Con la posesión de la doctora Viviane Morales vuelve a su cauce, por lo menos en lo que se refiere a la titularidad de su investidura, la normalidad institucional en la Fiscalía, gravemente dañada por el incumplimiento de los deberes de la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal en su momento.
La nueva Fiscal, exsenadora samperista, formada en el campo del derecho público y no del penal, deberá aplicar sus esfuerzos en lograr que el sistema acusatorio establecido desde 2004, no fracase en medio de la impotencia de los fiscales, al parecer poco capacitados y con medios insuficientes para llevarlo del papel a la realidad procesal. Cuando se esperaba una mayor diligencia y rapidez en la etapa investigativa de los millones de procesos a su cargo, vemos una Fiscalía varada en la burocratización y en la acumulación de expedientes sin resolver.
Importantes juristas señalan que las falencias más grandes se presentan en las funciones de policía judicial que corresponden a la Fiscalía. Un sistema acusatorio sin unos cuerpos de investigación preparados, dotados de las mejores herramientas tecnológicas y de los equipos humanos idóneos, está condenado al naufragio, llevándose consigo la obligación esencial del Estado de impartir pronta y cumplida justicia, en un país donde la delincuencia abunda.
La capacitación y formación de los funcionarios de la Fiscalía, debe ser prioridad de la Fiscal. Un ente cuya nómina es una de las más grandes del Estado, cuyo presupuesto excede al de muchas entidades públicas, y que por su misma naturaleza requiere personal con una cualificación académica y jurídica especial, no puede estar sometido a los vacíos éticos y profesionales que actualmente se notan en su gestión, donde la diligencia en la instrucción de los procesos no brilla por su cumplimiento.
También afrontará la Fiscal entrante, procesos complejos de corrupción administrativa, sin precedentes por su cuantía y alcance, como los presuntos "carruseles" en la contratación de obras públicas y concesiones turbias, así como investigaciones donde sectores del poder político se mezclan con lo más protervo de la delincuencia a gran escala: guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, bandas emergentes, reinsertados sin destino, delincuencia común.
A estos, y a los delitos de los que día a día son víctimas los ciudadanos de a pie, hay que sumar los delitos ecológicos, poco atendidos por la Justicia, pero cuyas catastróficas consecuencias sufrimos ahora con mayor evidencia.
Obviamente, la Fiscal General no podrá realizar una gestión aceptable, si no se rodea del más capacitado equipo que pueda arrimar el hombro junto con ella en esta hercúlea labor. Sus eventuales vacíos en la especialidad jurídico-penal deberá equilibrarlos con un Vicefiscal, un Director de Investigaciones y unos fiscales delegados que sí reúnan el bagaje de conocimientos necesarios para cumplir con decoro y acierto las funciones asignadas por la ley.
Termina su labor, por su parte, el doctor Guillermo Mendoza Diago, funcionario de muchos años de la rama judicial, a quien le quedaron pendientes muchos de los expedientes más relevantes, y aún sin definir, en los cuales los colombianos hubiésemos esperado mayor celeridad y eficiencia. Ojalá la nueva etapa que se inicia no conserve la filosofía de que hay que tramitar los casos "para que los medios no nos cocinen", sino que impulsen las investigaciones en los plazos legales precisos, según el acervo probatorio recaudado y el buen juicio del funcionario, ceñido a las normas jurídicas.
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