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Solución a paro minero en Nordeste apenas comienza
Según expertos, para cumplir las bases del acuerdo que se pactó, se requiere la voluntad del Gobierno, los mineros y la dueña del título minero.
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Ayer, en la tarde, avanzaba un plantón en el sector La Electrificadora de Segovia, donde se informaba sobre los pactos y se esperaba la aprobación de la comunidad. FOTO Manuel Saldarriaga
01 de septiembre de 2017
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L a solución al conflicto minero en Remedios y Segovia apenas comenzó con los acuerdos pactados el miércoles en la Gobernación de Antioquia y serían el camino para levantar la protesta que ha paralizado esos municipios desde el 21 de julio.
Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), dijo que esas bases serán firmadas luego de la aceptación en asamblea por parte de la comunidad.
Pero en su concepto, las negociaciones son solo el inicio a un proceso de negociaciones que podrían llevarse un buen tiempo, por lo delicado de los asuntos que se pactaron entre el Gobierno Nacional, los mineros y la empresa Zandor Capital, que es la dueña del título minero en Segovia.
El dirigente gremial dijo que los puntos claves que será necesario abordar a corto plazo son el de contrato minero con la firma dueña del título, para negociar las compensaciones que tienen que ver con la repartición de las ganancias de la explotación de oro.
“Aunque estas conversaciones con los mineros se pueden llevar su tiempo, porque todas las unidades tiene diferente longitud y producción aurífera, iniciarlas de inmediato sí generaría la confianza suficiente en la región”, enfatizó.
Gómez comentó que el otro aspecto urgente a tratar es el de la comercialización. Este punto, presentado por los mineros, pide modificar las normas para obtener el certificado de origen del oro y debe cobijar a los corteros.
Yurani Ortiz, abogada experta en minería, precisó que los corteros son trabajadores de la mina que sacan los bultos de material del socavón y pactan, por tradición, un salario y un porcentaje del material aurífero.
El problema que se presenta en la actualidad es que, para comercializar el oro en el país, las personas tienen que estar inscritas en el Registro Único de Comercializadores de Mineral, para ser reconocidos por la Ley.
Entonces, dijo la abogada Ortiz, muchos mineros de Segovia y Remedios trabajan en el título de la multinacional Zandor Capital, pero cuentan con un reconocimiento legal, no tienen cómo acreditar un certificado de origen ni cumplen los requisitos para estar inscritos en el registro, lo que les impide vender el oro que extraen.
A mediano plazo uno de los puntos que hay que tener en cuenta según el secretario de Conalminercol es que el Gobierno pida el retiro del Proyecto de Ley 169 de 2016 que cursa en el Congreso, que fue concebido para proteger al minero legal, criminaliza la minería informal con aumento de las penas, para llevar a la cárcel a las personas que realicen actividades mineras sin título minero ni licencia ambiental, incluso, a quienes tengan negocios con esos mineros o que paguen con recursos que provengan de la actividad minera considerada ilegal.
La respuesta de la delegación institucional en las negociaciones a este punto fue proponer una audiencia pública en el Congreso para que las inquietudes formuladas por la Mesa Minera de Segovia y Remedios sean analizados y, en caso de considerarlas procedentes, incluirlas dentro del proyecto de ley.
Por último, dijo Rubén Darío Gómez, a largo plazo se deben generar garantías por parte del Gobierno Nacional para mantener la posibilidad de la explotación de la pequeña y mediana minería con trabajadores informales. También es necesaria una reforma al Código de Minería, Ley 685 de 2001, aseguró.
Para la abogada Yurani Ortiz, este código se enfoca en la gran minería y en la que tiene títulos, pero los pequeños mineros, “que son reales en nuestros territorios, no están ahí y por esto es necesaria una reforma al Código para que queden incluidos y se reglamente la pequeña y mediana minería en el país”.
Antonio Romero, director del centro de pensamiento de la Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera de la Universidad Nacional, opinó que uno de los problemas a resolver es que la ley exige que se avale la procedencia del mineral, pero como ese control es difícil con los mineros informales, es lógico que imponga esos límites.
Pero, dijo Romero, “la minería tiene que ser responsable con el cumplimiento de la seguridad social y normas laborales y ambientales. En algunos países lo que se ha hecho es obligar a que (los informales) se asocien, busquen inversionistas y capital de trabajo para que respondan por sus obligaciones”.
106
unidades mineras, calcula Conalminercol, están sin legalizar en Segovia.
150
beneficiaderos, según Conalminercol, puede haber en Segovia y Remedios.
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