Después del impacto que han generado los dos mayores escándalos de corrupción del año en el país, el de sobornos de la multinacional Odebrecht y al interior de la Corte Suprema de Justicia, al parecer las autoridades se han sacudido del golpe y han empezado a mostrar avances en la investigación de lo que en realidad pasó en estos dos escenarios.
Esto se ve reflejado en la búsqueda de un acuerdo con la justicia en nuevos actores de ambos escenarios.
Aunque han resultado polémicos algunos tratos por la rebaja que se podría generar a delitos graves, es innegable que los testimonios de Gustavo Moreno, Alejandro Lyons, Otto Bula y Gabriel García Morales, en algunos casos que ya están avanzados, han ayudado a entender el panorama general e identificar a otros actores.
Hasta el momento, es en el escándalo judicial donde ha habido mayores avances, pues el espectro de Odebrecht es aún mayor y salvo en la adjudicación del contrato de adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, por parte del concesionario Ruta del Sol, hay otros frentes de investigación que siguen estáticos y le están creciendo nuevas ramas al caso principal.
Sin embargo, estos avances son positivos a juicio del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, que consideró que “pareciera que el tema de la corrupción en la justicia opacó a Odebrecht en los medios”.
A raíz de las dignidades que ostentaban los involucrados, aseguró que los avances en las investigaciones son urgentes pues “la sociedad lo requiere para devolver la confianza institucional”.
Con nuevas revelaciones cada día, el debate también debe analizar lo que se debe hacer para prevenir nuevos casos de corrupción. En este sentido, Pablo Sanabria, doctor en política pública y experto en temas de corrupción, recomienda ver el problema con más perspectiva y menos indignación.
Acorde a las investigaciones que ha encabezado como docente de la Universidad de Los Andes, ha encontrado que las medidas nacionales y generales no ayudan.
“La corrupción es un fenómeno local y responde a particularidades en cada municipio, por eso las políticas nacionales lo que hacen es generar trabas a la administración pública”, advirtió.
Esto lleva a pensar que existe un fenómeno social que se debe combatir mejorando las herramientas para elegir funcionarios, para ver las condiciones en las que laboran y para que la ciudadanía haga su propio control.
Mientras ese cambio llega al país, aprovechamos para contarle cómo se están moviendo los principales actores en estas tramas: .
Sobornos y corrupción desde Odebrecht
Bernardo Elías,
senador suspendido
Pasó de ser un aliado valioso del Gobierno a ser el primero en involucrar directamente al presidente Juan Manuel Santos en el recibo de dinero de Odebrecht.
En sus primeras actuaciones pidió a la Corte Suprema interrogar al mandatario y sus ministros sobre la forma como se dio la firma del otrosí Ocaña-Gamarra, pues considera que su actuación no tuvo la relevancia que se ha querido mostrar.
Desde septiembre, decidió buscar un acuerdo con la justicia por los cuatro delitos imputados en su contra. Para probar su disposición, reveló que la campaña Santos 2014 tuvo relación con el otrosí.
Tras un mes, se desconocen avances en el proceso.
Otto Bula
exsenador
Uno de los primeros en caer por el escándalo, llegó a un preacuerdo por uno de los dos delitos de los que se le acusa en la justicia.
Por el cargo de cohecho, en la entrega de un apartamento como soborno al exfiscal Rodrigo Aldana, recibió una pena de 90 meses de prisión.
Por el segundo, de enriquecimiento ilícito por recibir dinero de Odebrecht, aún se encuentra en negociación.
Desde su defensa dicen que Bula optó por una colaboración total, contando con que se le sumará el delito de tráfico de influencias.
La idea es buscar una pena negociada de 5,5 años y un principio de oportunidad por el último de los delitos, sin pena y con suspensión de la acción penal por un año.
Luis F. Andrade
Exdirector de la ANI
Es uno de los únicos implicados que aún defiende su inocencia. Acusado por la Fiscalía de alterar los registros de entrada a la entidad del senador Bernardo Elías, señalado de encabezar el lobby de Odebrecht para la aprobación del otrosí Ocaña-Gamarra.
La Fiscalía le imputó delitos de interés indebido en la celebración de contratos, destrucción de material probatorio y falso testimonio, en los presuntos hechos irregulares que se dieron con los contratos de la Ruta del Sol 2.
A su juicio, la Fiscalía está malinterpretando su actuación que, según dijo él mismo, “solo buscó ahorrarle recursos al Estado” pues realizar Ocaña-Gamarra por aparte, le costaría al Estado $3,6 billones más que no se tenían.
Roberto Prieto
Campaña Santos 2014
Su estrategia parece ser no presentarse ante las autoridades. La lentitud en su investigación llama la atención, pues es quien puede testificar sobre el ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña Santos 2010. Las declaraciones de otros involucrados han ido hundiendo cada vez más a Prieto, quien fue gerente de esa campaña. No ha sido llamado a la imputación de cargos por delito de fraude procesal, aunque la Fiscalía hizo el anuncio desde abril, cuando admitió la entrada a esa campaña de 400 mil dólares, pero desde entonces ha guardado silencio. No asistió a tres citatorios de la Comisión de Acusación de la Cámara. La Fiscalía habla de la entrada de un millón de dólares y ha sido vinculado al otrosí Ocaña-Gamarra.
Cecilia Álvarez y Gina Parody
Las exministras de Educación y Transporte, respectivamente, han sido esquivas a los llamados de la Fiscalía a responder por su actuación en los cuestionados contratos que ganó Odebrecht. El sábado 7 de octubre, se presentaron en completa reserva ante el ente acusador, que ahora deberá definir si hay méritos para vincularlas formalmente en el escándalo.
Álvarez está acusada de avalar como ministra de Transporte el polémico Conpes que dio viabilidad a la vía Ocaña-Gamarra, una construcción que beneficiaría los intereses de la familia de Parody, que tienen propiedades cercanas a esta ruta.
Por su condición de pareja, distintos juristas consideran que Álvarez debió declarar un conflicto de intereses.
Juan Manuel Santos
Presidente
Aunque la Fiscalía sorprendió al anunciar el “comprobado” ingreso de dinero de la multinacional constructora Odebrecht a la campaña presidencial de Santos de 2010, esta investigación se ha quedado congelada luego de que el ente acusador compulsara copias al Consejo Nacional Electoral donde hasta el momento no se ha registrado ningún avance.
Ante esta ausencia de indagaciones en el CNE, el expresidente Andrés Pastrana fue el miércoles de la semana pasada a pedir que el proceso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que Santos sea judicializado por supuesta indignidad política y le sea retirado el fuero de mandatario Nacional.
Dinero por fallos en la Corte Suprema de Justicia
Gustavo Moreno,
exfiscal anticorrupción
Es el eje sobre el que ha girado el escándalo de corrupción en la Justicia. Ese ventilador ya se prendió. Según publicó El Espectador, declaró contra nuevos implicados Mauricio Lizcano, Julio Gallardo, Argenis Velásquez y Nilton Córdoba; los exgobernadores Juan Carlos Abadía y Lucas Gnecco; el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz y el exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro.
Solicitado en extradición a Estados Unidos por el delito de lavado de áctivos. Aún está por aprobarse su acuerdo con la justicia, pero por sus declaraciones y el perfil de los que acusa fue trasladado a una guarnición militar por su seguridad.
Alejandro Lyons
exgobernador
El exgobernador de Córdoba, acusado de corrupción multimillonaria en su departamento, terminó siendo testigo clave del proceso de corrupción en la Corte y protegido por Estados Unidos en el proceso por lavado de activos contra Gustavo Moreno y que podría llegar a tocar a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.
Le aprobaron un preacuerdo por dos de los tres delitos de los que lo acusan, pagará 5 años de cárcel y devolverá 4.000 millones de pesos, solo cuando finalice su colaboración con la DEA.
Fue el primero en contar que Gustavo Moreno le cobraba por favores judiciales usando la Corte y luego reveló que Musa Besaile pagó su “extorsión” con dineros del saqueo de Córdoba.
Musa Besaile
Senador
Fracasó su estrategia de pasar de pagar sobornos, a presentarse como víctima de extorsión. Le fue dictada medida de aseguramiento por la Corte Suprema por los delitos de peculado por apropiación y cohecho, en el marco de las investigaciones contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y los hechos de corrupción en la Corte.
Según el alto tribunal, habría incurrido en actos de corrupción al entregarle 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción y entonces abogado Gustavo Moreno para alterar la investigación en su contra por parapolítica.
Además, Lyons aseguró que 600 millones de esos 2.000 salieron del saqueo a las regalías en Córdoba.
Presentará un recurso contra su encarcelamiento.
Francisco Ricaurte
exmagistrado
El pasado 22 de septiembre se convirtió en el primer presidente de la Corte Suprema en ir a la cárcel. Desde que se conoció la imputación de cuatro delitos relacionados a la alteración de fallos judiciales, ha asegurado que no existen pruebas sólidas en su contra más allá de declaraciones de testigos.
Ricaurte acusa a Gustavo Moreno de mentirle a la justicia sobre la forma como usó a los magistrados como arma para cobrarles a personas en juicio en la Corte.
A pesar de tener fuero de magistrado, la Comisión de Acusación decretó que su actuación ocurrió cuando no ostentaba esta dignidad y por eso su caso fue tomado por la Fiscalía. Desde allí se le acusó de montar una red de favores en el alto tribunal.
Leonardo Pinilla
abogado
Socio de Gustavo Moreno, tiene un juicio en su contra en Estados Unidos por lavado de activos por el cobro de dinero a Alejandro Lyons para alterar un proceso en Colombia, conversación que fue grabada por la DEA.
A diferencia de su exsocio, Pinilla se declaró inocente de los cargos de la Fiscalía y pidió su extradición.
Sin embargo, nuevas acusaciones se podrían venir en su contra.
La Fiscalía encontró que el abogado habría recibido dinero actuando de intermediario entre el fiscal del caso del cartel de la hemofilia en Córdoba, Daniel Fernando Díaz, y el exsecretario de salud del departamento José Pareja para manipular las investigaciones sobre este desfalco de $50 mil millones.
Gustavo Malo
magistrado
El togado de la Sala de Casación de la Corte Suprema tenía el caso de parapolítica contra Musa Besaile cuando ocurrió el soborno a Gustavo Moreno.
Aunque se atornilló a su puesto por casi un mes, después de mucha presión decidió tomarse una licencia de dos meses para atender las acusaciones en su contra.
Se declaró inocente ante la Comisión de Acusación de la Cámara, que lo acusaría de siete cargos por corrupción.
En las declaraciones de Moreno, ha señalado que Malo conocía todas las actividades irregulares que realizaba el magistrado Ricaurte.
Aparte, aparece en la acusación de una fiscal a su hija, Yara, que le habría exigido dinero a cambio de no usar sus influencias en su contra.
