Un problema tan antiguo como los títulos otorgados durante la época de la Colonia española. Incluso, desde que Colombia es República hubo intentos de formalización de la actividad minera. El panorama sigue siendo complejo, tanto, que la Contraloría General alertó en 2017 que el 80 % de la explotación minera en el país es ilegal.
Aunque en Antioquia no hay censo que determine el número de mineros que no se ajustan a los requisitos previstos en la ley, Dora Elena Balvín Agudelo, secretaria de Minas de Antioquia, estimó que el 70 % de los contratos de formalización del país tienen como eje al departamento.
“No tenemos el estimativo pero cada día crecen más. La subregión más problemática es el Bajo Cauca donde coincide la pequeña y la gran minería ilegal con maquinaria pesada”, dijo. Balvín explicó que pese a que la Gobernación es autoridad delegada para los títulos del departamento, la formalización tiene pocos instrumentos y quedan a criterio de la Agencia Nacional Minera o de la empresa que tiene el título. En total, desde 2016 se han formalizado 4.100 mineros en Antioquia y, según Balvín, hay 130 unidades productivas (grupos entre 15 y 20 mineros) en Segovia y Remedios en acercamientos para su regularización.
“No podemos obligar al titular a que se ponga de acuerdo para lograr la formalización. Buscamos alternativas para llevar a cabo este proceso”, añadió la funcionaria, quien indicó que otra preocupación es la llegada de las bandas criminales a la minería.
Panorama en Antioquia
La regularización de la explotación se puede realizar por varios caminos. El primero de ellos es la solicitud de un título o la propuesta de un contrato de concesión, proceso al que pueden acceder proyectos mineros comunitarios, mineros asociados o asociaciones comunitarias, en caso de que el área donde está desarrollando los trabajos de explotación se encuentre libre.
El otro camino es el de la definición de Áreas de Reserva Especial Minera, que son zonas explotadas por una comunidad con técnicas tradicionales. Se solicitan ante la Agencia Nacional Minera para su delimitación. Esta dependencia determina la existencia de potencial geológico-minero y, en caso afirmativo, celebra un contrato especial de concesión. 600 mineros se han acogido a esta figura.
Otra posibilidad es el contrato de operación o asociación, en el que el beneficiario del título y los informales acuerdan de forma privada los términos del contrato. Generalmente este tipo de contrato es celebrado entre pequeños mineros y grandes empresas. 2.500 mineros se han beneficiado con contratos de este tipo en Antioquia.
La otra vía es el subcontrato de formalización, en el cual mineros de pequeña escala que realizan actividades de explotación en áreas otorgadas a un tercero, pueden firmar subcontratos de formalización con el titular de dicha área, para continuar su explotación por un periodo mínimo de cuatro años. Con esta figura se han regularizado 1.000 mineros en el departamento.
Otra posibilidad, también en boga, es la devolución de áreas mineras, por la cual, el titular minero entrega parte del área que le fue otorgada a los pequeños mineros que la han explotado durante un tiempo determinado. Esta es voluntaria o producto de la intermediación de la autoridad, en este caso, la Gobernación.
Pedido expreso al Ejecutivo
En carta enviada al presidente Iván Duque el jueves pasado, el gobernador Luis Pérez solicitó al Gobierno Nacional que se les entregue a los departamentos el control de las Áreas de Reserva Especial, con el fin de organizar los mineros ancestrales en cooperativas.
“Hoy no hay estímulos ni facilidades para que este minero se formalice, por lo que resulta más fácil y barato ser ilegal, que seguir el tortuoso peregrinaje burocrático de legalizarse. Además, la formalización depende en esencia del gran inversionista privado”, dijo Pérez en la misiva.
El mandatario afirmó que urgen cambios legislativos. “De no cambiar el rumbo en áreas mineras, seguiremos en una guerra social silenciosa, no reconocida, que solo dejará desolación y miseria”, dijo
