Corte revisará proyecto de ley de las madres del ICBF

  • El sindicato mas grande de las madres comunitarias anunció un paro nacional para la próxima semana. FOTO colprensa
    El sindicato mas grande de las madres comunitarias anunció un paro nacional para la próxima semana. FOTO colprensa
Publicado el 28 de enero de 2017

El sueño de 55.000 madres comunitarias del ICBF de ser empleadas oficiales del Estado no está enterrado. Si bien el Gobierno objetó el proyecto de ley aprobado por el Congreso, que pretendía formalizarlas, la Corte Constitucional decidirá si son argumentos válidos.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, le dijo a EL COLOMBIANO que revisarán cada una de las objeciones y las que sean por inconveniencia serán votadas de nuevo en el Congreso; pero si hay elementos de inconstitucionalidad, como lo anunció el Gobierno en un comunicado, lo asumiría la Corte Constitucional.

“De esta manera se podría llegar a un punto medio. Solo conocemos el comunicado, no nos ha llegado el documento con la argumentación completa a la objeción presentada por el Gobierno. Nos gusta la iniciativa, y por eso la aprobamos”, agregó Lizcano.

Para Marcel Silva, docente de Derecho Laboral de la Universidad Nacional, no existe tal punto intermedio, porque el presidente está alegando la estabilidad fiscal, pues no habrían los recursos suficientes para poderlas vincular.

“El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución de 1991 bajo el principio de primacía de la realidad sobre la forma. Si hay una relación de trabajo, subordinada, sujeta a requisitos, se da la vinculación de tipo laboral. Es muy difícil encontrar una alternativa diferente, y por eso la Corte Constitucional decidirá quien tiene la razón, si el Gobierno o el Congreso, si este último rechaza las objeciones”, explicó Silva.

¿Habría desigualdad?

La sanción presidencial de este proyecto de ley podría generarle demandas al Estado invocando igualdad, puesto que muchas otras personas que le prestan servicios, como las que administran los comedores infantiles, podrían pedir los mismos beneficios que la madres comunitarias del ICBF.

Así lo manifestó Marcela Roa, asesora laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo. Agregó que con esta decisión las madres comunitarias se ven afectadas y solo les queda acudir a la jurisdicción laboral para pedir el reconocimiento de sus derechos, una vez demuestren la relación laboral. Así lo determinó la Sentencia de la Corte Constitucional el año pasado. Este procedimiento implicaría acudir a un abogado.

“Esta cantidad de procedimientos aumentarían la crisis de la justicia por congestión. Por eso la importancia del proyecto de ley objetado traía una solución general”, enfatizó Roa.

¿Abuso legislativo?

Sobre si el Congreso se sobrelimitó en la concesión de beneficios adicionales para uno de los sectores informales que tiene relación laboral con el Estado, Camilo Piedrahíta, decano de Derecho de la Universidad Eafit, consideró que el instrumento fue excesivo.

“Desde que las madres comunitarias accedan a los servicios de seguridad social, a beneficios económicos periódicos, y a cualquier tipo de formación o educación transversal para todos los empleados del Estado, es suficiente y no habría por qué darles un tratamiento distinto”.

No obstante Piedrahíta aseveró que no se puede negar la existencia de la relación laboral que tienen ellas con el Estado, pues la jurisprudencia así lo ha establecido.

Anuncian paro

Como rechazo a la decisión presidencial las más de 60 mil madres comunitarias del país entrarían en cese de actividades a partir de la otra semana. Así lo confirmó Olinda García, presidenta del sindicado de las madres comunitarias. “El ICBF contrata con unas ONG y no las obliga a responsabilizarse de la seguridad social. Queremos una solución real”.

Contexto de la Noticia

OPINIóN contradicciones del gobierno

Camilo Piedrahita
Decano de Derecho U. Eafit
No podemos decir que porque los derechos cuestan no los vamos a otorgar. Ese es el principal argumento del Gobierno, pero esa es una doctrina muy superada en los estados sociales de Derecho. En el proceso de paz con las Farc el Gobierno dijo que así cueste, la plata tiene que salir de algún lado y por eso tendrá que garantizar educación y posibilidades de empleo a las personas que se desvinculan de los grupos armados. Este Gobierno ha sido duro en perseguir la informalidad, la tercerización laboral, y ahora no puede mandar un mensaje contradictorio.
Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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