Así funciona el negocio del Indugel que enreda a la Cuarta Brigada

El general Néstor Róbinso asumió la comandancia de la Cuarta Brigada en noviembre de 2013. FOTO JAIME PÉREZ

Solo las compañías mineras que cuentan con títulos en regla y cumplen con la totalidad de los requisitos que impone el Ejército pueden acceder al explosivo Indugel que comercializa la Industria Militar (Indumil).

Esos requisitos están sustentados en una ley y tres decretos que obligan a Indumil a solicitar, entre otros documentos, la licencia de explotación minera, soportes sobre la cantidad de explosivo requerida, protocolos de almacenamiento y libros de control y movimiento del material.

Otro de los requisitos es un permiso de movilización que, según consta en la descripción del trámite para la compra de explosivos y accesorios de voladura, es “expedido por las Unidades Militares de la jurisdicción del comprador”.

Esa autorización implica que las empresas mineras deben pagar el servicio de escolta y de transporte que presta el Ejército para la movilización del material explosivo, Indugel, hasta las zonas de explotación.

Ese, al parecer, es el punto que enreda a los generales Néstor Rogelio Robinson Vallejo y Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandantes de la Cuarta Brigada y de la Quinta División del Ejército respectivamente, por una supuesta desviación de los recursos que pagan las compañías mineras.

Los oficiales, según confirmó el Comando del Ejército en un comunicado, son investigados luego de varios hallazgos que hizo entre 2012 y 2014 el Grupo de Acción para la Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa.

Ese grupo llevó a cabo una inspección “con la finalidad de verificar el almacenamiento de explosivos, las escoltas de transportes de los mismos y administración de los recursos de fondo interno en la Cuarta Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina con sede en la ciudad de Medellín”. Agrega el mismo comunicado que, con base en los resultados de esa inspección, fueron relevados de sus cargos 10 integrantes del Ejército y se avanza en el trámite de retiro de otros nueve.

De acuerdo con Rubén Darío Gómez, secretario general de Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), una vez se cancela el valor de los explosivos y se llenan los requisitos que exige Indumil, el material explosivo se transporta a las zonas de explotación con la custodia del Ejército.

“Los explosivos permitidos solo se pueden conseguir a través de Indumil que vende las barras de Indugel, pero se requiere una carpeta con la cual el Ejército facilita el control y la utilización de los explosivos. Cuando se hace la compra, la Cuarta Brigada pone a disposición un pelotón de soldados. Si es por vía terrestre se lleva a través de los camiones de la brigada o de lo contrario se lleva en helicóptero”.

Gómez explica que el valor de la movilización y de la escolta oscila entre cuatro y 20 millones de pesos, depende de la cantidad, el tipo de transporte y la distancia entre el lugar de almacenamiento de los explosivos y el lugar de explotación.

Las irregularidades se facilitan, dice Gómez, por la informalidad con que se efectúa el pago del servicio de escolta y transporte.

“Normalmente se paga a nombre del Ejército pero, a veces se paga en efectivo en las mismas minas. El manejo económico del minero es muy relativo, unos cargan el banco en el bolsillo y otros tienen su empresa bien organizada. Unos facturan y otros pagan y listo, se va la plata con el que traiga el explosivo”, dice el secretario general de Conalminercol.