1. ¿Qué cambios promovería en el actual régimen laboral colombiano para alcanzar niveles sostenidos de desempleo de un solo dígito y reducir el empleo informal en Colombia?
Debemos partir de una situación grave: desempleo de dos dígitos durante la última década, informalidad de 60 por ciento y empleo de mala calidad.
Los altos costos asociados al trabajo desincentivan la creación de empleo formal, existe una profusión de subsidios para los empleos informales, que a su vez generan más impuestos al trabajo y, por ende, mayor informalidad. Además, el encarecimiento de la mano de obra ha tenido un impacto en el aumento de la brecha salarial que acentúa la desigualdad.
Nuestra propuesta implica retirar los estímulos  a la informalidad, eliminar numerosas exenciones al capital para favorecer la relación trabajo/capital y fortalecer la protección al trabajador. Los empleadores deben comprometerse con dar trabajo de buena calidad.
Implementaremos una política de desarrollo que integra las políticas productiva, desarrollo regional y rural, educación, ciencia y tecnología, emprendimiento y comercio exterior. Esta política se desarrollará en un contexto económico y tributario que, por todo lo anterior, favorece la creación de trabajo formal,  mejor remunerado y estable.
Cabe anotar que entre menor es la tasa de educación mayor es el nivel de informalidad: con educación superior, llega a 15 por ciento, con primaria y menos, a 70 por ciento. Por ello, parte fundamental de nuestra propuesta laboral implica mejorar el acceso y la calidad de la educación, para generar más y mejores empleos.

2. ¿Qué diagnóstico hace usted del actual sistema de salud y específicamente cómo piensa mejorarlo?
Quince años después de la reforma de la salud existen avances concretos, especialmente en ampliación de cobertura y aumento en la cantidad de los servicios prestados.
Sin embargo, los pilares de la reforma enfrentan dificultades: el aseguramiento se ha desvirtuado por la falta de claridad en los planes de beneficios y por el elevado gasto en servicios no cubiertos; la ampliación de la cobertura se ha dado a expensas del régimen subsidiado, reduciendo la proporción de cotizantes al sistema y afectando su sostenibilidad, y hay un deterioro en la salud pública, evidente, entre otros, en la difícil situación del Instituto Nacional de Salud y en la ausencia de una visión de promoción de la salud.
Nuestra propuesta busca actualizar un único plan de beneficios con base en la experiencia internacional en la materia, que haga uso de la evaluación de tecnologías en salud que fortaleceremos en mi gobierno. Dicha actualización tendrá una abierta discusión con la ciudadanía, que con su participación señalará las limitaciones al plan de beneficios: lo que no cubre el sistema de salud debe ser decidido y aceptado por todos.
Revisaremos el financiamiento de la salud, en especial el porcentaje de cotizaciones, para restablecer la solidaridad como pilar del sistema; evaluaremos la pertinencia de centralizar programas de salud pública, fortaleceremos una política de medicamentos e insumos que genere ahorros al sistema y consolidaremos al fin la función de control que le compete al Ejecutivo para garantizar la protección de la salud de todas y todos los colombianos.

3. ¿Qué cambios considera necesarios en el actual régimen pensional colombiano?
El sistema pensional actual, también producto de la Ley 100 de 1993, se ve afectado por una situación similar al de salud: existe una multiplicidad de regímenes, con distintos esquemas, que no resuelven los problemas de ese entonces. Se mantiene la baja cobertura -solo 25% de los colombianos tienen o tendrán acceso a una pensión- y es excluyente -deja por fuera a aquellos que no tienen un contrato formal de trabajo.
El costo de mantener el sistema de prima media y la lentitud del régimen de transición impidieron sanear las cuentas del sistema, además, persisten regímenes especiales de elevado costo.
Se mantiene una transferencia intergeneracional: los jóvenes pagan la deuda ya causada y su propio gasto, problema que se agrava con el cambio de la estructura demográfica del país.
Por último, las pensiones llevan el gasto social hacia los más ricos, no se constituye en un mecanismo de igualdad social o justicia distributiva, pues beneficia predominantemente a los estratos más altos: cerca de 80% de los subsidios pensionales van para 25% de la población más rica.
El objetivo de la reforma tiene que ser el incremento de la cobertura.

4. ¿Quién representa una mayor amenaza para la estabilidad colombiana: Las Farc, el narcotráfico o Hugo Chávez?
La principal amenaza para la seguridad del país, como lo atestigua la violencia que hemos vivido millones de colombianos, está representada por la alianza del narcotráfico con las guerrillas y el paramilitarismo, de la cual han surgido las bandas emergentes. El narcotráfico es la principal amenaza para la seguridad y convivencia urbanas y es el principal combustible de la corrupción y la violencia no solo en Colombia sino en la región.
Con respecto a Hugo Chávez, hay que partir de tres supuestos: uno, nuestra soberanía no es cuestionable ni negociable. Dos, es fundamental despersonalizar las relaciones internacionales, sin caer en la tentación de hacer política apelando al nacionalismo populista, recuperaremos el profesionalismo de nuestra diplomacia para enfrentar los desafíos que nos plantean algunos Estados de la comunidad internacional. Y tres, siempre seremos respetuosos de las normas internacionales.
Tenemos una relación de vieja data con Venezuela que va más allá de los gobiernos, hay que reconstruirla con gran firmeza, defendiendo los intereses de nuestro país y desde la decencia. 
En cuanto a las Farc, es importante resaltar la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el control territorial por parte del Estado, que han producido el debilitamiento de las guerrillas. Sin embargo, mientras existan, continuarán siendo una amenaza seria para el país. Por ello, es fundamental mantener y consolidar los mecanismos, estrategias y políticas que nos han permitido recuperar la seguridad en Colombia. Las lecciones que aprendimos en el Caguán no se pueden olvidar: mientras no se dejen las armas, no hay posibilidad de negociar.

5. ¿Cómo lograr el desarrollo del campo en Colombia?
La recuperación y consolidación de la seguridad en el campo deben servir de puerta de acceso a mayores oportunidades para la población rural. Hay que crear las condiciones para que las familias campesinas permanezcan o regresen al campo.
El nuevo modelo de desarrollo del sector rural colombiano debe sustentarse en dos fuerzas: el crecimiento económico competitivo y el desarrollo social incluyente y sostenible.
El crecimiento del sector debe responder a la explotación de las ventajas comparativas del país.  El desarrollo social del campo debe ser producto de una activa política social que, además de fortalecer el capital humano y social, facilite el acceso a los diferentes factores productivos al tiempo que facilite la movilidad de los mismos. El desarrollo sostenible, tanto económico como ambiental, es resultado de marcos institucionales adecuados, de instrumentos de mercado y del fortalecimiento de las instituciones encargadas del manejo y el control del medio ambiente.
La política rural debe construirse a partir de las regiones dejando a un lado el clientelismo y la corrupción. En lugar de enfocarse solamente en subsidios, los recursos para el campo deben concentrarse en la financiación de bienes públicos esenciales para el desarrollo económico y social.
Finalmente, la estructura tributaria del país favorece las grandes extensiones de tierra improductiva, dados los bajos niveles de impuesto predial que se cobran. Para revertir esta situación, crearemos desde el Gobierno Nacional una mayor carga impositiva a la propiedad de grandes extensiones que no se revierta claramente en mayor trabajo y productividad.