El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, rechazó la ordenanza número nueve, aprobada el pasado martes por la Asamblea, y en la cual le daban facultades para liderar la reorganización de la EPS Savia Salud.
La objeción del gobernador fue recibida con decepción por el diputado Rubén Darío Callejas, quien aceptó que no se le concedió al gobernador la posibilidad de vender, de manera inmediata (sin aprobación de la Asamblea), la participación del Departamento en la mencionada entidad promotora de salud.
El proyecto de ordenanza contempla el levantamiento del impedimento que tenía la Gobernación y sus socios (Alcaldía de Medellín y Comfama) de que la EPS tuviera mayor participación privada que pública. Es decir, Pérez podría plantear un negocio en el que el porcentaje privado fuera superior al 51 %.
Los argumentos del mandatario regional para rechazar la ordenanza son la necesidad de tener un abanico amplio de acciones para definir el rumbo de la EPS. Agregó que “la Ordenanza no sirve” e instó a los diputados a que le “permitan acciones mucho más complejas, como enajenar”. Además, dio luces a una posibilidad de liquidar si no se agiliza la aprobación de facultades para la reorganización planteada.
Savia es la mayor EPS del régimen subsidiado en Antioquia, con operación en 116 municipios del departamento y 1,7 millones de afiliados.
La entidad es de naturaleza mixta, con participación pública de la Alcaldía de Medellín (36,65 %) y la Gobernación de Antioquia (36,65 %), y privada de Comfama (con 26,7 %) y según ha manifestado el gobernador Pérez, acumula pérdidas por $765.723 millones.
Callejas enfatizó que el lunes los corporados se reunirán para analizar la objeción del mandatario seccional a la ordenanza y plantearán nuevas fechas para volver a debatir el proyecto.
El pasado 15 de marzo, en compañía del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, los socios de Savia Salud anunciaron un plan de choque que consiste en buscar una banca de inversión, además de asignar un gerente para que se elabore un modelo de negocio para la operación. El proceso debe concluir en julio.
El 27 de marzo, la Superintendencia prorrogó la medida preventiva de vigilancia especial a la EPS por un año.
