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Con un hacinamiento que supera hasta el 200 por ciento, precarias condiciones de salud y hasta “pico y placa” para poder dormir, terminó 2016 e inició 2017 en las principales cárceles de Antioquia.
Jorge Carmona, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, encargado de velar por los presos, manifestó que es tan caótica la situación que en las cárceles de Bellavista, La Paz de Itagüí y El Pedregal los mismos reos establecieron un régimen de horarios para poder dormir.
El hacinamiento en las cárceles es un problema que viene desde hace muchos años y la Corte Constitucional expidió la sentencia T153 de 1998 en la cual se pronunció ante las violaciones constitucionales de los internos y ha pasado el tiempo sin que exista una solución de fondo, advirtió Carmona.
Incluso, a 31 de diciembre pasado, 21 estaciones de Policía en el Valle de Aburrá estaban hacinadas con más de 500 personas y algunas con personas con más de tres meses en calabozos donde no se pueden ni mover.
“Una persona ingresa a un centro penitenciario para pagar un error porque cometió un delito, pero el Estado no puede pretender que se resocialice en condiciones indignas. Hoy las cárceles tienen unos hacinamientos que en algunos superan el 400 por ciento”, remarcó el defensor de derechos humanos.
Si 2016 terminó siendo un año caótico por el hacinamiento y 2017 no pinta mejor.
La Mesa de Derechos Humanos del Aburrá señaló que también se le suma “la indiferencia, el silencio administrativo del Inpec, de la Alcaldía, de la Unidad de Servicios Penitenciario, donde los trabajadores carcelarios tienen los derechos vulnerados con unas jornadas de 24 por 24 y laboran un promedio de 96 horas semanales, muchos más que lo que establece la ley laboral”.
Estas son 4 claves para entender el problema carcelario.
1. La crítica realidad del hacinamiento
Bellavista, construida para 2.224 personas, tenía el 28 de diciembre pasado 5.872 internos; el Pedregal, con capacidad para 1.150, registraba al finalizar el año 2.232 presos y la de La Paz, de Itagüí, la tercera más hacinada de Colombia, hecha para presos de Justicia y Paz, hoy tiene condenados y sindicados. Fue construida para 328 presos y terminó 2016 con 1.171. Por ejemplo, el pabellón 4 que es para 50 personas tiene 400.
El personero de Medellín, Guillermo Durán, expresó que la situación es muy difícil porque las cárceles de Bellavista, El Pedregal y la Paz de Itagüí tuvieron hacinamientos que superaban el cien por ciento, pero luego por cumplimientos de órdenes de la Corte Constitucional de desalojar algunos pabellones de Bellavista que amenazan ruina, también se llenaron de detenidos los calabozos de las estaciones de Policía del Valle de Aburrá.
Asegura que la administración municipal de Medellín ha querido intervenir en la solución de este problema y aunque logren descongestionar algunos establecimientos y estaciones de policía, en cuestión de horas vuelven a quedar colapsados.
Pero este problema, señaló, no solo tiene que ver con las alcaldías, también con la Gobernación y la Nación y se han presentado algunos proyectos al Ministerio de Justicia y este pretende hacer un piloto en Medellín con una nueva modalidad de construcción de pabellones con materiales distintos al concreto que lleven a que los presos tengan los mínimos derechos y se les cumplan los servicios de salud que es obligación del Estado.
“El hacinamiento ha desbordado todos los cálculos, la situación de los internos es infrahumana y aunque se buscan soluciones por parte de la administración terminan siendo insuficientes. También tuvimos paros del personal del Inpec que no recibieron internos en algunas cárceles porque realmente a los establecimientos no les cabía un preso más”, dijo Durán.
El director encargado de la Regional del Inpec, Antioquia y Chocó, Pablo Yamid Ramírez, dijo que tienen unos niveles muy altos de hacinamiento, pero vienen tramitando ante los jueces de ejecución de penas para que agilicen los subrogados penales como el sustituto de medidas intramurales por prisión domiciliaria, acompañados por mecanismos de la vigilancia electrónica en algunos casos.
“Si bien tenemos unos índices preocupantes de hacinamiento en los penales, los asesores jurídicos y las directivas estamos trabajando duro para disminuir la congestión en los establecimientos y permitir el ingreso de las personas detenidas en las estaciones de Policía y de todos los que son capturados a diario”, aseguró el directivo del Inpec.
La Regional tiene en Antioquia 19 cárceles y dos en Chocó, Quibdó e Istmina, para un total de 21. En total había a diciembre 28 de 2016 un total 15.240 internos, de ellos 14.598 en las cárceles antioqueñas.
La cárcel más hacinada sigue siendo la de Andes con más de 200 por ciento (ver recuadro), seguida de El Reposo, en Apartadó, y la de Itagüí, con 80 % de hacinamiento.
Según el Inpec, otro aspecto con el que se está enfrentando este hacinamiento es con la resocialización y redención de pena con actividades como las laborales y educativas, pero críticos del sistema carcelario que pocos son los internos que se resocializan.
2. Dilema de los sindicados y la vigilancia
Los sindicados o imputados le corresponden al municipio y la cárceles que se han construido no han contribuido a lo que ordena la ley que dice que los imputados le corresponden a la alcaldía, pero la ley le autoriza a que haga convenios con el Inpec y con un pago se los pueda sostener.
Además, las estaciones de Policía están llenas de sindicados y por orden constitucional solo pueden albergar a una persona por 36 horas y eso mientras que le buscan un lugar para pleno goce de sus derechos y estos sitios no están acondicionados para tener por largo tiempo a un detenido y en un calabozo solo caben 10 o 15 en muchos casos les meten hasta 60 personas.
Para Jorge Carmona, de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, “la Alcaldía de Medellín debería de estar pensando qué hacer con los sindicados que por el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 las administraciones municipales son las encargadas de esas personas y debe pensar qué hacer con los 1.820 sindicados que hay en un penal para condenados como Bellavista”.
En El Pedregal hay numerosos internos en los dos sitios de paso donde prácticamente los detenidos están uno sobre otro, por lo que el estado y el Congreso tiene que solucionar estos problemas para que conlleve a una resocialización no a un castigo para quienes incumplieron con la ley penal.
A esto se suma el problema de la vigilancia. En Bellavista hay solo 40 unidades de guardia para vigilar a los 5.872 internos. Pero en esta cadena de vulnerados también está la Policía Nacional que es para vigilar y capturar no para vigilar y custodiar y hoy esta crisis los tiene de guardianes porque los calabozos de las estaciones se convirtieron en cárceles al haber personas con más de tres meses en ellos.
3. Una deficiente atención en Salud
Otra situación que viven los internos es el deficiente servicio de salud por la no existencia de insumos para atender a los enfermos y en especial aquellos que tienen patologías catastróficas, según el Personero de Medellín.
La Mesa de Derecho Humanos del Valle de Aburrá recalcó que, para acabar de ajustar, “terminamos el 2016 con una recolección de medicamentos por parte de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía para los presos cuando esa no es su función”. Según expertos, por la corrupción, no hay voluntad ni protocolos para atender las enfermedades de los reos: una gripa puede convertirse en tuberculosis.
4. ¿Y cuáles son las posibles alternativas?
Para 2017 es necesario que se busquen soluciones y alternativas, pero a juicio del Personero de Medellín nadie puede decir que es la construcción de más cárceles, porque trabajando a toda máquina las obras de un solo penal demoran hasta tres años y es imposible que la solución se traslade a esos tres años.
Desde su punto de vista, el Congreso debe mirar la situación que se presenta en todas las cárceles del país y se tomen medidas legislativas tendientes a la descongestión mientras que se encuentra otra solución.
“En Colombia, la ciudadanía solo ve como respuesta de justicia, la privación de la libertad, entonces en ese orden de ideas hay que buscar otros mecanismos alternativos como la prisión domiciliaria u otras medidas alternativas que permitan resocializar al preso y que a futuro no exista repetición de hechos que lo llevaron a ser condenado”