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Vuelo de Lamia estaba autorizado tres días antes

  • El avión de la empresa Lamia se estrelló en La Unión, a 13 kilómetros de la pista del aeropuerto. FOTO juan antonio sánchez
    El avión de la empresa Lamia se estrelló en La Unión, a 13 kilómetros de la pista del aeropuerto. FOTO juan antonio sánchez
06 de enero de 2017
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2.965
km. era la autonomía del Avro RJ 85, casi igual que el trayecto Santa Cruz-Rionegro.

El vuelo de la empresa Lamia que se estrelló el 28 de noviembre antes de alcanzar la pista del aeropuerto José María Córdova, siniestro en el que murieron 71 personas, entre ellas casi toda la plantilla del equipo de fútbol Chapecoense, fue autorizado tres días antes por la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgac) de Bolivia, según un documento que publicó ayer el diario boliviano El Deber.

El documento, del 25 de noviembre, lleva el membrete de la Dgac, el organismo que se encarga de la supervisión técnica de las aeronaves, y la firma de uno de sus funcionarios, Christian Durán León, como responsable de ingresos, salidas y sobrevuelos.

La autorización señala que el peso permitido era de 41.800 kilos y que la nave podía ser pilotada por los capitanes Miguel Alejandro Quiroga (quien murió en el siniestro) y Marco Antonio Rocha. Entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre el avión podía ejecutar múltiples entradas y salidas de Bolivia, teniendo como posibles destinos los aeropuertos brasileños de Sao Paulo, Río de Janeiro, Foz de Iguazú y Chapeco, y los colombianos Rionegro y Bogotá.

Según El Deber, el documento fue enviado a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación (Aasana), entidad que aprueba los planes de vuelo.

El gobierno de Bolivia ha culpado a la aerolínea y a su piloto por los hechos y pidió iniciar querellas criminales además contra la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, quien estuvo a cargo de revisar el plan de vuelo de la nave.

El abogado de Castedo, Guido Colque, dijo a los medios que este documento mostraría que las autoridades aeronáuticas de Bolivia fueron las que autorizaron las operaciones y su cliente, que está refugiada en Brasil, quedaría exenta de responsabilidad.

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