La audiencia fallida del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de Acusaciones puede ser una noticia menor en la vorágine de cosas que suceden, o pudo ser el comienzo de un debate ruidoso y doloroso que partirá a Colombia en dos mitades.
Comencemos con mucha claridad. Contra el señor expresidente no existe ninguna condena, ningún proceso judicial, ninguna investigación formal y ninguna prueba "reina", contundente o abrumadoramente validada ante el llamado "tribunal de la opinión" (algo, digamos, como los "narcocasetes" de Samper). También es indudable que sus jueces son -y deben ser- en su orden, la Comisión de Acusaciones, que podría remitirlo a la Plenaria de la Cámara, la que a su vez podría acusarlo ante el Senado, quien puede sancionarlo y además remitirlo a la Corte Suprema para que lo procese por los cargos penales. Si se comprueba que en Colombia no operó la justicia, podría ser juzgado por una instancia internacional y en relación con delitos de suma gravedad.
Con igual claridad hay que decir que las "chuzadas" son solo una de las ¡242! acusaciones que se han presentado ante la Comisión, que son muchos los funcionarios, congresistas o allegados a Uribe ya condenados en procesos que pueden salpicarlo, y que a lo largo de los años han circulado evidencias más o menos creíbles sobre una amplia gama de actuaciones al parecer ilícitas en la vida del hoy expresidente.
Y me falta la claridad principal: es imposible saber la verdad sobre esos cargos. Solo Dios tendría la certeza de que el sindicado sea o no sea culpable de un delito; en el mundo real no hay pruebas "reina" sino indicios para ser evaluados por algún ser humano (un juez, un periodista, una lectora). Ante esta limitación irreductible, hemos creado las instancias judiciales y hemos convenido en que sus fallos sean lo que todos tendremos por verdad.
Ese invento por supuesto supone jueces imparciales y que a todos nos parezcan imparciales. Por eso, ya de entrada y en cualquier país del mundo, el juicio de un expresidente será siempre polémico y dudoso. De Clinton a Samper, de Fujimori a Berlusconi, estos procesos son inescapablemente políticos, politizados y polarizados. Pues el de Uribe también lo sería o lo será.
Cada caso es un caso, pero en el suyo además se añadirían al menos dos factores que agraven la tensión. Por un lado no hablamos de desfalcos comunes o de vicios privados, sino de abusos con intención política (la reelección, la lucha antisubversiva?) que por lo tanto aprueban o disculpan sectores influyentes del país. Por otra parte, y al contrario, algunos de los cargos eventuales implicarían violaciones graves del DIH y la protesta entonces necesaria de la opinión de acá y del exterior.
Y en la mitad, ni para qué decir, están la Comisión de Acusaciones y ciertos congresistas coloridos cuyos currículos, a juzgar por la prensa, no pasan de prontuarios. Su manejo de esta primera audiencia interrumpida fue de una torpeza angelical o de una astucia sibilina y suficiente para hacernos creer que ellos creían que de verdad estaban persiguiendo la verdad. En el caso remoto de pasar a Plenaria de la Cámara o el todavía más lejano de llegar al Senado, el show sería cada vez más sofisticado y las presiones subterráneas que sabemos se irían volviendo más y más titánicas.
Así pues las audiencias o el juicio ante el Congreso serían una farsa, un veredicto suyo no sería aceptado por medio país y el veredicto opuesto sería rechazado por el otro medio, las instituciones saldrían todavía más desprestigiadas, y quedaríamos aún más divididos sobre este tramo decisivo de la historia.
Muchos dirán entonces que es mejor ahorrarnos la farsa y darles a las audiencias un entierro de pobre. Pero con eso estaríamos renunciando nada más que a buscar la verdad, a intentar la justicia, a que un expresidente pueda limpiar su nombre, a que las víctimas presuntas tengan voz, y a imaginarnos un mañana distinto.
Todos con el silencio ganaríamos un poquito y todos con el silencio perderíamos demasiado.
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