¿Por qué la Corte Suprema dio la orden de investigar a Álvaro Uribe?

  • Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente. FOTO COLPRENSA
    Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente. FOTO COLPRENSA
COLPRENSA | Publicado el 17 de febrero de 2018

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al expresidente y senado Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también congresista Iván Cepeda.

Así lo indicó la Sala de Instrucción II de la Sala Penal en el auto en el que decidió no investigar a Cepeda, luego que Uribe Vélez lo denunciara por considerar que el dirigente del Polo estaba buscando testigos falsos que los relacionaran con grupos paramilitares.

“A la Secretaría de la Sala con copia de la actuación reservada a efectos de que se investigue la presunta participación del doctor Álvaro Uribe Vélez en la manipulación de testigos”, dice el documento de 220 páginas.

La Corte examinó los siete testimonios que Uribe Vélez cuestionaba y encontró que Cepeda no participó en ninguna estrategia pero que, en cambio, se encontraron pruebas de que los testigos fueron manipulados o amenazados para favorecer a otras personas.

Se trata de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron a Álvaro y a Santiago Uribe Vélez, así como a Juan Guillermo Villegas Uribe y a Santiago Gallón de serlos supuestos fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas y de dos masacres.

“Se demostró que el doctor Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Uribe Vélez, su hermano Santiago y otras personas, ya que, como se verá, en primer lugar actuó dentro del marco constitucional y legal”, dice el auto.

Igualmente, señala la Corte que “las llamadas mencionadas dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot (...) para desprestigiar su labor legislativa y de paso las entrevistas lícitamente recogidas en ejercicio de sus funciones”.

En rueda de prensa, el senador Cepeda hizo un llamado al senador Uribe Vélez “a que asuma su responsabilidad y le cuente la verdad al país acerca de los hechos que de la sentencia de la Corte se desprenden con pruebas fehacientes”.

Cepeda indicó que este auto es la primera decisión que alertaría de la presunta comisión de delitos en flagrancia del senador Uribe Vélez y que este, al parecer, aparecería interfiriendo en la labor investigativa de la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía.

Los testigos

Pablo Hernán Sierra señaló la existencia de supuestos vínculos con las AUC de Uribe Vélez y la realización de una subasta ganadera el 9 de febrero de 2002, para apoyar la campaña de este a la Presidencia organizada por el y Hernando Montes. Igualmente, ha sido testigo en el caso de Lusi Alfredo Ramos y Oscar Suárez Mira por la realización de una reunión en una finca de Albeiro Quintero en una finca en Bello.

En este caso, la Corte dijo que Sierra ha ratificado esos señalamientos ante la justicia y que aceptó entrevistarse con Cepeda Castro de manera voluntaria, sin petición de dinero, “para contarle la verdad al país”. Igualmente, la Corte señaló que este ha dicho en el proceso contra Santiago Uribe que la hacienda ‘Guacharacas’ fue la base de operaciones del Bloque Metro. Además, reseñó que aunque este fue denunciador por Uribe Vélez por falso testimonio, Sierra fue absuelto por la justicia.

“Lo anterior obliga a concluir que las declaraciones de Pablo Hernán Sierra a la Fiscalía en las diferentes investigaciones en donde ha respondido a interrogatorios (...) claramente no hacen parte de un plan criminal gestado entre él y el doctor Cepeda Castro”, dice el auto.

En el caso de Juan Guillermo Monsalve, la Corte señaló que fue el mismo preso quien solicitó la intervención de Cepeda, pues recibió amenazas luego que se hiciera público lo que Sierra le había dicho a Cepeda, ya que este lo mencionaba como testigo de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la finca de propiedad de los hermanos Uribe Vélez.

Monsalve dijo que estuvo vinculado por 8 años en dicha hacienda, señaló que de “ahí salían las órdenes para muchas cosas”, como masacres y que hubo reuniones con paramilitares para ayudar en la campaña presidencial de Uribe Vélez. Igualmente, hizo referencia a un robo de 600 cabezas de ganado por parte de Darío Gigante del Eln. Lo que suscitó un incendio en la propiedad.

“Cuando Monsalve se entrevistó con el doctor Cepeda Castro, no obstante las amenazas, estaba decidido a contar su verdad y, por ello, antes de buscar al congresista, directamente y por intermedio de su abogada se contactó con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, que documentaba el Bloque Metro, sin obtener la receptividad que esperaba”, dice la Corte.

En el caso de Ramiro de Jesús Henao, alias ‘Simón’, y de Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, quienes acusaron a Cepeda de haberles pedido hablar contra Uribe Vélez y quienes declararon en el juicio a Luis Alfredo Ramos, la Corte indicó que realmente pretendieron distorsionar lo que pasó. De hecho, la Corte resaltó cómo en el juicio a Ramos, la defensa de este, que en ese momento llevaba el abogado Gustavo Moreno, se apuró porque se mencionara a Cepeda.

“Fue claro el esfuerzo por obtener de los testigos la afirmación en el sentido de que el doctor Iván Cepeda Castro les ofreció beneficios jurídicos y asilo político para que declararan en su contra, lo que finalmente no se logró porque los testigos no pudieron enfrentar las preguntas del magistrado ponente”, asegura la Corte.

La Corte igualmente señaló que sí hubo una relación entre Wilser Molina y el expresidente Uribe, quien gestionó entrevistas con Henao y Muñoz de las cuales supuestamente salió la información de las supuestas presiones que Cepeda estaba haciéndoles.

“Las llamadas (...) que el sistema Esperanza grabó con la voz del doctor Álvaro Uribe fueron las originadas por él desde su número privado para tratar el tema de los testigos que le hacen señalamientos y la urgencia de buscar mecanismos para neutralizarlos”, dice la Corte en el auto.

Las interceptaciones a Uribe

Una de las llamadas interceptadas por la Corte a Uribe Vélez da cuenta de una conversación con Juan Guillermo Villegas el 22 de diciembre de 2015, después de un encuentro personal en octubre que había sido pactado por teléfono.

Villegas es una persona que estuvo pendiente de la declaración que tenía que dar a la Corte Oscar Antonio Monsalve Correa en el marco de este proceso el 24 de marzo de ese año, día en que el sistema no grabó las conversaciones de las llamadas que recibió, cosa que se ordenó investigar y que al parecer les habría dicho que decir en la declaración.

En la conversación de ese día, a las 8 de la noche Uribe dice: “las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero o lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que interceptado el teléfono. Ósea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. Luego, dice que al día siguiente iba hacer escándalo en Twitter, como en efecto sucedió.

Sobre las conversaciones sostenidas el 21 de octubre de 2015 entre Uribe y Villegas, la Corte dice que “discurren con mucha cautela a la hora de referirse al tema de los testigos, y ello es así, por la forma cifrada en que desarrollan la conversación, la incomodidad para referirlo y la pausa que se toman para seleccionar con tino y discreción cada palabra relacionada”.

Otras decisiones

La Sala de Instrucción igualmente solicitó al magistrado de la propia Sala Penal que lleva a cabo otra investigación en contra de Uribe Vélez, que rinda un informe al respecto para explicar el estado de la actuación, ya que está a despacho desde diciembre de 2014 sin que se hayan tomado decisiones al respecto.

Se trata de una denuncia presentada por Jesús María Valle Jaramillo por presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la Masacre en el corregimiento de La Granja en 1996; la que se suma una denuncia presentada por Cepeda y las entrevistas que se han tomado a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

Igualmente, la Corte ordenó al Inpec proteger a Sierra García, Monsalve y a Carlos Enrique Areiza Arango, quienes han manifestado preocupaciones por su seguridad y se ordenó evaluar el riesgo de sus familiares.

La Corte igualmente compulsó copias a la Fiscalía de toda la actuación, así varias declaraciones rendidas en el proceso para que se investigue porque entre el 24 y el 30 de marzo el sistema de interceptaciones no grabó, la filtración al expresidente Uribe de información reservada, el presunto falso testimonio en el que habrían incurrido Ramiro Henao Aguilar, Gabriel Muñoz, Pedro Benavides, Wilser Molina, Mario Humberto Jiménez y John Granja.

Además, se puede de investigar la presunta manipulación de testigos que habrían hecho Juan Guillermo Villeas, Humberto Gómez y Wilser Molina.

La Corte ordenó investigar el presunto delito de trashumancia cometido por Wilser Molina en su elección a la alcaldía de Amagá, según informaciones obtenidas en las interceptaciones; así como el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el testigo Carlos Enrique Areiza; y la actuación al parecer irregular del Fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín.

Finalmente, ordenó enviar copia de este expediente a los proceso de Luis Alfredo Ramos y al de Santiago Uribe Vélez.

La reacción de Uribe Vélez

Por su parte, en un comunicado, Uribe Vélez reprochó que hayan ordenado investigarlo.

“A pesar de las pruebas aportadas, la Corte decide inhibirse bajo el peregrino argumento que las actuaciones del Senador Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara. Y ordenan investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes. La Corte nunca me ha escuchado sobre el tema”, señaló.

Uribe Vélez agregó que procedió de manera correcta y que “nunca he hablado con los declarantes, la Corte debería publicar las llamadas con el abogado, que me interceptó, para que la ciudadanía examine si cometí delito alguno”.

El abogado Jaime Granados aseguró que se interpondrá un recurso de reposición en contra de esta decisión.

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