El juez de control de Garantías que debía definir si la captura de Feliciano Valencia fue legal se declaró impedido. Las autoridades indígenas calificaron esta decisión como una jugada “dilatoria” por parte de la justicia ordinaria. Esto quiere decir que Valencia seguirá recluido en el centro penitenciario San Isidro, en las afueras de Popayán, por tiempo indefinido.
Las organizaciones indígenas del Cauca han buscado la absolución de Valencia a toda costa. Ayer instauraron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de revocar el fallo del Tribunal Superior de Popayán que condenó a Valencia a 18 años de prisión.
El CTI de la Fiscalía capturó a Valencia el pasado 15 de septiembre. De acuerdo con el Tribunal Superior de Popayán, Valencia incurrió en los delitos de secuestro simple agravado y lesiones personales. El caso se remonta a 2008, cuando las autoridades indígenas retuvieron al cabo Jairo Chaparral . El militar fue sometido a un castigo de 20 latigazos por infiltrarse en la comunidad indígena.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) ha argumentado que la detención de Valencia fue arbitraria. En 2008, dijeron, al líder indígena lo encontraron “aplicando justicia desde la ley de origen y el derecho propio a un soldado miembro del Ejército que se infiltró en territorio indígena y fue encontrado con material de intendencia militar”, señalaron en su defensa. Estos argumentos, los expusieron ayer ante ONU Derechos Humanos.
Aunque en primera instancia estos argumentos fueron acogidos por la justicia, la Fiscalía General insistió en que el militar había sido retenido por las autoridades indígenas por más de 14 horas, sometiéndolo a tratos inhumanos. En segunda instancia el Tribunal le dio la razón a la Fiscalía y se ordenó la captura de Valencia.
En su único pronunciamiento desde que fue detenido Valencia se defendió señalando que no hubo secuestro, pues al soldado se le permitió comunicarse con su familia. Luego del castigo fue entregado a la Defensoría del Pueblo, dijo.
El caso de Valencia ha generado un nuevo debate sobre la justicia indígena. Para Rodolfo Arango, PhD en Filosofía y Derecho, existe “un conflicto entre la jurisdicción indígena ejercida por las autoridades tradicionales y la jurisdicción penal colombiana. El problema se presentó por los tratos que le dieron al militar. De pronto hubo una extralimitación de las autoridades indígenas, pero no hasta el punto de condenarlas a 18 años de cárcel por secuestro. Eso es desconocer el principio de diversidad étnica”.
Para José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, la justicia indígena no puede ir en contravía de la justicia ordinaria: “La Constitución establece la jurisdicción indígena como una forma de reconocimiento a las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas. Es una justicia excepcional, que corresponde a la comunidad, al ámbito del territorio de la comunidad, pero no puede contradecir la normatividad constitucional. La justicia indígena sólo rige en el ámbito de la misma comunidad. Cuando fui magistrado presenté salvamento de voto porque nunca he estado de acuerdo con prácticas como los latigazos, porque sin duda pueden resultar difamantes”.
