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Contraloría descubrió “cartel de los enfermos mentales”
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Foto de archivo. CRÉDITO Donaldo Zuluaga
14 de diciembre de 2016
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Cinco Empresas Prestadoras de Salud (EPS) de Sucre estarían involucradas en la creación de “médicos y pacientes de papel”, con el fin de cobrar los pagos correspondientes a tratamientos que nunca se realizaron y hospitalizaciones que jamás se ordenaron.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, la gobernación de Sucre realizó en el año 2015 pagos de hospitalización y tratamiento de supuestos enfermos mentales por $3.173 millones, utilizando recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a la Población Pobre No Asegurada (PPNA).
El hallazgo de mayor cuantía de los encontrados por el organismo de control fiscal asciende a $2.155 millones y corresponde a la facturación que se cobró a nombre de un médico especialista en psiquiatría de Bogotá, para lo cual se habrían utilizado documentos y firmas presuntamente falsas.
Los pagos habrían sido realizados por concepto de prestación del servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, concretamente con patología de drogodependencia. Sin embargo, al entrevistar a un médico egresado de la Universidad Javeriana se comprobó que aunque él había firmado un contrato para visitar las IPS, él nunca fue, no lo volvieron a llamar, no realizaron ningún pago a su nombre y no contestaron sus llamadas ni correos electrónicos para aclarar la situación.
Por lo tanto, aseguró, nunca atendió pacientes y mucho menos autorizó hospitalizaciones, como se indica en las historias clínicas de cada una de las facturas de los pacientes donde aparece supuestamente su firma y sello.
“La firma no corresponde a la mía, firmo totalmente diferente, eso es un garabato que hicieron intentando falsificar mi firma; el sello que utilizan las historias clínicas no corresponde al mío, siempre uso el mismo sello desde hace muchísimos años”, aseguró el especialista.
De igual forma, manifestó que desconoce el motivo de la falsificación: “creo que con esto están cobrando a nombre mío en el departamento de Sucre, donde yo jamás he visto un paciente”.
“Es el colmo, espero que las investigaciones en este caso lleguen a las últimas consecuencias, porque se está jugando no solo con el nombre y el prestigio de los especialistas que de manera ingenua asistimos a este tipo de trabajos, sino también con los recursos de la salud, que son recursos sagrados”, agregó.
Adicionalmente, el líder del Programa de Auditoría de la Secretaria de Salud Departamental aseveró que la firma empleada para autorizar la prestación de servicio no corresponde a la suya.
Una situación similar sucede con el pago que hizo la gobernación de Sucre a otra clínica por poco más de $32 millones, también por concepto de prestación de servicio de internación y atención de pacientes con trastornos mentales, ordenados por la Secretaría de Salud Departamental, supuestamente por solicitud de otro médico especialista en psiquiatría general, esta vez de Montería.
Al igual que su colega mencionado anteriormente, este psiquiatra certificó ante la Contraloría que la firma que aparece en los documentos clínicos que soportan las facturas entregadas por la administración departamental no es la suya y que fue falsificada.
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