Iniciar cuanto antes un proceso de tránsito hacia otro u otros consorcios, pero finalizar, en el mediano plazo, las obras que tiene a cargo la firma Obredecht. Estas son, según expertos, las dos acciones que debe emprender cuanto antes el Gobierno, luego de la primera captura por el pago de coimas.
Es un trámite que va a generar algunas demoras, dice Ricardo Bonilla, docente de Economía de la Universidad Nacional, pero que no se puede caer en el problema constante de la infraestructura colombiana: la parálisis total ante cualquier inconveniente.
“Debe ocurrir algo parecido a lo de la calle 26 en Bogotá. Estaba a cargo de un cartel de la contratación, en el que estaban incluidos los hermanos Nule, y al final la obra fue concluida por otros operadores”, agregó Bonilla.
A diferencia del Derecho Privado, el Derecho Público faculta al Estado para que de manera inmediata y unilateral cancele un contrato cuando se demuestra que se celebró contra una prohibición legal. Así lo consagran los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).
En este caso, explica Ernesto Matallana, docente de Derecho Público de la Universidad Externado, con lo revelado por la Fiscalía se supone que Obredecht no participó en igualdad de condiciones, porque pagó comisiones para que le asignaran los contratos.
“Por lo que salió a la luz pública, el contrato fue obtenido en un fraude a la competencia, y eso no tiene nada que ver con que se ejecute bien o mal el contrato. El Estado tiene la posibilidad de esperar una sentencia que reconozca ese soborno, pero no sabemos cuánto tarde todo eso, pues la empresa podría interponer otra serie recursos”.
Matallana agrega que los abogados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberían considerar la posibilidad de calificar esta conducta como un objeto ilícito, porque hay un fraude a las normas de contratación estatal y el Derecho Público, que supone una competencia sana.
El Estado estudia acciones
El Gobierno conformó una comisión integrada por la ANI, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Secretaría General de Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Su objetivo es analizar con expertos en Penal y Administrativo cuáles son los pasos a seguir con este contratista en el proyecto Ruta del Sol y demás obras.
Así lo confirmó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. “Estamos estudiando para no dar un paso mal dado, y que luego nos demanden. Lo último que quiere tener el Estado es un contratista sub júdice, y que tenga problemas de corrupción. El Gobierno seguirá cooperando con la Fiscalía General”.
El funcionario agregó que el Ejecutivo recibió de muy buena manera los avances “ejemplarizantes” de la Fiscalía para esclarecer este caso. “Queremos, pronto, los nombre de las otras personas que están en entredicho”.
¿Y de la plata qué?
La captura del exviceministro Gabriel García es apenas el inicio de este nuevo escándalo de corrupción. Ayer rindió interrogatorio y dio su versión sobre el contrato para el tramo dos de la Ruta del Sol, firmado entre Odebrecht y el INCO en 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El exfuncionario podría llegar a un acuerdo con la Fiscalía para cooperar con la justicia y denunciar a otras personas que también pudieron recibir parte de esos 6,5 millones de dólares de comisión.
El ministro Rojas afirmó que el papel de la Fiscalía ahora es recuperar los 11 millones de dólares que según Obredecht fueron entregados a funcionarios colombianos. “Los implicados en sobornos deben devolver esos recursos al Estado”.
La Fiscalía o el juez a cargo, en concepto de Matallana, deberán hacer el ejercicio de buscar una valoración de los perjuicios, y sobre esa base la sentencia que se profiera en el momento del juicio, debe hablar del pago o retorno a la hacienda pública.
“Falta parte de la verdad”
Para Santiago Castro, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda, más preocupante que lo que ocurre con la constructora brasileña, es pensar que se podrían presentar chivos expiatorios y que no se conozca toda la verdad.
“Si hay suficientes pruebas para demostrar que García recibió un soborno por 6,5 millones de dólares, debe caer sobre él todo el peso de la ley; pero llama la atención que aún no se conozca quién fue el destinatario de los otros 4,5 millones de dólares en el gobierno de Juan M. Santos. ¿Un soborno por ese monto a un solo viceministro?”.
Si bien García no está condenado y la Fiscalía apenas prepara la imputación de cargos por cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, para Castro las declaraciones del expresidente Uribe dan a entender que él tiene información que de alguna manera soporta que, en efecto, su exviceministro recibió el dinero.
El Gobierno confirmó un equipo interdisciplinario para estudiar los pasos a seguir en el caso Odebrecht. Según expertos el Estado debe cancelar contratos y buscar nuevos operadores.
