La reciente captura del tercer hombre en importancia de la compañía Néstor Tulio Durán del Eln, la cual hace parte del frente de guerra Occidental de esa guerrilla en Chocó, abrió las puertas para una denuncia que podría evidenciar una crisis en varias poblaciones de ese departamento aún afectadas por el conflicto armado: la instalación de nuevas minas antipersonal en los alrededores de algunas comunidades.
La advertencia la hizo el Ejército tras la detención de alias Wilmer, quien según esa institución, “había ordenado la instalación de campos minados en trochas aledañas a la comunidad indígena, ocasionando también el desplazamiento de población civil de los ríos Truandó y Chintadó”.
La situación, según las comunidades y las mismas autoridades civiles, se ha generado por el enfrentamiento que tienen en esa región del país la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), por lo que el grupo insurgente, específicamente la compañía mencionada, decidió minar de manera indiscriminada la región.
“Nosotros entramos en la zona para poder proteger a la población civil, hicimos un desminado militar o de emergencia para que se pudieran brindar unas zonas de tránsito para civiles y tropa oficial, logramos desactivar unos 15 campos minados, pero los guerrilleros volvieron a contaminar otras áreas, dejando prácticamente en jaque a comunidades como Las Pavas, Paradó, La Nueva, La Tortuga”, aclaró el general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército.
Desde esa institución afirman que a pesar del pedido de las comunidades y de que es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, ese grupo guerrillero continúa instalando explosivos, “a tal ritmo que hace dos semanas una de sus estructuras activó uno de esos campos minados y dos de sus integrantes murieron”.
Comunidades piden respeto
Las comunidades indígenas y afro afectadas por esta situación, hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la guerrilla del Eln, para que sus territorios sean excluidos de la guerra, también pidieron una participación directa en los diálogos que se adelantan entre esas partes en Quito, Ecuador para exigir un combate directo por parte del Estado a las bandas criminales o paramilitares como ellos llaman, y al Eln dejar la ofensiva contra la comunidad.
“La población civil debe estar fuera del conflicto armado, no debe haber secuestro, muertos, tortura, violaciones, desplazamiento. En nuestro territorio hay zonas contaminadas por minas, queremos que esto se pare y se adelante un desminado con la participación de las comunidades, queremos que se pare el reclutamiento de nuestros jóvenes, no los queremos en la violencia”.
Otoniel Queragama, secretario general de la Asociación indígena Orewa (Chocó), confirmó que la situación es delicada, son muchas las comunidades confinadas y desplazadas por este fenómeno de la guerra, “en algunos casos la gente no puede ni siquiera acceder a los cultivos, saben que hay minas ahí. Les hemos pedido a los actores armados que nos digan dónde están esas minas para no correr más riesgos, pero no dan respuesta”.
Riosucio el más afectado
Todo este municipio se ve afectado por las minas antipersonal. En la zona urbana aún permanecen más de un centenar de familias que llegaron hace tres meses desde las comunidades afro que se ubican cerca al río Truandó, huyendo de los combates y su regreso no está asegurado debido a los explosivos.
“Acá en el casco urbano está cerca del 90% de la comunidad afro que habita en esa zona, mientras que los indígenas continúan allá pero prácticamente confinados por las minas instaladas. Este año ya dos civiles han resultado heridos al activar los explosivos y hace ocho días un indígena murió en una zona que supuestamente había sido descontaminada; todo esto sin contar los combatientes afectados”, asegura José Ángel Palomeque, secretario de gobierno de Riosucio.
El funcionario dice que “desde que los del Eln se instalaron hacia el río Truandó en 2015 y la entrada de los paramilitares en ese mismo año se sembraron muchas minas en varias partes. Esa situación se vuelve a repetir desde marzo de este año cuando las Agc se metieron a ese territorio, lo que generó que los guerrilleros minaran los campos poblados con los resultados que conocemos”.
90 %
de la comunidad afro que habita cera al río Truandó ha salido desplazada.
