Cuando el sueño de la casa propia se convierte en pesadilla

  • Muchos proyectos quedan a mitad de camino o solo el lote, como este de Cataluña Real. FOTO edwin bustamante

    Muchos proyectos quedan a mitad de camino o solo el lote, como este de Cataluña Real.

    FOTO edwin bustamante

  • Cuando el sueño de la casa propia se convierte en pesadilla
Publicado el 30 de julio de 2018

Deshabitado y a medio construir está el edificio San Miguel que desde hace cinco años debía ser el hogar de Gustavo Montoya, en el sector de La Milagrosa. Su familia debió desalojar la casa en la que creció —comprada por el padre luego de décadas de trabajo en Coltejer— para dar paso al Tranvía de Ayacucho. El dinero que recibieron del Metro como pago fue invertido en dos apartamentos que hoy no están terminados.

Hammer Morales vive una situación parecida. En 2013 decidió que era el momento de tener casa propia. Su esposa estaba embarazada y ambos tenían trabajo. Buscaron un proyecto en San Antonio de Prado (Prado Campestre), de la constructora GIC, y empezaron a pagar las cuotas. Cinco años después, la obra ni siquiera ha empezado, él sigue pagando arriendo y la firma no ha sabido explicarle por qué no se ha pegado ni un solo ladrillo.

Aurora Piedrahíta no conoce a Hammer y a Gustavo. Sabe lo que sienten, su drama es parecido. Hace más de 10 años invirtió 5 millones de pesos que tenía ahorrados y se afilió a una Organización Popular de Vivienda (OPV, ver recuadro) para acceder a una casa nueva con subsidios del Instituto de Vivienda de Medellín, Isvimed, en el proyecto Villa Jesusita, en Manrique.

Pero la obra lleva más de cuatro años parada. La licencia de construcción ya se venció y varios de los compradores, cansados de esperar, se fueron a vivir a los edificios que no tienen puertas, ventanas, vías ni servicios públicos.

Millonarias estafas

José Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial, reconoció que en la ciudad se han presentado varios fenómenos de estafas inmobiliarias y que los afectados se cuentan por cientos: “No tenemos una cifra consolidada, pero de una sola constructora (Invernorte) tenemos denuncias de la gente que pagó hasta 1.000 millones de pesos”. (Lea en la edición de mañana la ampliación de este caso).

La situación es tan crítica que la misma Secretaría interpuso seis demandas ante la Fiscalía General por supuestas estafas inmobiliarias para que se establezcan responsabilidades penales.

“Hemos detectado construcciones sin licencia, proyectos donde empiezan a vender y captar dinero sin tener las respectivas autorizaciones, empresas que reciben dinero en cuentas personales y proyectos que llevan años sin terminarse”, dijo.

Los seis casos denunciados a los que se refiere la Alcaldía son Invernorte, OPV Villa Fico, edificio Guadalupe, proyecto La Madre Laura, Instituto Prado y una edificación en Belén, cuyo nombre no fue detallado por la administración municipal.

Duque dijo que no se ha podido calcular a cuánto ascienden las estafas porque hay proyectos en los que sólo algunos compradores denunciaron. Por eso invitó a los afectados a acudir ante la justicia para aportar elementos probatorios que permitan agilizar las investigaciones y dar con los culpables.

“Desde nuestra oficina estamos indagando varias cosas: visitamos proyectos para verificar licencias y hemos cotejado quiénes le están debiendo a la ciudad dinero en compensaciones urbanísticas porque esa es otra afectación que sale de todo este negocio”, aclaró.

Incluso en el Concejo de Medellín se creó una comisión accidental para hacer seguimiento a las denuncias y asesorar a los afectados. Bernardo Alejandro Guerra, concejal líder de la comisión, aseguró que la situación es alarmante y que las modalidades se repiten. “Estamos pidiendo a la Personería y a la Fiscalía que pongan la lupa porque los ciudadanos se están quedando sin vivienda y sin plata, por cuenta de empresas que salen de la nada y terminan manejando hasta 60 proyectos a la vez”, declaró.

Faltan controles

Los constructores también están preocupados con la situación, pues la imagen del gremio y la confianza inversionista se ven afectados por el creciente número de estafas.

Eduardo Loaiza, gerente para Antioquia de la Cámara de Construcción, Camacol, aseguró que el boom inmobiliario ha llevado a que profesionales de otras áreas empiecen proyectos de construcción sin tener conocimiento, experiencia o estructura operativa y financiera para afrontar proyectos de vivienda.

“Son personas que ofrecen precios hasta 30 por ciento por debajo del valor del mercado, que subcontratan toda la obra, no tienen estructura empresarial y eso llama la atención porque si ofrecen valores tan bajos es porque algo están dejando de poner”, dijo.

El dirigente gremial aseguró que en la mayoría de estafas se repiten patrones: manejan dinero por fuera de fiducias, cálculos de la obra sin tener asegurados los materiales y recursos, y por eso cualquier cambio en el precio del dólar o hasta un paro de camioneros terminan disparando costos y excediendo presupuestos.

“Muchos funcionan con un esquema de carrusel, empiezan un proyecto y con la plata de un segundo construyen el primero y así. Pero cuando cualquier condición del mercado los afecta, se quedan sin recursos y el proyecto termina siniestrado, abandonado y creando un desprestigio para el sector. “Hemos emitido varias alarmas, pero la gente sigue siendo ingenua”, advirtió . n

Lea también: Invernorte, el mayor caso de estafas inmobiliarias

Contexto de la Noticia

radiografía las señales de alerta

La Alcaldía y Camacol recomendaron a los ciudadanos que van a comprar vivienda que corroboren en la Secretaría de Gestión Territorial si el proyecto en el que piensan invertir sí cuenta con licencias y otros documentos.

Además sugirieron no entregar dineros en cuentas de ahorro o corrientes, y exigir que el proyecto tenga una fiducia; de esta forma y si ocurre un siniestro, la plata es devuelta. El sector constructivo está a la espera de que se reglamente la Ley de Vivienda Segura que obligará a todos los constructores a comprar una póliza que cubre desde siniestros hasta fallas estructurales y de materiales.

estafas en manos de privados

Las modalidades de estafa inmobiliaria son tan variadas, que las víctimas pueden aparecer en cualquier parte del negocio. Desde vendedores de casas a los que les prometieron apartamentos como pago y se quedaron sin nada, hasta compradores que entregaron millonarias sumas a cambio de una vivienda que no se construyó.

Hammer Morales, comprador del proyecto Prado Campestre en San Antonio de Prado, ha pagado 26 millones de pesos pero en el lote donde estaría la unidad residecial aún no comienzan las obras (que debían empezar en 2014 y terminar dos años después). “La constructora me dijo primero que tuvieron un problema con la licencia de construcción por un cambio en el plan de ordenamiento territorial; luego que la fiducia no había desembolsado los dineros para la construcción y en mayo de este año dijeron que no había una fecha para la entrega”, narró.

EL COLOMBIANO se comunicó con las líneas que aparecen en la publicidad de venta del proyecto, y en ninguna de ellas contestaron.

embargos y obras a medias

La familia de Gustavo Montoya dio $100 millones a cambio de dos apartamentos que serían entregados seis meses después en el edificio San Miguel, del barrio La Milagrosa.

Según Montoya, los constructores fueron la familia Chica Gutiérrez que en los registros de la Cámara de Comercio aparecen como cabezas de las empresas Tecnocasa Antioquia E.U. (en liquidación) y de Constructores al Rescate.

“La empresa de la familia Chica Gutiérrez llegó al barrio recomendada porque había tenido proyectos con Viva (la empresa de Vivienda de Antioquia)”, contó Montoya.

La familia relata que después de que consignaron el dinero, la entrega de la casa empezó a postergarse y nadie les daba explicaciones sobre el estado de la obra. “Esa gente enreda un duende, le digo pues. Luego de mucha espera y cuando ya estábamos molestos, a mi papá, que tiene 89 años, le ofrecieron un lote en Santa Fe de Antioquia como parte de pago, para quedar a paz y salvo. Él aceptó y cuando intentamos vender el lote, no pudimos porque los compradores que se enteraban de su origen nos decían que eso era mal habido”, agregó Gustavo. Hoy los enredos siguen: el lote está a punto de ser rematado y la familia está embargada porque adeuda el pago del predial del lote, pues aseguran que no tienen dinero para cubrirlo.

Y como si fuera poco, hace algunos meses se enteraron que tanto el edificio como el lote habían sido hipotecados a un mismo hombre. “Ese señor, al parecer, le presta plata a la familia Chica y como ellos no le cumplieron, él hizo efectiva la hipoteca. Hemos tratado de buscarlo para negociar, pero es imposible”, aclaró Gustavo.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con dos de los integrantes de la familia Chica Gutiérrez y con las oficinas de Tecnocasa, pero no obtuvo respuesta. Quien sí accedió a hablar, a condición de anonimato, fue otro hombre que le prestó dinero a los Chica con base en la hipoteca de algunos inmuebles que supuestamente estaban en construcción por fuera del Valle de Aburrá.

El problema es que las unidades residenciales en cuestión no existen y, según información que el hombre obtuvo de la Alcaldía de ese municipio, tampoco se construirán por restricciones de ordenamiento territorial.

Ambos casos están demandados desde hace varios años ante la Fiscalía.

los proyectos parados de las opv

En Medellín desde hace varios años funcionan las Organizaciones Populares de Vivienda, conocidas como OPV, que trabajan mediante procesos de economía solidaria: tienen socios que hacen ahorros, y se juntan para obtener ayuda del Estado y construir viviendas de interés social prioritarias (casas que tienen un valor máximo de 70 salarios mínimos o 54,6 millones de pesos). El Instituto de Vivienda de Medellín participa desde 2013 aportando dineros para estas viviendas (un máximo de 23 salarios para cada una).

En los primeros años de operación, varias de estas OPV presentaron problemas que aún siguen sin resolverse. Uno de los casos más sonados es el de Villa Jesusita 2, en Manrique. El concejal Jesús Aníbal Echeverri explicó que las obras están paradas por problemas con el lote, que estuvo embargado: “Hoy el problema es que tenemos una invasión (propietarios que decidieron habitar el edificio a pesar de que no estaba terminado) y que se construyó una casa sin licencia en donde se supone que estaría la vía de acceso”.

Aurora Piedrahíta, una de las socidas de la OPV, aseguró que hasta la fecha la representante legal del proyecto ha dado la cara y está buscando soluciones para reanudar la obra.

José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, aclaró que ya está lista una orden de desalojo para las más de 20 familias que están en el proyecto, y que además se está asesorando a la OPV en la renovación de la licencia para termianar el proyecto.

Manuela García Gil, directora del Isvimed, explicó que este año y luego de las irregularidades presentadas en varios proyectos, la administración reglamentó las condiciones con las que se les entregan dineros a estas asociaciones. “Hoy ellos tienen que cumplir requisitos legales y sólo se desembolsa contra avance de obra. “En lo que va de este gobierno hemos entregado más de 819 millones de pesos a cuatro OPV que tienen avances de más del 70% en la obra y que hoy son modelo para las demás: Santa María de los Ángeles, Villa Jesusita La Milagrosa, Villa María y Villa Canela I y II”, declaró la funcionaria.

Además, aclaró, que desde el año 2015 el Instituto decidió solo pagar subsidios cuando se escrituren los apartamentos, “para asegurar la correcta inversión de recursos”.

El Informe Más fraudes en negocios de finca raíz

* En Robledo La Campiña, el presidente de la Junta de Acción Comunal promocionó, vendió y recibió dinero en su cuenta personal, para supuestamente construir apartamentos y locales comerciales en el proyecto Madre Laura. El lote es del Municipio de Medellín. Recibió de incautos compradores 2, 4 y hasta 20 millones de pesos. El edificador ilegal fue aspirante a la Alcaldía de Medellín y al Senado de la República. A la comunidad se le advirtió de las irregularidades y a pesar de ello le seguían creyendo. El Isvimed certificó que ese proyecto no existía. El caso fue denunciado ante la Fiscalía y el edificador dijo que no conciliaría con la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

* Ante la Fiscalía serán denunciados en los próximos días dos constructores, que ampararon sus proyectos en licencias falsas.

* Laredo Michoacán, en el barrio Buenos Aires, es un edificio que quedó a mitad de camino y varios compradores se tomaron los apartamentos y los terminaron. La Fiscalía y la Supersociedades intervinieron en el caso.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín

Vanesa Restrepo

Periodista. Amo viajar, leer y hacer preguntas. Me dejo envolver por las historias.

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