Muy temprano el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, salió a desmentir ayer las denuncias hechas por el columnista Daniel Coronel sobre su presunto enriquecimiento luego de que los ‘Bonos Agua’, cuando fue ministro de Hacienda en 2007, pusieran en aprietos las finanzas de 117 municipios.
El caso ya había sonado años atrás y se volvió a ventilar cuando el presidente Iván Duque lo designó en su gabinete. Según Carrasquilla, es falso que él o sus socios se hayan apropiado de la diferencia entre la tasa de colocación y la de préstamo de los Bonos.
“Los denominados “Bonos Agua” le permitieron a 117 municipios del país utilizar en el primer año recursos asignados por ley durante los 19 años siguientes para el desarrollo de infraestructura (...) Decir que los municipios se empobrecieron, cuando en realidad por primera vez en la historia pudieron construir la infraestructura para dotar de agua potable a sus poblaciones, es una falacia”.
La movida de la oposición
Ante este panorama los senadores Armando Benedetti, de La U, y Jorge Robledo, del Polo Democrático, empezaron a ambientar un debate del control político, con miras a que termine en una posible moción de censura, que obliga a Carrasquilla a dimitir.
Sobre la posibilidad de que la moción prospere, con una oposición minoritaria en ambas cámaras, el senador Robledo le dijo a EL COLOMBIANO que lo primero es hacer el debate y que luego se mire si se tramita una censura. “Son dos cosas distintas y deben separarse. Lo que va el martes 18 es un debate de control político”.
De igual manera, señaló que le está haciendo seguimiento a otros posibles conflictos de intereses que tiene el ministro Carrasquilla, pero con relación al sector salud y que serán presentados en un debate de control político en el Congreso, que se haría la próxima semana.
Aunque los hechos que se le endilgan al ministro ocurrieron hace más de cinco años y, a simple vista, ya prescribieron, Juan Camilo Muñetón, docente de Derecho Penal de la U. de Antioquia, afirmó que de haberse incurrido en la conducta de enriquecimiento que se le endilga, sí procede el ejercicio de la acción penal, pues esta no ha prescrito, teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) amplió el plazo de dicho término.
¿Tiene futuro la moción?
Ese instrumento fue creado en la Constitución de 1991, pero nunca ha sido efectivo. Deben proponerla, por lo menos, la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros de cada cámara.
Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política del Externado, recordó que moción de censura y es quizá el mecanismo, con la Comisión de Acusaciones, más ineficaz de toda la Constitución. “Dudo mucho que se logre porque la bancada de Gobierno no lo permitirá, porque sería un golpe colateral a ellos mismos en nombre del presidente”.
Para Pedro Piedrahita, docente de Ciencia Política de la U. de Medellín, la censura es un mecanismo de control político que establece unos requisitos casi imposibles de cumplir. Agregó que no hay capacidad política para sacar adelante la moción.
Agregó que, independiente de la decisión que tome el Congreso, la principal consecuencia del caso Carrasquilla ya está dada, y es la afectación en materia de favorabilidad y legitimidad en el Gobierno Duque. “Que un ministro que pretende hacer grandes reformas para la extracción de recursos sea cuestionado por corrupción, no es un buen mensaje para la sociedad, sobre todo, con el debate anticorrupción abierto en el país”.
En contraposición, Jorge Iván Cuervo, docente de la U. Externado, aclaró que, en general, la moción funciona para cuestionar actos del propio Gobierno y no actuaciones pasadas del ministro.
“Nunca han prosperado. En el gobierno de Andrés Pastrana, cuando le iban a promover una al ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, actual fiscal general, este prefirió renunciar para evitar el costo político”.
No obstante John Fredy Bedoya, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, precisó que esta vez podría funcionar porque no es solo para remover a alguien del cargo por incumplimiento de funciones sino también porque no es apto éticamente para desempeñarlo.
Por el momento, el Gobierno Duque mantiene el respaldo al ministro Carrasquilla, quien se sostiene en que no ha actuado por fuera de la ley y que está listo para asistir a la cita hecha por Robledo.
