La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este martes 30 de octubre que al alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario por varios delitos contra la administración pública en desarrollo de su gestión como mandatario de la localidad del norte del Valle de Aburrá.
La medida también cobija a cuatro secretarios de despacho y dos contratistas, todos implicados en la celebración indebida de contratos, que suman un total de 7 delitos. La esposa del alcalde (que está embarazada), un contratista y un secretario de despacho que es padre cabeza de familia fueron enviados a prisión domiciliaria.
“Con los elementos de prueba se determinó que la medida de aseguramiento era necesaria por la gravedad de los hechos, la cuantía de los mismos y la contundencia de las pruebas de la Fiscalía”, dijo el director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas.
El alcalde y los demás funcionarios fueron capturados en la mañana del jueves 18 de octubre en un operativo de la Fiscalía que se realizó en varios sitios, entre ellos una finca del municipio de Copacabana, donde estaba viviendo el mandatario con su esposa, la primera dama de Barbosa, Dubernely Jiménez Betancur, a quien un juez le dio retención domiciliaria por su estado de gestación.
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Los otros funcionarios y los contratistas fueron capturados en la Alcaldía de Barbosa y en Medellín.
Se trata del secretario de Planeación, Carlos Julio Ramírez Arboleda; la exsecretaria de Hacienda, Belén Rendón Estrada; el exsecretario de Bienestar Social, Luis Fernando Suárez; el exasesor jurídico, Juan Carlos Castaño Rico; Francisco Luis Madrid Madrid (contratista); y Verónica Johanna Olarte Orrego (contratista).
La audiencia a los capturados y ahora cobijados con medida de aseguramiento se celebró el lunes 22 de octubre. Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, los funcionarios detenidos crearon, al parecer, una red de empresas de papel que recibían contratos directos del municipio.
Los contratos fraudulentos incluyeron obras de acueducto y alcantarillado, y del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
Las corporaciones implicadas en la red de corrupción son Manos Creativas, Corpoideas y Construir Ideas. La Fiscalía le atribuye a esta última la celebración de un contrato por valor de más de 2.296 millones de pesos, la tajada mayor.
“Una vez sacado entre el 7 y el 10% del contratista, los sobrecostos se los repartían”, dijo la fiscal del caso.
Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, le había anticipado a EL COLOMBIANO que a los detenidos se les acusaría de peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, entre otros delitos contra la administración pública, en total 7.
“Todos los funcionarios están vinculados a posibles actos de corrupción en contratos, por cuantía de $4.000 millones; las acciones se tomaron posterior a la investigación que ha venido haciendo el CTI y su Unidad Para la Administración Pública sobre actos de corrupción en esta administración municipal”, expresó el director del ente de investigación penal.
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