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A la hora de calificar su calidad de vida, el elemento más valorado por los paisas es la salud. Así lo reveló la encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos, realizada en 2018.
No obstante, los ciudadanos reflejan su preocupación ante los problemas de desfinanciamiento que han desatado crisis en entidades como Savia Salud y la IPS universitaria.
Claudia Helena Arenas Pajón, secretaria de Salud de Medellín, ha estado al frente de esta dependencia desde el inicio de la administración. En entrevista con EL COLOMBIANO dio cuenta de su gestión.
“Sería casi imposible preguntarle a un humano si un tema como la salud es importante y te diga que no.
Tenemos una garantía y es que desde la Secretaría, las EPS y las instituciones de salud hay una cobertura muy buena, lo que pasa es que la gente da su opinión basada en la inmediatez del servicio, pero hay que entender que hay pacientes más graves que necesitan de atención prioritaria”.
“Tenemos resultados de la encuesta de Medellín Cómo Vamos que demuestran que la gente pudo acceder a los servicios. La mayoría se considera sano o con un estado de salud bueno, pero cuando le preguntan sobre el sistema, la mitad dice que están insatisfechos.
La gente se atiende, pero de pronto la percepción se basa porque solo se ven los casos que a veces no se hicieron bien o no se atendieron”.
“Una de las dificultades es el acceso a la salud. Con el tiempo se había logrado que las personas se afiliaran al sistema de seguridad social, pero el carné no les garantizaba el acceso a los servicios.
Nosotros empezamos a hacer un trabajo grande para lograr ese acceso; esto quiere decir que cuando una persona esté afiliada a una EPS pueda entrar directamente a una institución a que le ofrezcan los servicios que necesita.
Antes las personas llegaban al servicio de urgencias, por eso cuando alguien se sentía enfermo de cualquier causa no pedía una cita sino que directamente se iba a la sala de emergencias y eso le causó a Medellín un problema de saturación bastante grande”.
“Es un trabajo que hicimos con todos los aseguradores que están en Medellín y con todas las clínicas y hospitales que consiste en direccionar a los pacientes que no necesitan una atención inmediata al lugar donde los pueden atender, para que no esperen horas por algo que no es grave y no le quiten el espacio a alguien que realmente necesite una atención urgente. Desde que comenzó el Ciga tenemos más de 438.000 pacientes direccionados. Eso al sistema le significa un ahorro de más de $11.000 millones, pero la estrategia fue pensada para que la gente no esperara en urgencias.
Medellín es la primera ciudad del país en hacer un acuerdo y trabajar con todas las EPS que funcionan en su territorio. Estamos optimizando el acceso efectivo a los servicios de salud. Lo que sigue es avanzar no solo en urgencias sino en atención de patologías complejas como las cardiovasculares, las maternas y los traumas severos”.
A eso se le sumó el MIAS (Modelo Integrado de Atención en Salud), ¿cómo va?
“Como vimos que se podía trabajar en conjunto con los actores del problema (las EPS y las IPS), nació MIAS y con ello todos los modelos de caracterización de la población.
Hoy sabemos de qué se nos mueren las personas, de qué se enferman y cuáles son las comunidades a las que debemos apuntar. Caracterizar la población es muy importante para tener los enfoques y saber, de acuerdo a cada comuna, qué se necesita”.
“Cualquier institución de salud que cierre obviamente impacta la red. Hemos tenido acercamiento con todos para ver cómo tratar la problemática, pero son temas que desde la Secretaría los escalamos a un nivel superior (Superintendencia y Ministerio de Salud), porque les compete a ellos resolverlo.
Nosotros tenemos un chat desde donde se activan todas las clínicas y las EPS en lo que llamamos la Comisión Salud. Ellos entran en un plan de contingencia ante cualquier cosa que pase en Medellín, por ejemplo una alerta, un accidente o un partido de fútbol de alto riesgo, y se preparan para la atención”.
“Los recursos están asignados. En estos momentos la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) tiene todo para que procure entregar la sede. Lo que buscamos con las unidades de Metrosalud es que den respuesta a necesidades que tengamos en ciertos momentos, pero el gerente es el encargado de definir qué operará ahí.
También fortalecemos la red completa de Metrosalud que son 52 puntos de atención. El problema era que en ellas solamente se atendía un grupo poblacional, cuando debería de atender a cualquiera que lo necesitara. Eso es lo que estamos intentando hacer ahora”.
“Hacemos una vigilancia permanente y ahí hemos observado que no está directamente relacionado el pico ambiental de la calidad del aire con las enfermedades respiratorias de la población.
No quiere decir que no se va a vigilar, hay que hacer ese control y mantenerlo en el largo plazo. El riesgo depende mucho de la genética, los hábitos y la ubicación geográfica de cada persona”.
“Hoy con el MIAS hemos logrado tener más cerca a la gente joven del tema de planificación familiar.
En Zona 1 (Santa Cruz, Popular, Manrique y Aranjuez) hicimos la prueba que arrancó el año pasado, porque es donde tenemos una tasa de embarazo adolescente mayor.
En la actualidad tenemos más de 1.000 niñas que planifican con un método implantable que es a largo plazo”.
“Nos falta integrar la Secretaría de Inclusión Social, que va a atender los casos de violencia, pero la idea es que este año entre en operación”.
“Teóricamente y por norma, un centro de estética corporal y facial no puede realizar procedimientos de tipo invasivo, o sea que involucre algo que atraviese la piel. La realidad es que estos procedimientos se realizan todo el tiempo en la clandestinidad (casas, apartamentos o garajes).
Durante 2018 tuvimos casi 600 visitas realizadas a establecimientos de cosmetología, cubrimos casi que el 100 % de los centros de estética que hay legalmente constituidos en la ciudad, y hemos encontrado procedimientos invasivos en el 27 % de ellos, ante lo cual tomamos las medidas sanitarias correspondientes”.
“Estamos tomando el control sobre los establecimientos que son regulados y autorizados. Por otro lado, lo que no está regulado es lo más crítico y genera mayores condiciones sanitarias de riesgo. Ahí atendemos quejas de la ciudadanía, que nos alerta sobre situaciones a intervenir. El 95 % de las quejas que nos ponen terminan en una medida sanitaria de seguridad.
Tenemos a la par una estrategia educativa que va en dos vías: para el consumidor y para los comerciantes en vía pública. En eso hemos hecho énfasis, que el ciudadano conozca las condiciones y sepa dónde puede consumir. El año pasado capacitamos más de 30.000 personas en temas sanitarios y ambientales”.
“Es una problemática nacional y por ello el lineamiento sobre cómo se deben atender lo da el Ministerio de Salud. Quien debe ser el pagador, en teoría, es la Dirección Seccional de Antioquia. Nosotros cubrimos urgencias básicas, porque los atendemos a través de la población no asegurada, pero cada vez han llegado más organizaciones internacionales para cofinanciar.
El llamado es a que legalicen su situación para que puedan acceder a los servicios completos como ciudadanos regulares. De esta forma, incluso, pueden hacerse encuestar por el Sisbén y acceder al régimen contributivo o subsidiado, si les da el puntaje. El sistema de salud colombiano está asumiendo ese costo”.
“El Ciga viene desde 2016 y mantenerlo tres años en operación es una ganancia, con resultados muy buenos. Además el acuerdo que firmó el alcalde con los gerentes de todas las EPS de la ciudad es muy ganador. Así mismo la mejora a la atención prehospitalaria, que cubre por ejemplo los accidentes de tránsito.
Hemos logrado afiliar a una gran cantidad de población que estaba desprotegida. También tener en Metrosalud servicio de ginecobstetricia en varios puntos de atención, abrimos en Belén, antes era solo Manrique. Tenemos la unidad de salud mental operando y las cifras más bajas en 18 años de personas quemadas con pólvora” .