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Caso Pizano, una cadena de errores
El director Carlos Valdés renunció al reconocer falla en los procedimientos. Lo que sigue.
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Carlos Valdés, hasta el jueves director de Medicina Legal. FOTO colprensa -
Jorge Enrique Pizano
22 de diciembre de 2018
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La renuncia del director de Medicina Legal Carlos Valdés, en la noche del pasado jueves, sigue sembrando un manto de dudas alrededor de la muerte de Jorge Enrique Pizano, excontroller (auditor) de la Ruta del Sol II, quien falleció el pasado 8 de noviembre. Desde su muerte, no ha pasado una sola semana en la que se abra algún debate sobre el caso.
A esto hay que sumarle la muerte de su hijo, Alejandro, dos días después, tras ingerir cianuro, al parecer, de una botella de agua saborizada, que estaba en una de las habitaciones de la finca familiar, en Subachoque, Cundinamarca.
Este es, si se quiere, el caso judicial y político más sonado de este año, y quedó prácticamente como al principio, pues Valdés entró en una serie de contradicciones respecto de la muerte de Pizano.
En un primer momento, manifestó que las pruebas aplicadas a las muestras recolectadas del cadáver de Pizano daban fidelidad para asegurar que había fallecido por un infarto, es decir, muerte natural, ignorando la presencia del cianuro que ingirió el hijo y el material que encontró la Fiscalía en esta vivienda.
En esa primera ocasión, durante una rueda de prensa ofrecida el 27 de noviembre, y acompañado por el fiscal del caso, Luis González, Valdés afirmó que la muerte se debió a un infarto (natural) e, incluso, señaló que el cotejo de muestras de sangre dejadas en una toalla de Pizano y la necropsia permitían concluir que no hubo “manos criminales” en su deceso.
Sin embargo, hay otro ingrediente al polémico caso. El miércoles pasado, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, decretó ilegales las pruebas recolectadas por la Fiscalía, tal cual lo había manifestado la Procuraduría General de la Nación y un juez de El Rosa.
La decisión se dio porque las pruebas se recogieron entre el 17 y 18 de noviembre en la finca de Pizano, y la audiencia fue el 23. Se hizo por fuera del tiempo de ley.
¿Entonces?
Pese a que Valdés había dicho, el 27 de noviembre, que encontraron rastros de sangre en una toalla de baño, su versión cambió, al asegurar que se había tratado de saliva, y que los peritos del Instituto de Medicina Legal solo pueden decir que no había cianuro, pero no que no fue envenenamiento.
“Tenemos la certeza de que no se halló cianuro. Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró de la muerte días después con el cuerpo incinerado. No damos fe de la causa”, dijo el miércoles 19, luego de que un grupo de funcionarios del sindicato del Instituto, en un documento, del pasado 10 de diciembre, señalaron que había dudas frente a los procedimientos para concluir que no había envenenamiento. “No se ajusta al Procedimiento de Trabajo” de la entidad.
¿Qué viene?
Este diario habló con el exfiscal General, Alfonso Gómez Méndez y con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, para analizar los efectos de lo que ha sucedido y lo que vendrá tras la renuncia de Valdés.
Gómez Méndez, quien fue jefe de Valdés, no duda de la “honorabilidad” del ahora exfuncionario, destacando que reconoció un error, lo cual no debería afectar la “intachable hoja de vida que tiene”.
El exfiscal sostiene que Valdés “no le ha trasladado la culpa a quien probablemente lo ha hecho caer en el error. Él ha asumido políticamente el error”, además, resalta que, como lo dijo el exdirector, la “confusión entre sangre y saliva no le restan precisión al resultado de la evaluación” (ver Paréntesis).
Arrubla sostiene que quien valora las pruebas es el juez y, “si las considera ilegales, quiere decir que hubo errores en su recoleccion o custodia. Algo anda mal”, dice el exmagistrado, destacando que “confundir sangre con saliva es un error inexcusable”, y que como el cadáver de Pizano fue incinerado, “allí empezaron los errores, pues no se debió permitir su destruccion para poder investigar”.
El expresidente de la Corte dice que el proceso perdió su mejor aporte para esclarecer los hechos, pues se perdió la información contenida por el cadáver. “Si el juez no encuentra otras pruebas nos vamos a quedar sin saber qué fue lo que en realidad pasó. Si lo mataron o si murió de muerte natural”. Por ahora, el ente investigador deberá encontrar nuevas pruebas, si las hay, para avanzar en la investigación, que permita definir si se trató, como lo dice el saliente director de Medicina Legal, de una muerte natural, o si hubo manos criminales. El caso también es investigado por la Procuraduría, que inició una investigación preliminar.
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