrebataran tierras que han sido ancestralmente suyas. Desplazadas por la acción guerrillera, cuando intentan volver encuentran que la ONG está auspiciando que sus territorios sean entregados a otras familias, éstas mestizas e ideológicamente cercanas a las Farc. Para defenderse de los usurpadores, habían acudido a la Fiscalía y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Más allá de lo terrible de su muerte, es aquí, en los estándares dobles usados frente a los defensores de derechos humanos que no son de izquierda, donde quiero hacer énfasis.
Primero, porque es inaceptable que el nuevo fiscal del caso, Luis Alberto Reyes, haya liberado a varios de los milicianos de las Farc responsables del desplazamiento de esas comunidades, a pesar de las pruebas que obran en el expediente y en contravía de la decisión de enjuiciarlos tomada por el fiscal anterior. Moya y Blandón los habían acusado.
Segundo, porque a los dos líderes el Estado no les brindó la protección requerida, aunque sabía de su riesgo extraordinario. Está bien que a los miembros de ONG de izquierda y a los sindicalistas les den carros y sedes blindados y los llenen de guardaespaldas. ¿Pero por qué les niegan protección mínima a quienes, como Moya y Blandón, denuncian a las Farc y a sus cómplices? No son los únicos. Conozco otros casos, incluyendo líderes de las marchas nacionales contra los terroristas y el secuestro, a los que no se responde o se les niegan las medidas solicitadas. Algo falla de manera grave en el Ministerio del Interior y en la Policía.
Finalmente, la responsabilidad mayor cae sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una cruel ironía, el mismo día en que ejecutaban a Moya y Blandón, la Corte IDH les negaba las medidas de protección que llevaban meses solicitando. ¿Será la sangre de los dos líderes asesinados una carga en la conciencia de la Corte y de los miembros de la Comisión que redactaron el informe en virtud del cual se negaron sus derechos a quienes terminaron ofrendado sus vidas? No lo sé.
Pero no tengo duda de que los sistemas nacional e internacional de derechos humanos tienen un sesgo inocultable que favorece a las personas y ONG de izquierda y tienden a despreciar a quienes denuncian a los terroristas y a quienes defienden los derechos humanos desde una óptica ideológicamente neutral. ¡Una vergüenza!
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La República
