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Escándalo salpica a dos comandantes de IV Brigada
Al parecer, dos generales de la República no tomaron las medidas pertinentes para evitar el presunto desvío de recursos del erario público.
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El pasado 3 de diciembre el general Nicasio Martínez (derecha), fue ascendido por el Congreso, pese a cuestionamientos de algunos parlamentarios. A la izquierda, el general Néstor Robinson FOTO cortesía
11 de diciembre de 2014
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Continúa la depuración de las denominadas “manzanas podridas” en la Fuerza Pública de Colombia. Esta semana el turno le correspondió al Ejército Nacional, al anunciar en un comunicado que se detectó un presunto desvío de recursos por parte de integrantes de esa institución.
Un juez penal militar de Medellín compulsó copias contra los generales de la República, Néstor Róbinson y Nicasio Martínez Espinel (quienes han comandado la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia) ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que sean investigados por peculado, apropiación, prevaricato y omisión.
Al parecer, los altos oficiales habrían participado en un presunto desvío de recursos provenientes de contratos de transporte de material de explosivos para empresas mineras en Antioquia, donde también estarían involucrados cerca de 30 militares.
“Manzana podrida detectada, manzana podrida que se va. Nuestras Fuerzas Militares y de Policía no pueden quedarse con gente mala. Me siento satisfecho por encontrar situaciones irregulares y tomar decisiones para que las Fuerzas Armadas no toleren faltas éticas y contra la ley”, aseguró el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, informó Colprensa.
Opinan en Antioquia
En referencia al hecho, el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, afirmó que durante las respectivas comandancias de los generales, siempre hubo un trabajo articulado entre las autoridades civiles y militares del departamento.
“Yo no puedo hacer ninguna afirmación en su contra. De lo que yo he conocido de ellos dos, como personas, no hay ningún reclamo, queja o sospecha; yo espero que ellos puedan demostrar su inocencia”, resaltó el mandatario.
Por su parte, el director del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Miguel Silva Moyano, dijo que si se llega a probar la participación de los altos oficiales, lo mínimo que se debería esperar es que se aplique todo el peso de la ley; que reciban las respectivas sanciones disciplinarias y penales.
“Me preocupa que se pase por encima de la presunción de inocencia de los generales. Que los hallazgos los haga la misma institución, en principio, es una señal de transparencia; sin embargo, hay que cuidar que esto no se convierta en una especie de cacería de brujas o también una excusa para mostrar a los implicados como chivos expiatorios. Digo esto por la carga política que pueden tener estos casos”, opinó Silva Moyano.
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