Colombia es el segundo país de la región con más casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que comprende la Comisión y la Corte, sin embargo y tal vez por eso, ha sido una relación de amores y odios.
La últimas medidas cautelares de la CIDH más recordadas en el país fueron las otorgadas a las comunidades wayuú, cuyos niños mueren de hambre y sed en La Guajira y las de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, cuando fue destituido por la Procuraduría.
Pero además de las medidas cautelares, que ya suman 86 desde el 2006, la Comisión entrega recomendaciones a los estados para que protejan o indemnicen a la persona demandante si ya es imposible restituir el derecho. Casi nunca Colombia cumple con esos consejos.
Ricardo Asturio Gil Barrera, docente de Derecho Internacional de la Universidad de Medellín, explicó que casi todos los estados esperan a que sea la CorteIDH, que es la segunda instancia del Sistema, la que dicte una sentencia definitiva, y que Colombia no es la excepción.
El profesor aseguró que en parte esta es una estrategia para que la indemnización tenga que pagarla el gobierno siguiente, pero también se da porque “siempre se ha discutido si la CIDH en realidad cumple un papel importante”. Una figura como la de la Comisión no existe en los otros sistemas de protección de Derechos Humanos, “en el sistema europeo no existe una comisión sino directamente el Tribunal de DD.HH.”, señaló Gil Barrera.
No obstante aclaró que en los últimos 20 años Colombia ha cumplido con las medidas cautelares.
Ayer, cuando se inuguraron las 167° sesiones de la CIDH en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “el Estado colombiano está comprometido con la labor del Sistema Interamericano, una de las conquistas jurídicas más importantes del siglo XX”, y agregó que el Gobierno ve en este organismo “un garante de las libertades y de la democracia, un motor de desarrollo y un antídoto frente a la injusticia”.
