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Una venganza de un cabecilla, en retaliación por un operativo que casi termina en su arresto, es el motivo por el cual la organización criminal “los Urabeños” habría ordenado un nuevo plan pistola contra la Policía.
La historia, según fuentes policiales, comenzó en la madrugada del pasado lunes 14 de noviembre, en una finca ubicada en la frontera del municipio de Necoclí con el corregimiento San José de Mulatos, de Turbo, en el Urabá antioqueño.
Los uniformados que participan en la Operación Agamenón tenían información sobre la presencia en ese sitio de Aristides Mesa Páez, alias “el Indio” o “Santana”, integrante del Estado Mayor de la banda narcotraficante, también llamada “Clan del Golfo”.
Los comandos de la Policía allanaron la finca en la vereda Palmeras, donde fueron recibidos a bala por la escolta personal de “el Indio”. En el intercambio de disparos, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, murió uno de los guardaespaldas.
El director de la Policía, general Jorge Nieto, manifestó que el hombre abatido tenía el alias de “Durango”, 28 años de edad y que portaba un fusil AK47 y una pistola calibre 9 milímetros. Aseguró que en el operativo fueron arrestadas otras cuatro personas y desmantelada una central de radiocomunicaciones.
El anillo de seguridad logró proteger la fuga de Mesa Páez, quien escapó internándose en el monte.
En la primera inspección a la propiedad, la Fuerza Pública encontró un par de fusiles, una pistola FiveSeven y dispositivos electrónicos de almacenamiento. En una caleta vecina, hallaron también más de cien granadas y 8.200 cartuchos de munición.
Por medio de interceptaciones telefónicas, las autoridades constataron que, en retaliación por ese hecho, “el Indio” habría ordenado el plan pistola. “La orden es que ‘polocho’ que veamos, ‘polocho’ al que le damos” y “hay que darle fusil al ‘tombo’ que dé el ‘botao’”, fueron algunos de los comentarios escuchados entre miembros de esa facción.
La primera víctima fue el patrullero Nayib de Jesús Franco Lizarazo, integrante del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar). El 16 de noviembre, dos días después del allanamiento a “el Indio”, fue asesinado con ráfagas de fusil en la vereda La Ahuyama, de Turbo.
Al día siguiente mataron al patrullero Luis Fernando Tejada Aguiar, adscrito a la Policía Ambiental, en el barrio La Vega del casco urbano de Cisneros, Antioquia. Y también acribillaron al auxiliar Diego Luis Chico Hernández, quien prestaba vigilancia en la Alcaldía de San Jacinto del Cauca, Bolívar.
En el departamento de Córdoba hubo dos atentados contra patrullas policiales, que dejaron dos heridos a bala: el patrullero José Gabriel Bustamante Sánchez, en Montería; y el patrullero Giovanny Rodríguez Loaiza, en Valencia.
En sus respectivas declaraciones a los medios, el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, y el coronel Luis Eduardo Soler, su homólogo en la Policía de Urabá, confirmaron que la principal hipótesis de estos hechos es el plan pistola de la citada organización ilegal.
Tres planes pistolas este año
Esta no es la primera vez que “el Indio” estaría detrás de un plan para atentar contra la Fuerza Pública en 2016. De acuerdo con lo expuesto por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado en varias audiencias públicas, este hombre habría ordenado el pasado mes de mayo los asesinatos de un teniente y una fiscal de la Operación Agamenón.
El plan criminal fue frustrado, con el arresto de tres personas en Necoclí, Medellín y Bello. Se trata de Orlando Osorio Martínez (alias “Saúl” o “Nicaragua”), el expolicía Eder Villada Jaramillo (“Gafas”) y Jaider Muñoz Galeano. Los tres ya fueron condenados a penas entre los 5 y 9 años de cárcel.
El anterior plan pistola lo habían decretado “los Urabeños” en retaliación a la muerte, en un operativo policial, de un integrante de su Estado Mayor: Jairo Durango Restrepo (“Guagua”), quien murió el 23 de marzo en Medio Baudó, Chocó.
Durante las dos semanas siguientes los sicarios de la banda aplicaron la venganza, que incluyó un paro armado de dos días (marzo 31 y abril 1). Murieron ocho policías y dos militares en Cartagena, Antioquia, Chocó y Nariño.
En la actualidad, “el Indio” también es perseguido por el Gobierno de Estados Unidos, quien le aplicó sanciones económicas al incluirlo en la Lista Clinton y lo requiere en extradición por el delito de narcotráfico. El Gobierno de Colombia ofrece por su captura una recompensa de hasta 500 millones de pesos.