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¿Se puede sancionar a los usuarios de Uber y Cabify?

Taxistas insisten en su propuesta y marcharon ayer para exigir más controles. La protesta no pudo concluir en La Alpujarra.

  • En algunos sectores hubo congestión por la lentitud de la marcha, aunque los taxis iban por un carril. FOTO Manuel saldarriaga
    En algunos sectores hubo congestión por la lentitud de la marcha, aunque los taxis iban por un carril. FOTO Manuel saldarriaga
23 de agosto de 2018
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Unos 200 taxis de los 19.500 que tiene Medellín atendieron ayer el llamado a paro que algunas agremiaciones de conductores hicieron para protestar por lo que ellos consideran falta de control al transporte ilegal, en particular los vehículos que trabajan con plataformas como Cabify y Uber.

Las movilizaciones partieron entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. desde Bello, Sabaneta, Calasanz y Buenos Aires, pero ninguna de las caravanas pudo llegar al centro administrativo La Alpujarra, pues la Secretaría de Movilidad les interrumpió el paso alegando incumplimiento a las normas de la protesta.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, explicó que “hubo algunas anormalidades y condiciones incumplidas como la de no bloquear vías y por eso no les permitimos que llegaran a La Alpujarra”.

Freddy Escudero, vocero de Taxistas Unidos, informó que la caravana de taxis que venía desde el oriente de la ciudad fue interrumpida por agentes de tránsito y Policía en el ramal de desvío de la Avenida Oriental hacia San Juan.

“Teníamos el permiso para movilizarnos, nos están violando el derecho a la protesta. Pero aquí (en el Parque de San Antonio) nos vamos a quedar porque necesitamos soluciones y no tenemos afán”, dijo.

Iglesias respondió que la Alcaldía “no funciona” con vías de hecho y que desde hace un año y medio tiene abierta una mesa de diálogo con los taxistas, que ya ha arrojado resultados como nuevos paraderos, operativos contra la informalidad y permisos para el uso del carril Solo Bus.

Sanciones y regulación

Los conductores insistieron en su propuesta de que se sancione con cinco salarios mínimos o cursos pedagógicos a los usuarios que tomen servicio en dichas plataformas.

Escudero argumentó su propuesta con base en la Ley 105 de 1993, con la que se reglamenta el transporte público y que indica (artículo 9, parágrafo 4) que son sujetas a sanciones “las personas que violen o faciliten la violación de las normas”.

Iglesias respondió que las autoridades no pueden sancionar a los usuarios que están encontrando un sistema distinto de transporte, y se concentran en quienes prestan el servicio. Además invitó al Senado y la Cámara a que sesionen en Medellín para que definan si Uber y Cabify son legales o no .

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