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Los únicos derechos ciudadanos que son objeto de polémica en China no son los que tienen que ver con la propiedad privada y con la libertad de pensamiento y de expresión. Toda una controversia se ha puesto en el tapete en los días pasados como corolario de una sentencia judicial que castigó con prisión por tres años y medio a un profesor de informática, Ma Yaohai, por haber incurrido en el delito de intercambio de pareja y sexo grupal. Los defensores del académico de 53 años se han centrado en argumentar que la vida sexual de su cliente no es asunto público ni está sometido a ley alguna en la medida en que su comportamiento no cause disturbios sociales.
Y es que la realidad es que en China los clubes de "swingers" proliferan y el intercambio de parejas es practicado por cientos de miles de ciudadanos bajo la mirada, hasta ahora indiferente, de las autoridades. El arresto de Ma ha sido objeto de severas críticas y debates, principalmente a través de los medios digitales, toda vez que quienes son adeptos a esa forma de interrelación de carácter sexual estiman que el estado totalitario está yendo demasiado lejos en su empeño de controlar la vida de los ciudadanos en temas tan íntimos como sus preferencias y prácticas sexuales y maritales.
El caso de Ma fue el epicentro de la controversia pero el profesor no es sino uno en un grupo de 21 swingers que en este momento están siendo procesados y que pudieran salir perjudicados con hasta 5 años de encarcelamiento por la aplicación de una ley criminal. Ma se convirtió en un caso emblemático por ser el único de todos los acusados que no se declaró culpable en el desarrollo del juicio.
La Ley 301, aplicada en este caso, es una reminiscencia de la China ancestral en la que el Estado todopoderoso tenía la vocación de controlar cada resquicio de la vida de los administrados, incluyendo temas vinculados con principios, con ética y con moralidad sexual que son componentes de la responsabilidad de cada ser humano en su relación consigo mismo, no con sus semejantes. La Academia China de Ciencias Sociales ha tomado posición en el asunto por considerar que los derechos y las libertades sexuales de los chinos deben ser respetados al igual que otros derechos y sus investigadores se han propuesto conseguir la abolición de la cuestionada normativa. Los practicantes de este género de liberalidades sexuales tienen en la memoria que en 1980 fue ejecutado un directivo de un club de intercambio de parejas por aplicación de una ley similar a la 301 que igualmente castigaba el "libertinaje grupal".
Las encuestas que han sido publicadas en los sitios web que abordan el tema se han encargado de investigar lo que la ciudadanía anónima percibe de esta manera de actuar de la justicia estatal. Lo que las mediciones de opinión señalan es que la población, en su inmensa mayoría, reprueba estos procesos legales que persiguen y penalizan el sexo grupal.
Ni pacata ni libertina, la sociedad china no está presa de los principios abrazados por las religiones occidentales ni por otras atávicas costumbres practicadas en el mundo islámico. Esta es una camisa de fuerza que no está dispuesta a tolerar. El Estado debe quedarse por fuera de las alcobas.