Tras cinco años en abandono, el edificio más alto de la calle 42, de cinco pisos, en el barrio Bellavista en Buenaventura, retomó labores hace pocos días para terminar los últimos dos niveles.
Sin embargo, el peso de los años, más los materiales dejados en la estructura esquelética, causaron que las placas cedieran y el edificio se viniera abajo, lo que generó terror en el vecindario que dijo haber sentido movimientos en el armatoste en días pasados.
Esta es la primera hipótesis que se maneja frente al hecho, aunque se encuentra aún en verificación si la construcción tenía licencia vigente para retomar las obras.
“Vamos a definir las condiciones económicas para reubicar las familias de manera temporal mientras se determina el derribo del resto de la estructura que está en pie y lógicamente iniciar con el proceso de reparación de las viviendas que resultaron afectadas”, dijo Luis Fernando Ramos, secretario de Seguridad del Distrito.
El hecho no dejó pérdidas humanas pero sí cuatro heridos que fueron trasladados a la Clínica Santa Sofía de este municipio del Valle del Cauca.
Además de eso, dos viviendas vecinas a la edificación caída también resultaron afectadas, pues en el lugar, las casas se encuentran muy cercanas las unas de las otras.
Con este nuevo hecho llegan a tres los desplomes que han ocurrido en el país de edificios en los que se han presentado serias irregularidades.
De paso, renace la necesidad de aumentar el control sobre las edificaciones y las licencias para realizarlas.
El primero del año, con el que se reavivó el sentido de la urgencia para el control de licencias de construcción tras la tragedia del Space en Medellín, fue el edificio Blas de Lezo en Cartagena.
18 personas murieron y 23 más resultaron heridas producto del desplome de esta edificación que tenía licencias falsas de construcción, el 27 de abril pasado.
Solo dos días después, en Turbaco, Bolívar, a tres horas de Cartagena colapsó un edificio en momentos en los que se fundía una de sus placas. El hecho dejó cinco heridos y serias dudas sobre si se trató de un error humano.
Con ese sentido de urgencia, desde el mes de julio pasado, la Superintendencia de Notariado y Registro instaló un grupo élite de 12 funcionarios para vigilar las 72 curadurías urbanas que funcionan en el país para evitar que se presenten desplomes.
En poco menos de cuatro meses, el grupo ha hecho visitas periódicas y ha arrojado sus primeros resultados, aunque solo para Cartagena, en donde se presenta la problemática más apremiante.
En la capital de Bolívar se han identificado 47 licencias falsas, lo que corresponde a 532 unidades privadas.
