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La restitución de bienes abandonados o despojados debe ser una parte primordial de la reparación a la población desplazada.
Esa es una de las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, que será presentada este martes ante la Corte Constitucional.
Lejos de la polémica que pueden generar las cifras sobre la cantidad de tierras que dejaron atrás los millones de desplazados, se dice que la restitución es "un derecho fundamental de las víctimas de desplazamiento forzado, cuya satisfacción resulta indispensable no sólo para que el Estado colombiano cumpla sus deberes internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, sino también para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (sic) que representa el fenómeno de desplazamiento masivo de personas en Colombia, y para garantizar la no repetición de este fenómeno en el futuro".
El documento, al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, sostiene que "a través de una política pública de restitución de bienes adecuadamente diseñada e implementada, sería posible recuperar los bienes obtenidos por los actores armados, narcotraficantes y sus cómplices (...) y, por esa vía, desmontar las estructuras económicas y políticas de poder que hicieron posible los abandonos y despojos y que, de permanecer inmodificadas, no garantizarían la no repetición del desplazamiento forzado".
La comisión asegura que "a través de una política de esa naturaleza sería posible garantizar una recomposición del mapa de la distribución de la tierra del país, en la medida en que los bienes recuperados podrían ser devueltos a las víctimas despojadas en condiciones de seguridad fáctica, jurídica y económica".
Por tal razón, la comisión solicitará que "la Corte Constitucional fije unos parámetros mínimos y exigibles al Gobierno Nacional en relación con el diseño y la implementación de una política pública de restitución de bienes".
Y esos parámetros, señala el documento, "deben buscar que dicha política pública se ajuste a los estándares internacionales y constitucionales en materia del derecho a la restitución, y propenda simultáneamente por el goce efectivo del derecho a la reparación integral de los desplazados (...) y por garantizar la no repetición del desplazamiento forzado de personas en el país".
Otras acciones
Mientras, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), hará una rueda de prensa en el Palacio de Justicia en Bogotá, para plantear preocupaciones en torno a la parapolítica.
Iván Cepeda, dirigente de Movice, indicó que se trata de que los afectados se puedan convertir en parte civil en los procesos que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los detalles, sobre la preocupación en torno a la parapolítica y la manera en que las víctimas buscarán convertirse en parte en los procesos, se darán a conocer hacia el mediodía de este martes, en el Palacio de Justicia.
En ese edificio del centro de Bogotá también se manifestarán algunos de los afectados por el conflicto armado y la parapolítica, para brindar su apoyo a la rama judicial.
La iniciativa, liderada por el Colectivo de Abogados y a la que se han sumado otras organizaciones de derechos humanos, pretende llevar una voz de aliento a los altos tribunales y en especial a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de llevar algunos casos de la parapolítica.