Concluido, ayer, el plazo acordado por las partes socias del proyecto para estudiar los contratos firmados durante la anterior Administración Departamental para la construcción del túnel de Toyo, la incertidumbre sobre la obra se prolongó.
Sin decisión, al cierre de esta edición, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez mantenía su silencio sobre el proyecto y el inicio o no de la obra
Mientras tanto, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ciudad socia del megaproyecto, pidió ayer arrancar con las obras y reiteró que es de gran importancia para la competitividad de la región y el país.
“Necesitamos arrancar el túnel del Toyo. Seguimos con diálogos con la Administración Departamental. Es un proyecto que consideramos que es importante y, por eso, seguimos avanzando en solucionar las dudas técnicas y jurídicas que existan para que estos proyectos se puedan llevar a cabo”, dijo Gutiérrez.
Por su parte Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, explicó que el proyecto es de interés nacional y confió en que se avance en él.
“Nosotros estamos optimistas y esperamos una resolución a este problema para que se reinicie el contrato lo más pronto posible”, apuntó.
La suspensión del contrato fue establecida el pasado 16 de marzo tras un acuerdo entre las administraciones de Antioquia y Medellín, así como ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías y el contratista.
Inicialmente se pactó que fueran 60 días de freno, tiempo durante el que, en mesas de trabajo, se analizarían las supuestas ilegalidades del contrato denunciadas por el Gobernador. Cumplido ese plazo, el pasado 16 de mayo, el gobernador pidió prolongar la suspensión hasta el día 26 del mismo mes (ayer).
Los contratos revisados
Durante los casi dos meses y medio de estudio de los contratos, de los que previamente el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, reveló 25 hallazgos de presuntas irregularidades, el gobernador Pérez, su equipo consultor y los entes de control pusieron la lupa a tres contratos.
El primero, por un valor de $1 billón 45 mil millones, adjudicado el 14 de octubre del año 2015 al consorcio Antioquia Al Mar que tiene como objeto la construcción del Proyecto Túnel de El Toyo y sus vías de acceso en sus fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento. Otro, adjudicado el 17 de noviembre de 2015 al consorcio Integral Túnel el Toyo por $ 65.384 millones contempla la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social, predial y legal para la construcción del Proyecto Túnel de El Toyo y vías de acceso en fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento.
Las comisiones de estudio también analizaron el contrato de Gerencia adjudicado el 23 de diciembre de 2015 al consorcio Gerencia Túnel de El Toyo, por $ 34.977 millones y que comprende la contratación de la Gerencia del Proyecto, encargada de efectuar la administración integral de los contratos asociados a el Proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en todos los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, prediales, ambientales, documentales, sociales y jurídicos.
La Gobernación cuestionó la modalidad de contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión celebrado directamente con Konfirma.
Al respecto, el exmagistrado Luis Fernando Álvarez, dijo que lo suscrito estaba acorde a la ley y conceptuó que “la modalidad de selección para los mencionados contratos de prestación de servicios profesionales, es el procedimiento excepcional de contratación directa, por expresa mención contenida en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007”.
Los escenarios del Toyo
Analistas coinciden en que la oportunidad de avanzar en una obra que conecte los tramos Mar 1 y Mar 2 de las Autopistas para la Prosperidad y que lleven desarrollo a Antioquia y a Urabá, es histórica.
Para Saúl Pineda, director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario, el túnel del Toyo se hace necesario porque Urabá no es un proyecto regional, es un proyecto nacional que pone a Bogotá 350 kilómetros más cerca de los puertos de exportación.
En ese mismo sentido, Guillermo Rivera Zapata, presidente de Sintrainagro, acotó que esperaba que se cumplan los compromisos adquiridos con Urabá en materia de infraestructura y desarrollo.
El diputado por el partido Liberal Rigoberto Arroyave anotó que la gerencia del Proyecto puede ser realizada por la Gobernación y no por un privado como se estableció.
“Cómo se va a tener esa gerencia cuando tenemos un equipo idóneo en la Secretaría. Son $35.000 millones innecesarios de meterlos en eso”, enfatizó.
Tanto la ANI como Invías reiteraron su apuesta por el proyecto y el alcalde Gutiérrez añadió ayer que seguía sosteniendo diálogos con la Administración Departamental.
“Seguimos avanzando en solucionar las dudas técnicas y jurídicas que existan para que estos proyectos se puedan llevar a cabo”, dijo Gutiérrez
Aunque hay confianza en que se le despejen las dudas al Gobernador, entre las que además sobresale la carencia de licencias ambientales y estudios sociales en la zona de obras (ANI y Procuraduría dijeron que en esa fase previa no eran necesarios) una negativa a continuar con el proyecto generaría un proceso legal y el cobro de indemnización por parte del constructor.
EL COLOMBIANO conoció que el monto de una posible indemnización, si la Administración se niega a continuar el proceso, sería de $190.000 millones. Sin embargo, el gobernador Pérez, en una pasada entrevista a EL COLOMBIANO, expresó su intención de no llegar a la instancia de indemnizar al contratista.
“No pensamos en indemnizar a nadie porque no vamos a cancelar la obra. Si no se hace es porque la ilegalidad del contrato no se puede superar. Estamos trabajando para hacer el túnel y si no fuera así no estaríamos llamando al contratista para ver cómo subsanamos el problema”, dijo.
