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sesiones especiales sobre el problema de drogas ha hecho la ONU en su historia.
2019
es el año en que vence el plazo para cumplir metas antidrogas de la ONU.
La primera vez que la ONU convocó a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General (Ungass) para discutir el asunto de las drogas, en 1990, Colombia estaba sumida en una guerra interna contra los temibles carteles del narcotráfico.
En la segunda cita, en 1998, el país enfrentaba a unas Auc metidas de lleno en el negocio, a las Farc fortalecidas y con gran expansión territorial, y a una nueva generación de narcos, en cabeza del cartel del Norte del Valle.
En ese par de oportunidades, la postura colombiana era más punitiva contra el fenómeno y quienes lo practicaban, reclamando a las demás naciones un compromiso semejante en el castigo y la lucha contra el narcotráfico.
Ahora, cuando en Nueva York se celebra la tercera Ungass sobre “el problema mundial de las drogas”, la propuesta de Colombia dio un viraje. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, nuestro país “tiene la autoridad moral para decir con total convicción que ha llegado el momento de que el mundo adopte un nuevo enfoque en su política de control de drogas”.
El plan de hoy parte no solo del cambio en la postura del Gobierno, sino en un consenso logrado en reuniones previas a nivel internacional, con el propósito de llegar a la Asamblea de la ONU con un proyecto en bloque, sustentado en cuatro pilares:
1). Incorporar a las políticas antidrogas una perspectiva de derechos humanos, para preservar el bienestar social, acabar la estigmatización a los consumidores y abolir la pena de muerte que algunas naciones aplican a los narcos.
2). Procurar la autonomía de los gobiernos y la flexibilidad en la aplicación de las normas establecidas en las convenciones de control de drogas de la ONU, con el propósito de adoptar leyes más acordes “a las condiciones y retos locales”, indicó Santos.
3). Hacer la transición de la postura meramente represiva, a una enfocada en la prevención y el abordaje del fenómeno como un problema de salud pública, con mejores herramientas para la resocialización de consumidores. Esto incluye penas diferentes a la cárcel y alternativas económicas para los campesinos y pequeños cultivadores.
4). Redoblar esfuerzos y la cooperación contra el crimen organizado transnacional.
Factores en contra
Uno de los factores que juegan en contra de la propuesta colombiana, es su propia realidad. El narcotráfico, que venía a la baja desde 2001, se disparó en los últimos dos años, volviendo a ubicar al país en el primer lugar entre cultivadores y exportadores de cocaína.
Según el último monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (Onudc), entre 2013 y 2014 las hectáreas cultivadas pasaron de 48.000 a 69.000 (44 por ciento más). El panorama empeoró con el informe del Departamento de Estado de EE.UU., publicado el pasado marzo, según el cual los cultivos llegaron copar 159.000 hectáreas en 2015, algo que no se veía hace una década.
Entre las causas están una reducción en los resultados de la erradicación manual; la suspensión del uso de glifosato; el aumento de las ganancias para los narcos, por el incremento del precio del dólar; y el acuerdo de desarrollo agrario firmado con las Farc, que contempla subsidios para los cultivadores de coca, lo que incentivó la producción.
Uno de los detractores de los métodos oficiales para aplacar el narcotráfico es el procurador general Alejandro Ordóñez, quien viajó a EE.UU. al mismo tiempo que los delegados del Palacio de Nariño iban para el Ungass.
En un foro académico en Miami, Ordóñez dijo: “las Farc harán política financiadas con dinero del narcotráfico (...). Al narcotráfico, en estas negociaciones, le han hecho todas las concesiones, ni siquiera en la época de Pablo Escobar se había visto esto. El Gobierno acabó la extradición para los capos del más grande cartel del narcotráfico, las Farc”.
Otros inconvenientes ligados a la propuesta antidrogas del Gobierno fueron reconocidos por la Cancillería, en un reporte sobre las reuniones previas al Ungass (en las que participaron 30 países), con el objetivo de presentar un informe unificado a la ONU sobre la problemática, el cual estuvo listo el 23 de marzo.
“En el documento no fue posible incluir ninguna mención a la pena de muerte. Tampoco fue posible que se acogiera por todos la descriminalización del consumo, pese a que las Convenciones de Drogas no obligan a que así sea”, redactó la Cancillería.
Posturas a favor
Los principales aliados de Colombia en el tema son Guatemala y México. Esta triada fue la que propuso (desde 2012), que la ONU realizara un debate global.
En su intervención de ayer, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, lanzó propuestas similares a las colombianas y aseveró que debe refrendarse “el principio de responsabilidad común y compartida, con cooperación más efectiva. Ningún país puede hacer frente por sí solo al problema de las drogas, es un asunto globalizado”.
Para Santos, la dinámica que ha tomado el proceso de paz con la guerrilla es esperanzadora de cara a este asunto, y es bien conocido que la mesa de La Habana cuenta con el apoyo de EE.UU., Europa y la ONU. “Las Farc pasarán de ser uno de los obstáculos para la acción del Estado contra las drogas, a un aliado en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, desminado y la identificación de centros de producción y rutas de transporte. Este es un cambio en las reglas del juego a favor del Estado”, indicó.
Los objetivos de la ONU para el 2019, según su Declaración Política de 2009, son “eliminar o reducir considerablemente”: los cultivos ilícitos, la demandas de drogas con sus riesgos sociales, la producción y comercialización de estupefacientes, el tráfico de precursores químicos y el lavado de activos relacionado.
¿Qué país ha logrado ese propósito? Ninguno.
Sea cual sea la conclusión del Ungass, es claro que debe cambiar la política mundial antidrogas, pues la victoria en la guerra contra ese flagelo parece lejana.
