Consumo de drogas y alcohol en la calle, lo más sancionado

  • En aplicación del Código de Policía se realizan constantes operativos en espacios públicos. FOTO edwin bustamante
    En aplicación del Código de Policía se realizan constantes operativos en espacios públicos. FOTO edwin bustamante
Por rodrigo Martínez Arango | Publicado el 07 de febrero de 2018
Infografía
Lo más sancionado por el Código de Policía
50 %

es el descuento para quienes paguen, en 5 días, multas del tipo 3 y 4.

en definitiva

El Código de Policía cumple un año, pero requiere ajustes para cumplir su objetivo de educar al ciudadano para una sana convivencia y respeto de los derechos de los demás.

Costumbres, poco sentido de pertenencia, alta población flotante y bajo nivel de educación son factores que explican, en parte, algunas de las infracciones más comunes al Código Nacional de Policía y Convivencia.

Así lo expusieron a EL COLOMBIANO expertos en diferentes áreas al analizar las estadísticas entregadas por las autoridades, al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la Ley 1801 (nombre del oficial del código), el pasado 31 de enero, la cual tuvo seis meses de pedagogía y sanciones efectivas desde el 1 de agosto de 2017.

En los 12 meses, a 22.110 personas se les expidieron comparendos en el Valle de Aburrá, 12.434 de ellas en el segundo semestre del mismo periodo, es decir, que a estos se les aplicaba el castigo pleno. Entre estos últimos hay 8.749 personas de Medellín.

Las ciudades

En el país, donde en total se reportaron, en este año, 439.671 infracciones, la región metropolitana del Valle de Aburrá es la tercera en cantidad de irrespeto a las normas del código, solo superada por Bogotá, y Barranquilla (ver gráfico), según cifras del Sistema Nacional de Medidas Correctivas.

Para el abogado y capitán Juan David Palacio, coordinador de Actuación Jurídica de la Región VI de Policía, e integrante del grupo que redactó la norma, estas urbes son las que tienen más reportes, debido a que tienen alta población flotante y, además, numerosos habitantes con poco acceso a la educación y que desconocen las leyes.

Para el antropólogo e investigador del conflicto urbano en Medellín Gregorio Henríquez, estas ciudades encabezan las estadísticas porque el código no tiene en cuenta la cultura e idiosincrasia de los habitantes, además de que muchos de los nuevos pobladores no tienen sentido de pertenencia y, por ende, de respeto, por su nuevo espacio.

Jorge Mejía Martínez, exsecretario de Gobierno de Medellín y de Antioquia, opinó que las dificultades de convivencia son muy altas y, en el caso del Aburrá, las cifras de la Policía pueden ser menores a lo que se presenta en realidad.

En este sentido, el capitán Palacio agregó que las medidas correctivas más frecuentes que se aplican en Medellín son las del tipo uno y dos, que son por asuntos como riñas entre vecinos, ruido, ocupación del espacio público y tenencia de mascotas potencialmente peligrosas, acciones que muestran una tendencia a subir, por lo que, dijo, se requiere hacer más pedagogía.

Sectores

Las comunas de Medellín con más infracciones fueron el Centro, Aranjuez, El Poblado y San Javier.

Para el antropólogo Henríquez, el Centro se ha convertido en las últimas décadas en territorio en manos de la ilegalidad, un lugar donde predomina la informalidad con personas que buscan sobrevivir, lo que no permite el ejercicio de la civilidad, vital para un sitio tan concurrido como este.

Mejía Martínez observó que esta comuna, también conocida como La Candelaria, no solo es muy congestionada, sino un sitio donde falta autoridad y la ocupación del espacio público es una muestra de ello, por eso la explicación es lógica, porque como lo dice Hernández, allí se concentra buena parte de las actividades ilícitas de la ciudad.

El historiador John Fernando Mesa, afirmó que en ese lugar se aglutina un gran número de personas que no tienen apego a una esquina o una cuadra y, por eso, es allí donde la Alcaldía tiene que hacer más pedagogía.

Aranjuez, a su turno, ha sido una comuna que ha recibido a desplazados de la violencia, y ha sido un espacio de rebeldía en el sentido en que allí algunas personas, por su situación social, tratan de ir en contravía de la institucionalidad, destacó Henríquez.

A lo anterior se le debe agregar la llegada del metroplús, que le cambió el panorama al parque y otros sectores de influencia, los cuales la gente convirtió en sitios de encuentro y consumo de licor, resaltó Mesa.

Sobre El Poblado, los expertos resaltan otros aspectos.

Según Henríquez, desde hace años los alrededores del parque dejaron de ser de familias y se convirtieron en lugares de paso, espacios de dormitorio y rumba. “Les quedan pocos vecinos. Allí se ha perdido esa sensibilidad por el territorio”, dijo.

Sobre esta zona, Mejía Martínez alertó que se está presentando una situación anárquica, con la presencia de turistas sin mayor control, que violan las normas de comportamiento ciudadano, situación aprovechada por los locales para incurrir en faltas similares.

De manera parecida piensa Mesa, quien recordó que El Poblado se transformó en el sitio de la rumba de Medellín, al que se le agregó la presencia de extranjeros, y eso contribuye a que se presenten infracciones.

Alcohol y drogas

Los comportamientos más sancionados en la capital antioqueña fueron el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en parques, escenarios deportivos y otros espacios públicos, seguido por el porte de armas cortopunzantes en lugares abiertos al público.

En torno a que el mayor número de violaciones al Código sea a los consumidores, Henríquez dijo que este debería de ser un tema de preocupación entre las autoridades y los ciudadanos.

“En esta ciudad no es difícil ver a personas drogándose en andenes, paraderos de buses, en las vías y ya prácticamente es una conducta que hace parte del paisaje”, señaló el antropólogo Henríquez.

El problema se agrava, dijo el académico, porque los vendedores de drogas se apropian de forma gradual de estos espacios y, en algunos casos, presionan a las comunidades para que se opongan a la intervención institucional, situación que puede incrementar la violencia.

Martínez aseveró que el artículo 140, numeral 7 del código, que habla de consumo en espacios públicos, debe ser reglamentado por concejos y asambleas, porque no es lo mismo tomar cerveza en el parque central de un municipio, que en el de El Poblado. “La costumbre de los pueblos que tienen sus kioscos en los parques debería respetarse, pero como la norma es nacional y no está reglamentada localmente, la Policía lo tiene que hacer cumplir”, señaló.

En tal sentido, el historiador Mesa observó que el consumo de alcohol en los parques hace parte de la cultura ancestral en Colombia de apropiación del espacio público. Por este motivo, afirmó, las autoridades locales deben trabajar para cambiar esta costumbre, de tal manera que quienes no tienen esta práctica puedan disfrutar de esos sitios sin riesgo.

Cobro de multas
Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local de Medellín, informó que en 2017 la Alcaldía invirtió $20 mil millones para implementar la Ley, en especial, en adecuación de 27 inspecciones y un centro de resolución de problemas, compra de comparenderas para la Policía, potencialización de los equipos de trabajo para crear las unidades de cobros coactivo y persuasivos, y se inició la construcción de un centro para animales y otro para protección de las personas en estado de alteración de la conducta.

Para el programa pedagógico se hizo un contrato con el Instituto Técnico Metropolitano (ITM) para realizar los cursos que obliga el Código para los ciudadanos, que cometen comportamientos contrarios a la convivencia.

En cuanto al recaudo, las multas en la capital antioqueña suman $2.200 millones. Un 12 % de ellos ya se hicieron efectivos, el 67 % está en cobro persuasivo y el 21 % ya pasó al coactivo, porque los sancionados no pagaron en los 90 días que estipula la norma. A estos se les iniciará un proceso jurídico que puede llegar a embargo.

Los cursos

A los sancionados en Medellín se les permite conmutarlas por medio del programa Participación Comunitaria en Actividades Pedagógicas de Convivencia, que lo realiza la Secretaría de Seguridad, a través del ITM.

Julio Andrés Serna, director de Extensión Académica de esa institución, contó que desde el 16 de agosto de 2017 hasta el pasado primero de febrero llevaban 3.657 personas inscritas en los cursos. El 81 % son hombres y el 19%, mujeres.

Indicó que estos se realizan , sin costo, en la sede del ITM en Boston y lo dictan dos docentes, un abogado y un profesional de ciencias sociales, y trata sobre convivencia, protección de los recursos naturales y respeto de la salud propia y ajena.

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES ¿cómo sancionan no pago de multas?

El artículo 182 indica que el no pago de la multa en el primer mes genera intereses y reporte en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Si pasan 90 días se procederá a cobro coactivo (forzado). El artículo 183 dice que si la renuencia a cancelar la deuda persiste después de seis meses, la persona no podrá realizar actividades como obtener o renovar permisos para armas; ser nombrado o ascendido en cargos públicos; ingresar a escuelas de la Fuerza Pública; contratar o renovar contratos con entidades públicas, y obtener o renovar el registro mercantil. Los funcionarios que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no lo sean se les aplicará una multa tipo 4 consagrada en este Código.

ORIGEN Con poca aplicación

Hasta el 30 de enero de 2017, las conductas disciplinarias estaban incluidas en el Decreto 1355 del 4 de agosto de 1970, norma de carácter nacional que, según Jorge Mejía Martínez, exsecretario de Gobierno de Medellín y de Antioquia, era la base para elaborar otros manuales, como el Código Departamental de Convivencia (ordenanza 18 de 2002) y el Manual de Convivencia Ciudadana (1 de julio de 2006) de la Alcaldía de Medellín.

La ley nacional, recordó el exfuncionario, no incluía tantos aspectos como el actual código y, las multas no eran tan drásticas, pues figuraban en pesos (hoy se hacen en salarios mínimos legales diarios) y, como las sanciones eran irrisorias, pocas veces se aplicaban.

31 sitios de cuidado por convivencia

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, informó que la aplicación del Código se extiende a todos los rincones de Medellín y, para evitar malentendidos, desde mayo los policías de todos los cuadrantes de la ciudad que son los que portan las comparenderas, serán dotados con cámaras que llevarán en sus uniformes, como medida de protección para el ciudadano y los uniformados, porque estas grabarán todos los procedimientos, con lo que esperan que esta iniciativa reduzca las actuaciones del ciudadano contrarias a la convivencia, que están generando riñas e inseguridad.

En cuanto a la pedagogía que piden los expertos, el funcionario respondió que “con código o sin código, Medellín tiene que seguir trabajando por la convivencia y la oferta en las comunas, pero en especial en 31 polígonos detectados en diferentes comunas de la ciudad, incluido El Poblado, pero están priorizadas las comunas del nororiente y noroccidente de la ciudad que presentan difíciles condiciones sociales, de orden público y oportunidades de desarrollo”, dijo Tobón.

Destacó que para esos polígonos se está diseñando una estrategia especial, con más de 10 secretarías del la Alcaldía de Medellín, para llevarles procesos formativos y actividades que promuevan la cultura ciudadana y herramientas para resolver conflictos.

Tobón subrayó que a estos sectores la Alcaldía llevará oportunidades de empleo, acceso a la universidad, casas de justicia, cultura y recreación, con funcionarios que se trasladarán a las zonas.

¿A dónde van los dineros de las multas?

Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local, de la ciudad de Medellín, explicó la destinación de los recaudos por este concepto:

El 15 % de estos dineros se destinan al Sistema Nacional de Medidas Correctivas, que es la base de datos en la que se guarda toda la información de los ciudadanos que tuvieron un comportamiento contrario a la norma de convivencia. Otro 40 % va para la ejecución de órdenes de inspecciones de policía, como por ejemplo, solicitar una demolición.

El 45 % restante se dedica a realizar labores y procesos pedagógicos en solución pacífica de conflictos, corresponsabilidad y

convivencia.

Rodrigo Martínez Arango

Comunicador social-periodista de la Universidad de Antioquia. Redactor del área Metro hace 20 años. Periodista judicial hace 30 años. También ha trabajado como locutor y periodista de radio en la Cadena Caracol. Autor del libro Expresión oral para periodistas, editorial UPB.

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