Ever Payares es el personero del municipio de Teorama, ubicado en el corazón de la región de Catatumbo, Norte de Santander. En ese cargo cumple ya poco más de siete años y confiesa que ya perdió la cuenta de la cantidad de amenazas que ha recibido.
En esa zona del país la presencia de grupos armados ilegales como el Epl, Eln y Farc (ahora con sus disidencias), la cantidad de cultivos de uso ilícito y la presión del Estado por medio de las Fuerzas Armadas, se convirtió en una mezcla difícil de manejar para quienes deben velar por los derechos de las personas.
“A nosotros, como agentes del Ministerio Público, se nos ha hecho muy difícil cumplir con nuestro trabajo en el sentido de que cuando se empieza a denunciar o a visibilizar la realidad del territorio, pues hay sectores que no les gusta y esto representa un incremento al riesgo de nuestra integridad”, afirma Palacio.
Dice que desde 2013 empezó a recibir amenazas. Confiesa que han llegado desde todos los bandos: Fuerza Pública, grupos armados ilegales, delincuencia común. Las amenazas han ido de menos a más, casi siempre vía telefónica o textos, pero el año pasado todo se agravó y uno de los grupos armados ilegales secuestró a uno de sus hermanos con el fin de exigir la renuncia a la Personería.
“Actualmente, tengo un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, y soy personero del municipio hasta el año entrante”, agregó el funcionario.
La situación de Ever Payares la viven otros 111 personeros del país, lo que significa que cerca del 10% del total de los representantes del ministerio público se encuentran amenazados.
“En muchos casos son varios los colegas que han tenido que renunciar, otros deben despachar desde las ciudades capitales. Nuestro gremio se encuentra en mucha vulnerabilidad”, afirma la presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, Fenalper, Sandra Lorena Cárdenas, quien agregó que de todos los personeros perjudicados, ocho renunciaron durante el año pasado y “los demás están a la espera de medidas de protección o ya las tienen”.
Explican desde Fenalper que los motivos de las amenazas son diversos y pueden ir desde denuncias por actos de corrupción hasta hechos relacionados con el conflicto armado, siendo los grupos armados ilegales como el Eln, Epl, Clan del Golfo, Caparrapos, disidencias de las Farc, entre otros, los que más generan intimidaciones y obstáculos para el trabajo de los personeros.
La presidente de Fenalper dijo que algunos municipios de Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Cesar, Guaviare, Caquetá, Vichada, Arauca, Huila, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero son donde más se han presentado las amenazas y por la situación que se está viviendo, se tomó la decisión de elevar el pedido de ayuda.
“Esto ya lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos pidiendo medidas de protección y que la comisión le ordene al Estado que a compañeros amenazados les conceda las medidas necesarias para poder realizar su labor en esas zonas donde hay riesgos”, dijo Sandra Lorena.
