Críticas a la JEP son sanas en una democracia: Gil

  • Enrique Gil Botero hace un balance, antes de terminar el gobierno, sobre la Justicia Especial para la Paz aprobada en el Congreso y sobre el hacinamiento carcelario. FOTO Manuel saldariaga
    Enrique Gil Botero hace un balance, antes de terminar el gobierno, sobre la Justicia Especial para la Paz aprobada en el Congreso y sobre el hacinamiento carcelario. FOTO Manuel saldariaga
Por Olga Patricia Rendón M. | Publicado el 09 de julio de 2018
en definitiva

El saliente Gobierno no pudo aprobar el sistema de Justicia Especial para la Paz como quería, se le hicieron modificaciones. Sin embargo, espera que funcione bien en su aplicación.

Después de lograr la aprobación en el Congreso de las tres leyes y reformas necesarias para dar vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, el gobierno de Juan Manuel Santos deja marchando la columna vertebral del Acuerdo de Paz, lo que para el ministro Enrique Gil Botero es una victoria.

EL COLOMBIANO habló con el funcionario, días antes de cerrar el Gobierno para hacer un balance de su cartera.

La ley de procedimiento de la JEP fue aprobada con dos graves observaciones desde el Ejecutivo, ¿cómo ve usted esos artículos y cuál va a ser la movida del Gobierno?

“El Centro Democrático llevó muchas proposiciones al Congreso de las cuales el Gobierno aprobó 24, pequeños ajustes que depuraban la construcción normativa, pero hubo dos artículos que fueron muy polémicos. Uno tiene que ver con que la JEP no pudiera practicar pruebas para determinar si los hechos ocurrieron antes o después al 1° de diciembre de 2016 en casos de extradición, esta norma es completamente inconstitucional porque ¿cómo va a hacer la JEP para comprobar la fecha si no es a través de la prueba? El segundo artículo se refiere a la creación de una sala especial para juzgar a los militares, lo que se sale de toda lógica porque rompe la simetría para juzgar a militares y excombatientes que es uno de los principios, está yendo contra el Acuerdo y la Constitución misma, el derecho internacional no lo ve con buenos ojos. Esas normas están condenadas al fracaso. Sin embargo, el presidente va a sancionar la ley, el Gobierno no puede darse el lujo de objetarla, necesitamos la ley, aunque sea mala, para que pueda aplicarse el derecho sustantivo. Lo que sin duda va a ocurrir es que esas dos normas van a ser demandadas por acción de inconstitucionalidad, cualquier ciudadano interesado en el orden jurídico podrá hacerlo”.

En la Corte está la ley estatutaria de la JEP, ¿qué espera el Gobierno sobre las inhabilidades de los magistrados?

“Lo que se espera es que se defina en el orden de declarar la exequibilidad de toda la ley. Tenemos la confianza en que ha sido una discusión muy juiciosa en el Congreso. Las inhabilidades para quienes hayan representado demandas contra el Estado son inconstitucionales, lo ejemplifico así: yo fui la persona que más demandó al Estado, y así me nombraron consejero de Estado, sería una limitación muy fea que una persona por ejercer la función de defensor de los derechos humanos tenga una censura”.

La JEP empezó llena de críticas ¿cómo ve el inicio de esa nueva justicia?

“Crear cualquier institucionalidad genera fricciones y roces, y más crear una jurisdicción como la JEP, que corresponde a un modelo de justicia transicional con un esquema novedoso. Es sano dentro de una democracia que se haya cuestionado y debatido. Se hizo una crítica porque hubo gastos de 4 millones de dólares en funcionamiento, pero hasta ahora ni la Contraloría ni la Procuraduría han encontrado un juicio de responsabilidad. La JEP ha hecho cosas y yo fui el primero en salir a criticarlas, verbo y gracia, suspender la extradición de Santrich, tan pronto se conoció estábamos sacando un comunicado señalando que esa decisión no la compartíamos porque era equivocada y la Corte nos dio la razón. Frente a los permisos que dio la JEP a algunos excombatientes para ir de paseo al exterior, hicimos nuestra objeción y ya ha generado una respuesta de autocorrección. Estoy muy contento con la JEP, tengo esperanzas en que va a funcionar de manera excelente, está consolidándose y ajustándose”.

¿Cómo queda el hacinamiento carcelario?

“Empecé el 9 de marzo del año pasado y encontré un hacinamiento del 52 %, en este momento está en el 45,2 %. En el 2009 había 63.311 cupos, en el 2018 tenemos 79.172. En este último año entregamos un pabellón nuevo para 480 reclusos en la Cárcel de Bellavista, en El Espinal casi 800 cupos, en Ibagué un número similar, en Tulúa otro de 700; en dos meses estaremos entregando en Buga otro complejo terminado; ya está en ejecución la colonia agrícola de Yarumal, va a tener 1.400 cupos. Pero ¿por qué tenemos hacinamiento? Por culpa de los municipios y de los departamentos, porque el hacinamiento del Estado es de más de 40.000 detenidos que son sindicados, que son competencia de los municipios, el Inpec solo debe tener condenados. Lo importante es que ya empezaron a sensibilizar y hemos hecho convenios marco con Barranquilla, donde vamos a hacer una cárcel, ellos ponen 100.000 millones de pesos y nosotros 300.000 para hacer un complejo para imputados y condenados y asumirán la administración del lado de los imputados, y con Armenia se adjudicó el proyecto, ellos pusieron el lote para la construcción”.

Tenemos entendido que “Otoniel”, del Clan del Golfo, le ha hecho propuestas al Gobierno para su sometimiento, ¿es cierto?

“Enviaron mensajes en el sentido de que se querían someter al imperio de la ley, como consecuencia del cercamiento de la Fuerza Pública, frente a los golpes contra su esquema de mandos superiores. Tienen una ventaja: a las personas que se entregan se les aplican los mismos beneficios que el Código Penal tiene para quienes se allanan a los cargos, confiesan, entregan las armas, las rutas, los dineros mal habidos.”

Contexto de la Noticia

INFORME momento del Recuento del MinJusticia

· Entre 2010 y 2018 se pusieron en funcionamiento 44 casas de justicia y 19 centros de convivencia ciudadana. En total hay 109 de las primeras y 40 de los segundos.

· Se han formado 1.638 conciliadores en equidad, y se ha conciliado el 40% de los casos en centros de conciliación y en la Gran Conciliatón Nacional.

· Se crearon 8.500 cargos de descongestión en la Rama Judicial (5.491 permanentes), el presupuesto anual se amplió en 119%, al pasar de $1.861 millones en 2010 a $4.089 millones en 2018.

· Se han otorgado 100 licencias para el uso de cannabis medicinal (ocho para semillas para siembra, 38 para cultivo psicoactivo y 54 para cultivo no psicoactivo).

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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