La firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países se mantiene como una estrategia necesaria para acelerar el crecimiento y el desarrollo del país.
Precisamente, el Ejecutivo de Corea del Sur acaba de aprobar el Tratado con Colombia. Sólo queda que los parlamentos de ambos países den su visto bueno. De ser así, el TLC entrará en vigencia, a más tardar, a principios del segundo semestre de 2013.
En este sentido, los planes del Gobierno son que en este año se implementen otros cinco acuerdos con: la Unión Europea, Costa Rica, Israel, Panamá y Turquía.
Igualmente, en el marco de la Alianza del Pacífico, en la que, además de Colombia, participan Chile, Perú y México, se espera que en el próximo mes se logre un nivel de liberalización del 90 por ciento.
Todo esto confirma la creciente apertura de la economía colombiana a las corrientes del comercio, la inversión y la tecnología.
Este entorno obliga a que el aparato productivo ajuste, a marcha forzada, su capacidad competitiva, tanto para enfrentar la competencia en el mercado interno, como para aprovechar las nuevas oportunidades que se abren en diversos mercados externos.
Por su parte, las políticas públicas deben concentrarse en asegurar la competitividad general y, en especial, la de las empresas y los productores.
Ello implica una sincronización fina entre la política comercial que impulsa la apertura de nuevos mercados en condiciones preferenciales y la política de competitividad del aparato productivo, la cual involucra asuntos como la estabilidad macroeconómica, las instituciones y el capital humano.
Además, el Gobierno debe estar muy activo en la implementación de las políticas sectoriales que procuran el desarrollo de las diferentes actividades económicas, especialmente de las transables, que son sobre las que recae, con mayor fuerza, la tensión que generan los TLC.
El reciente informe de la OCDE sobre Colombia evidencia que uno de los principales problemas que enfrenta el país es su baja productividad. Para su mejoramiento, dicha organización establece áreas prioritarias de intervención gubernamental, como la infraestructura y la educación, amén de un adecuado ambiente microeconómico.
Por tanto, para el máximo aprovechamiento de los TLC, las políticas sectoriales, junto a la agenda de competitividad, deberían estar recibiendo la mayor prioridad del Gobierno.
Sin embargo, las cosas no pareciera que marcharan, de manera decidida y categórica, en esta dirección. Basta señalar que en estos días se han adoptado medidas arancelarias que hacen temer el regreso al proteccionismo selectivo. A raíz de ello, no son pocos los sectores que han solicitado que también se les beneficie con este tipo de medidas.
Aunque el Gobierno afirma que su intención no es retornar a un proteccionismo aparentemente superado, sus decisiones están lejos de asegurar unas políticas sectoriales activas y el desarrollo acelerado de la investigación y la innovación.
A pesar de los serios problemas que enfrentan algunos sectores, expresados estos en el conocido fenómeno de la desindustrialización y el bajo crecimiento de la agricultura, no se ponen en práctica las medidas que aseguren la capacidad competitiva de los mismos. Frente a esta problemática, una mejor tasa de cambio no basta. Se necesita de acciones más contundentes y coordinadas.
Preocupa, entonces, que el Gobierno esté dando mensajes contradictorios en materia comercial, al tiempo que no implemente políticas de competitividad que aseguren que el aparato productivo esté en capacidad de crecer aceleradamente gracias a las nuevas oportunidades que se abren con los TLC.
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