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El reclamo se repite en cada víctima que perdió un ser querido a manos de los grupos de autodefensas: al ritmo que avanza el proceso judicial en la ley de Justicia y Paz, muchos no verán verdad, justicia ni mucho menos reparación, pues el proceso tardaría décadas.
Cuatro años después de entrar en vigencia la ley 975 (Justicia y Paz), no hay fallos condenatorios contra los paramilitares, uno de los requisitos para acceder a la reparación por la vía judicial.
Pero lo que más preocupa a las víctimas y a los defensores de derechos humanos es que los problemas jurídicos y logísticos para avanzar en las versiones libres de los ex paramilitares postulados, incluidos los 18 jefes extraditados a Estados Unidos, impiden la confesión de crímenes.
A eso se suma la decisión de los magistrados de control de garantías de no permitir las reparaciones sin que se haga la imputación total de los delitos a cada uno de los procesados.
Por estas trabas jurídicas, Everlys Palomino teme fallecer antes de obtener la reparación integral que reclama por el asesinato y desaparición de su hijo.
"Los paramilitares lo asesinaron en El Bagre en 2004 por orden de 'Macaco' y tiraron su cuerpo al río. Yo tengo 78 años. Le pedimos a los magistrados y a las autoridades que busquen soluciones para destrabar los casos y que podamos ver algo de justicia y reparación", dijo.
Ella, junto a 76 víctimas más de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Metro de las Auc, a través de la Personería de Medellín y la Fundación Forjando Futuros, presentaron ante los tribunales de Justicia y Paz solicitudes para una audiencia de incidentes de reparación.
Algunas de las víctimas fueron desplazadas y viven en condiciones de pobreza. Otras, como Fabiola, quedaron a cargo de sus dos nietos, ambos menores de edad, tras el asesinato en la comuna 13 de su hija y su yerno.
El ex paramilitar conocido como alias "Plomo" confesó el asesinato en una versión libre.
"Ellos quedaron huérfanos, necesitan una casa, estudio y yo no puedo trabajar, estoy muy enferma", reclama la mujer, que no solo pide reparación económica, sino verdad, porque rechaza que alias "Plomo" dijera que la pareja era de las milicias guerrilleras.
El personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, indicó que apoyan la solicitud de este grupo de víctimas.
"La ley de Justicia y Paz, como justicia transicional, no puede cerrarse y ser sorda al clamor de verdad, justicia y reparación. Le pedimos a los magistrados estudiar la solicitud de estas víctimas para una audiencia de reparación".