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Un grupo de 25 diputados, de los 750 que componen el Parlamento Europeo, envió una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al Fiscal General, al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y a EPM, para llamar la atención por la violación de derechos humanos a víctimas del conflicto armado y campesinos en el área de influencia a donde se construye el proyecto Hidroituango.
Los firmantes señalaron que los informes sobre estos hechos vienen desde 2012. En la zona, señalan, se han podido exhumar más de 159 cuerpos y según las denuncias de la comunidad, encabezadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, habría allí muchos más cadáveres producto de la violencia que bajaron por el río y quedaron sepultados.
EL COLOMBIANO consultó a EPM, entidad que gerencia las obras en Hidroituango, para conocer sus declaraciones al respecto de la carta, pero señalaron que no han sido notificados y por ello aún no se van a pronunciar al respecto.
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“Expresamos nuestra preocupación especial por la proximidad de la fecha del llenado del embalse, programado para el 1 de julio de 2018, que significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”, escribieron los eurodiputados.
Además, en la misiva agregaron que hay informes y testimonios de campesinos que aún no han recibido indemnización ni reparación alguna por la pérdida de sus fuentes de subsistencia. Mencionaron que en el área de influencia de Hidroituango se ubicaban familias de pescadores, barequeros y agricultores, cuya vida dependía del trabajo en las riberas del río Cauca.
Finalmente, el grupo de diputados instó al Gobierno Nacional, y a todos los actores que participan de la construcción del proyecto, a garantizar que el llenado del embalse solo se haga cuando haya evidencias que no quedan más cuerpos por exhumar, a indemnizar y reparar a quienes fueron desalojados de sus tierras para ejecutar las obras, a garantizar que ningún grupo armado legal o ilegal llegue a violar los derechos humanos de la población, y a implementar un plan para evitar la persecución a integrantes de los movimientos sociales.