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Subasta para buscar oferente sigue firme

01 de mayo de 2010
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La posibilidad de echar marcha atrás en la subasta que entregará al mejor postor el megaproyecto energético más importante de Antioquia y del país, Hidroituango, no tiene chance alguno.

Pese a los cientos de pedidos para que el proceso se modifique y se busque otro camino que posibilite a Empresas Públicas de Medellín (EPM) financiar, construir y operar la obra, lo cierto es que todo marcha para que el 30 de julio la subasta sea realidad. Ojalá no hubiera subasta, para bien del proyecto", dijo una fuente, quien explicó que el proceso de elaboración de los prepliegos, con aspectos jurídicos y técnicos, ha sido lento y engorroso.

Pero, desde hace más de un año un grupo de profesionales de la Gerencia de Estructuración Financiera de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango trabaja en el tema. "Estamos cumpliendo el mandato de la Junta Directiva que decidió de forma unánime irse a la subasta", explica Juan Gonzalo Álvarez, gerente de esa dependencia.

¿Cómo será el proceso?
A la preclasificación de las siete firmas que irán al proceso de subasta (ver gráfico) se suman ahora detalles conocidos por EL COLOMBIANO sobre los elementos clave para la definición:

La prima o pago anticipado, y la remuneración variable que pongan sobre la mesa los oferentes, será fundamental. La primera establecería el pago inmediato de un valor como retribución a los socios de la hidroeléctrica. Lo mínimo que se pediría de entrada a los oferentes serían los casi 300.000 millones de pesos de capitalización hecha efectiva hasta el momento. Pero el monto podría ser mayor por lo que muchos analistas insisten en que esta es la razón del afán para hacer la subasta por parte del socio mayoritario, el Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea) con el fin de obtener recursos inmediatos que le devuelvan la liquidez.

La otra vía, la remuneración variable, sería un porcentaje que pedirían los socios al ganador por los ingresos de la hidroeléctrica cuando inicie operaciones, es decir en el 2018, con una capacidad de 2.400 megavatios. Se estima que los ingresos anuales serían de 600 millones a 800 millones de dólares por unos 30 años, que duraría la concesión. De ahí, la central pasará a manos de los socios (Departamento y EPM).

Cuando sea el momento de la subasta, los estructuradores presentarán en un sobre cerrado su pedido sobre una de las dos alternativas. La otra sería conocida por los oferentes antes del proceso para que estructuren sus propuestas.

"No nos pueden decir que se va a entregar por una miseria. El esquema permite que no tengamos que poner un peso por un proyecto que nos generará muchos recursos", concluye.

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