Bogotá tiene 14.106 hectáreas de cerros orientales. En 13.133 no se puede construir porque el Consejo de Estado las declaró como reserva forestal en 2013. Las 973 hectáreas restantes fueron catalogadas como “franja de adecuación”. Allí existen 60 barrios y más de 50 planes inmobiliarios. En marzo pasado, la Secretaría Distrital de Planeación expidió una resolución ratificando que la franja de adecuación es rural y no urbana. Así estaba establecido desde 1977, por una resolución del Inderena.
La resolución de la Secretaría de Planeación tiene enfrentados al gremio de la construcción con la Alcaldía de Bogotá. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que entablaría un incidente de desacato contra el alcalde Gustavo Petro y el secretario de Planeación, Gerardo Ardila. EL COLOMBIANO conoció el incidente de desacato, interpuesto ayer por el jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Vivienda, Julián Andrés Vasco, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dos argumentos centrales sobresalen en el desacato: la resolución de la Secretaría de Planeación, dice el Ministerio, “cambia la clasificación del suelo, que solo se puede hacer con revisión del Plan de Ordenamiento Territorial”. El segundo reparo es que la Alcaldía no “reconoce los derechos adquiridos a constructores para que realicen proyectos en la zona”.
Henao dice que “existen estudios que concluyen que no se puede hablar de valor ambiental en las 973 hectáreas de la franja de adecuación. Existen 60 barrios y varios proyectos. Además fueron varios constructores los que adquirieron licencias de construcción y ahora no las pueden ejecutar porque no hay seguridad jurídica. Las 13.000 hectáreas de reserva forestal son sagradas y no se van a tocar”.
El fallo del Consejo de Estado dijo que no se podrán otorgar nuevas licencias de construcción en los cerros. Respetó, sin embargo, los derechos adquiridos de los constructores que obtuvieron licencias en la franja de adecuación antes de 2005, año en el que el Ministerio de Ambiente estableció la delimitación.
El Distrito capital, dice Liliana María Ospina, subsecretaria de Planeación, no está “transformando el suelo urbano en rural ni irrespetando los derechos adquiridos de los constructores. La discusión que nosotros sostuvimos con el Ministerio de Vivienda se dio porque ellos consideran que la franja de adecuación debería ser urbana, cuando nosotros tenemos la claridad de que ha sido rural y seguirá siendo rural”.
Frente a los derechos de los constructores Ospina precisa que “la resolución de la Secretaría sí reconoce los derechos adquiridos. Todos los barrios que se edificaron antes de 1977 son reconocidos como urbanos. Para las licencias que se tramitaron antes de 2005 se reconocerán si cumplen con los términos legales y si el propietario la presentó sin conocimiento de que existiera la reserva”.
Actualmente, la Secretaría estudia cientos de expedientes sobre licencias urbanísticas en los cerros orientales. Cuando termine esta revisión, se espera a finales de este año, el Distrito podrá implementar un plan de manejo para la franja de adecuación.
La discusión entre Alcaldía y el Ministerio de Vivienda no es nueva. De hecho, el alcalde Gustavo Petro ha cuestionado la afinidad de los postulados de Camacol con los del Ministerio de Vivienda. Sobre la supuesta defensa de los proyectos inmobiliarios en la franja de adecuación, el ministro respondió: “El Consejo de Estado dijo que los derechos adquiridos se tienen que respetar. No estoy defendiendo 50 proyectos, no sé cuántos son, se lo juro por mi hijo. Solamente quiero hacer respetar la seguridad jurídica en Bogotá”.
