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Una vez se realicen los comicios presidenciales, el Senado de la República decidirá la conveniencia o no de la consulta anticorrupción. La tomará el próximo 5 de junio.
La propuesta fue elevada por el Centro Democrático, argumentando que existe el riesgo de una interferencia política en la votación de la consulta, dado que una de las promotoras es la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, que también es la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.
Sin embargo, fueron varias las dudas que se plantearon frente a los siete puntos que consagra esta reforma.
Varios senadores cuestionaron que los cambios que se proponen necesitarían una reforma constitucional, un poder que supera las competencias de las consultas. Otros recalcaron que ya existen elementos de control vigentes que hacen lo que se propone en la consulta, pero que no son utilizados.
Además de que la sesión inició tarde, la discusión del proyecto se vio demorada varias horas de más, pues 29 senadores se declararon impedidos para votar, es decir que consideraban que habían razones personales que podían viciar su voto. Argumentaron conflicto de intereses por cuanto el punto 1 y 7, que rebaja su sueldo y su posibilidad de reelegirse más de tres veces, les afectaría personalmente.
Sin embargo, a ninguno de estos congresistas le fue aceptado el impedimento, que les apartaría de la votación.
No estuvo libre de polémica esta demora, pues la senadora López sostuvo que no podía haber impedimento, pues no se encontraban votando una ley, sino la conveniencia de que los ciudadanos acudan a las urnas.
Por eso mismo, tampoco podrían los legisladores modificar o pronunciarse sobre el contenido de los siete puntos.
La consulta anticorrupción permitirá a los ciudadanos decidir sobre la implementación de siete modificaciones al Estado que reducirán ciertas facultades y beneficios de los funcionarios, con lo que se busca evitar que sean proclives a participar en corruptelas (ver las claves).
Pero llegar a este punto tampoco ha sido sencillo. Luego de recorrer el país en busca de firmas, el comité promotor le entregó a la Registraduría poco más de 4 millones de firmas el 27 de julio de 2017.
Tras aprobarse 3 millones de ellas, tuvieron que pasar más de 6 meses para que el Consejo Nacional Electoral, CNE, diera el visto bueno a la consulta, en enero de este año.
El del Senado es el último paso para que esta consulta, que será sometida al voto ciudadano para su aprobación o hundimiento, vea la luz.
De aprobarse, la ley manda al presidente, Juan Manuel Santos, a fijar la fecha de la votación en un plazo de ocho días y con eso, la Registraduría tendrá 100 días para llamar a los ciudadanos a las urnas.
Para que las siete reformas de la consulta sean una realidad, deberán superar un umbral de 12 millones de votos, de los que, por supuesto, la mayoría vote sí. Este es un número bastante alto en comparación al promedio de los últimos años.
Por citar un ejemplo, el candidato con mayor número de votos en toda la elección del 11 de marzo, que fue Iván Duque, sacó 4,4 millones de votos.