10 años del aborto como derecho en Colombia

  • 10 años del aborto como derecho en Colombia
Por santiago valenzuela | Publicado el 10 de mayo de 2016
en definitiva

El debate sobre la despenalización del aborto se ha centrado en la argumentación científica. El exfiscal Eduardo Montealegre propone que se pueda practicar hasta los seis meses.

Cuando se apagó la vida de Martha Sulay González, el debate alrededor de la despenalización del aborto en Colombia fue inminente. En mayo de 2007, después de luchar dos años en los estrados judiciales para que le permitieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer falleció.

Tenía cuatro hijas. La última llegó contra todo pronóstico, pues se había practicado una ligadura de trompas. Cuando tenía cuatro semanas de embarazo le notificaron que padecía de cáncer de cuello uterino, el cual debía ser tratado con quimioterapia. Por la salud de la bebé no le permitieron el tratamiento. Nació y ella murió después de que el cáncer hiciera metástasis en todo su cuerpo.

Con ayuda de la abogada Mónica Roa, el caso llegó a la Corte Constitucional. Hace una década, el 10 de mayo de 2006, la Corte profirió la sentencia C-355, que permitió la interrupción del embarazo bajo tres causales: riesgo para la vida y la salud de la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida.

Según el Ministerio de Salud, en la última década se han practicado alrededor de 27.000 abortos legales. En el Congreso se ha utilizado la cifra de 44.000 abortos, que sigue siendo baja si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Profamilia, se han reportado alrededor de 398.000 abortos clandestinos.

En 2010, el Instituto Guttmacher (Estados Unidos) publicó una investigación señalando que el número de abortos clandestinos en Colombia era de 400.078.

El problema de los abortos ilícitos no se presenta solamente en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cada año se producen alrededor de 22 millones de abortos inseguros”.

Entre 2003 y 2008, señaló la organización, hubo un aumento de 20 millones de abortos inseguros, principalmente en los países en vías de desarrollo.

De acuerdo con la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la cual ha seguido de cerca y apoyado a las mujeres que han defendido la interrupción del embarazo desde el ámbito jurídico, en los últimos 10 años 934 mujeres han pedido ayuda. El 74 % de las mujeres que acudieron a la organización por el tema de aborto lo hicieron por problemas de salud, el 14 % por malformación del feto, el 9% por violación y el 3% por otras razones.

Mónica Roa, directora para Latinoamérica de Women’s Link Worldwide, le dijo a Colprensa que en estos momentos es necesario “trabajar para que todas las mujeres tengan acceso a ese derecho, incluyendo a las que no están en las ciudades grandes. Trabajar en la información en las regiones, en formatos accesibles para los diferentes tipos de mujeres, las que no saben leer, las que no tienen acceso a internet o hablan otras lenguas”.

Uno de los puntos que sigue generando controversia es la objeción de conciencia que esgrimen algunos médicos para no practicar los abortos. Al respecto, César Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), explica que se debe distinguir “entre la objeción de conciencia individual y la institucional. Un médico que cree que el procedimiento atenta contra sus creencias puede negarse a hacer el procedimiento y eximirse individualmente, pero eso no podría suceder con las instituciones”.

Debate sigue vigente

El debate alrededor del aborto ha pasado al terreno de la despenalización total. El pasado 28 de marzo, el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, radicó un proyecto de ley que tiene como objeto despenalizar el aborto hasta los seis meses de embarazo.

A finales de 2015, la senadora Vivian Morales agregó insumos al debate, señalando que se debe discutir cuándo comienza el derecho a la vida y quién establece que debe ser hasta 12 o 16 semanas.

A su voz se ha sumado la del procurador General, Alejandro Ordóñez, quien le solicitó a la Corte Constitucional precisar los argumentos científicos que validan la interrupción del embarazo. Pide, por ejemplo, que las organizaciones científicas determinen cuál es el momento idóneo para realizar el aborto, que establezcan la relación entre las malformaciones fetales y la salud mental de la madre y que determine si las afectaciones a la salud materna son suficientes para que una mujer se someta a un aborto. Habló sobre “la necesidad de sentar al menos una regla jurisprudencial, basada en consideraciones científicas, relativa al momento o tiempo de gestación dentro del cual es viable practicar el aborto”.

Para el padre Mauricio Vélez, de la arquidiócesis de Medellín, “no se puede estar de acuerdo con la despenalización del aborto porque es disponer de una vida inocente. Cuando nosotros hablamos del aborto hablamos de una irresponsabilidad del hombre que dispone de una vida que no le pertenece”.

Monseñor José Daniel Falla Robles, secretario general de la Conferencia Episcopal, dijo mediante en un comunicado que la propuesta para despenalizar totalmente el aborto “no va en sintonía con la búsqueda de la paz en el país, porque el atentar contra la vida es un signo de la violencia que por muchos años se ha ensañado con los más débiles e inocentes”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha basado en lo que los organismos internacionales han señalado sobre el tema. Human Rights Watch, por ejemplo, ha señalado que “el acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad”.

Y agrega que “los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos”.

El jurista Carlos Gaviria (q.e.p.d.) aportó al debate una reflexión sobre la autonomía de la mujer: “Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosifcarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia”.

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES Objeción de conciencia

La libertad de conciencia es reconocida por el Estado colombiano y por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión”. Por esta razón, algunos médicos se han negado a practicar abortos porque puede ir en contra de su religión y por ende no están autorizados a “actuar contra su conciencia”. Para la Iglesia Católica, el aborto es una práctica contraria a la fe, que va en contra de la vida. El deber del médico, según la Iglesia, es protegerla.

Santiago Valenzuela

Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.

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