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Por irregularidades en la ejecución de varios contratos para dotar de agua potable a los centros educativos rurales del municipio de Yondó (Antioquia), en los que se perdieron más de 1.200 millones de pesos, fue sentenciado a 8 años de prisión el exalcalde Jorge Rodríguez Salcedo.
De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia, la firma contratista Infraestructura Limitada recibió 1.225.000.000 sin que se ejecutara la totalidad de las obras, por maniobras fraudulentas del ex mandatario municipal quien aceptó cargos por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, prevaricato por acción y omisión y falsedad en documento público.
Según la sentencia, el exmandatario municipal se inventó la figura de la “urgencia manifiesta” para no efectuar el proceso de licitación que ordena la ley, y de paso favorecer a la empresa Infraestructura Limitada. Los hechos se presentaron en el año 2008, cuando el procesado se desempeñaba como alcalde de esa localidad del Magdalena medio antioqueño.
En el mismo caso también fue sentenciado por vía de preacuerdo el ex secretario de Infraestructura del municipio, Yesid Ibáñez Galvis, en calidad de cómplice de peculado por apropiación.
En su providencia. el fallador destacó que Ibáñez Galvis estaba inhabilitado para hacer parte del gabinete municipal porque en el año 2005 ya había sido sentenciado por delitos contra la administración pública.
César Darío Hincapié Flóerez, quien fungió como interventor de los convenios y autorizó el pago ilegal al contratista, fue sentenciado a 45 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo y sucesivo.
Las tres sentencias fueron proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros (Antioquia), despacho que concedió la prisión domiciliaria a Ibáñez Galvis e Hincapié Flórez, previo el pago de una caución de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada uno.
A Rodriguez Salcedo no se le concedió ese beneficio y deberá pagar una multa de 1 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. El exmandatario tiene además otro proceso por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar.